La migración venezolana es una pieza que el gobierno colombiano utiliza a sus anchas en su búsqueda por ganar la opinión pública del país. Esto quedó confirmado con las palabras del presidente Iván Duque en su alocución del pasado 11 de septiembre, luego de los sucesos de violencia policial y protestas ocurridas en Bogotá y otras ciudades. Su asociación explícita entre la violencia que tuvo lugar y la necesidad de “deportar extranjeros” como respuesta en medio del afán por tomar el control de la situación, es una forma implícita de estigmatización, esta vez, institucionalizada.
Tal y como lo hicieron otros funcionarios del actual gobierno durante las movilizaciones ciudadanas de noviembre de 2019, el responsabilizar a los migrantes es percibido en las más altas instancias como una estrategia confiable para hablarle a la sociedad en medio de la agitación ciudadana. Al señalar un responsable y buscar unidad frente a un culpable, se busca conseguir apoyo rápido y masivo en un asunto de interés generalizado. Esto facilita, entre otras cosas, tomar medidas de control que en otros momentos serían injustificables.
Esto, además de falaz, tiene como objetivo sembrar una verdad oficial y un camino de acción frente al levantamiento ciudadano. Sin embargo, la gran cantidad de imágenes, audios y videos disponible en redes sociales gracias a ciudadanos y reporteros independientes da cuenta de que la participación de los migrantes es, como máximo, marginal. La evidencia refleja la debilidad de las acusaciones de sistematicidad, premeditación y participación de migrantes en los hechos de violencia.
Pero Duque decidió elevar el asunto en la agenda pública, al exponerlo de manera directa frente a las cámaras en directo. Específicamente, anunció que se harán los “trabajos necesarios desde el punto de vista migratorio para hacer materializar (sic) todas las deportaciones que sean necesarias donde (sic) estén extranjeros involucrados” durante los sucesos.
A todas luces, la migración como chivo expiatorio es de fácil instrumentalización. Las autoridades tienen el control de los datos (verídicos o no) que la ilustran y la mayoría de los migrantes difícilmente puede defenderse de acusación alguna, en medio de la vulnerabilidad asociada a su estatus migratorio o a sus condiciones económicas.
Además, las consecuencias para el proceso de integración migratoria son contraproducentes. Este discurso es un mecanismo para acentuar la diferenciación artificial entre locales y extranjeros, con miras a legitimar (es decir, volver correcto desde una instancia de poder) la vigilancia y eventual castigo de los segundos (como, en este caso, con su deportación).
En este punto, tristemente, es posible decir que los migrantes se están convirtiendo en otro grupo de sospechosos habituales para las altas instancias del ejecutivo colombiano. El estilo del actual gobierno da para pensar que esta no será la última vez en la que la migración será utilizada como escudo por sus voceros, aunque el mismo presidente esté dispuesto a mostrarse ante el mundo como ejemplo de gestión migratoria, cuando así lo requiera.
Mientras tanto, muchos funcionarios en los niveles técnicos y locales invierten valiosos esfuerzos por profundizar la integración migratoria. Cientos de ellos mantienen su compromiso con un proyecto de largo aliento en este sentido. Los ciudadanos estamos llamados a respaldar y profundizar estos esfuerzos ante la crisis de liderazgo generalizada en el alto nivel central, que ya afecta la gestión de la integración migratoria en Colombia.
* Mauricio Palma es Investigador Doctoral, Universidad de Warwick (Inglaterra).
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Por: Mauricio Palma @xmpalmax
