En noviembre pasado, la prensa informaba sobre la aparición de un albergue para acoger a cerca de 600 venezolanos en Bogotá. Dicho asentamiento, en el barrio Luis María Fernández de la localidad de Engativá, no fue bien recibido por residentes de la zona, pues con frecuencia denunciaban problemas de convivencia, inseguridad, salubridad y afectaciones a la valorización de sus predios. La preocupación de los capitalinos contrastaba con la insatisfacción de las necesidades vitales de estos venezolanos que llegaron en situación de vulnerabilidad a la ciudad capital huyendo de la pobreza, la exclusión, la crisis política, económica y el desabastecimiento de su país.

Hace algunos días el campamento fue retirado y en consecuencia los migrantes fueron desalojados del lugar, por darse cumplimiento al plazo definido por el Distrito para recuperar el espacio público. Las personas afectadas con esta medida se han dirigido a diversos lugares, entre ellos el albergue temporal que funciona en la localidad de San Cristóbal. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de las autoridades es la reocupación del terreno cercano a la Terminal de Transportes, lugar en el cual permaneció por largo tiempo otro contingente de personas.

Es una realidad que la migración no se detendrá pues, según las cifras reportadas por Migración Colombia, arriban a Bogotá aproximadamente 300 venezolanos al día. A la fecha, la postura de los gobiernos nacional y distrital ha sido la de brindar una acogida solidaria a estas personas. En ese sentido, es pertinente formularse: ¿cómo debe afrontar la Alcaldía la llegada de una oleada migratoria significativa proveniente de Venezuela? Es claro que la respuesta a esta pregunta no está dada aún, pero vale la pena que desde la academia se aporte a la solución. A continuación se plantearán algunas reflexiones en torno al tema.

La radiografía que nos presentan los medios de comunicación sobre cientos y casi que miles de personas llegando al país y a la ciudad nos evoca el desplazamiento masivo interno de hace unos años y que aún persiste, en el que nuestros compatriotas huían del conflicto armado. Para atender a esta crisis humanitaria se tomaron numerosas medidas, entre ellas el desarrollo normativo que marcaba los límites de la atención y definía el estatus jurídico de esta población a efectos de poder acceder a la ayuda diseñada en la política pública por el Estado colombiano. Pese a los esfuerzos institucionales, las vulneraciones a los derechos no cesaban y los fallos judiciales se convirtieron en la vía más eficaz para dar reconocimiento a las garantías fundamentales.  De allí se pueden extraer algunas lecciones aprendidas, que bien podemos trasladar a la situación de los inmigrantes venezolanos que llegan.

La primera lección se relaciona con la asistencia humanitaria de emergencia. Esta no puede ser perpetua. Por lo regular, tanto inmigrantes y desplazados llegan al territorio de acogida en situación de desesperanza y acompañados además de sus familias, de graves necesidades en materia de salud, educación, trabajo, entre otras. La actuación de las autoridades es brindar atención prioritaria a dichas carencias; no obstante, la alimentación y el techo que se garantiza por solo algunos días cesa pronto y allí existe un grave riesgo de incitar a la mendicidad y a la indigencia, que no ve resuelta de manera estructural su situación.

Es pertinente que se realice una caracterización lo más precisa posible de quienes se encuentran en la ciudad. Conocer al inmigrante implica conocer, además de sus necesidades, sus potencialidades, pues uno de los caminos más efectivos para erradicar la pobreza y garantizar el autosostenimiento de la población es generar empleo, el fomento de la iniciativa privada y el emprendimiento. La adopción de un paquete de medidas de orden laboral deberá estar enmarcado en una política pública, que no puede estar desconectada de la normativa nacional. Por lo anterior, es urgente que el Concejo de Bogotá trabaje en la medida de lo posible en coordinación con el Congreso de la República y que diseñen una normativa coherente que dé contexto al desarrollo de las iniciativas de los entes territoriales, como sucede en el caso de Bogotá. De esto se desprende la segunda lección.

La población, tanto inmigrante como desplazada, buscará asentarse en el territorio que ofrezca mayores oportunidades, oferta institucional y acceso a derechos. Por este motivo las grandes ciudades y en especial la capital generan un “efecto llamada” que se torna inevitable. Si se logra desarrollar un marco normativo suficiente que irradie la actuación de los departamentos y municipios es posible que los migrantes encuentren en otras ciudades similares condiciones que les beneficien, lo que reducirá la presión y el impacto de la presencia masiva inabordable en las principales capitales, como hoy sucede con Bogotá.

Tanto para la migración como para el desplazamiento es de vital importancia contar con el compromiso de la iniciativa privada y de las organizaciones no gubernamentales. Es así como desde los gobiernos se pueden promover alianzas para el trabajo conjunto y afrontar las necesidades de las personas.

De la mano del trabajo interinstitucional resulta fundamental educar para comprender la migración. Por lo general, las comunidades de destino no son comunidades de acogida. Ello incide en que el “recién llegado”, en este caso el extranjero proveniente de Venezuela, no es visto como parte de la comunidad y es frecuente que se le perciba como una amenaza. Dado que Colombia no ha sido históricamente un destino de inmigración, es necesario un trabajo fuerte en cultura de derechos humanos respecto de este tema -y esta es la tercera lección-.

Finalmente, un cuarto aspecto que se puede identificar -y que sería pertinente para el abordaje de la diáspora migratoria- es diseñar la normativa de la carecemos con enfoque diferencial. Los migrantes son revictimizados cuando no se atiende a las necesidades especiales, como sucede con los menores de edad, las mujeres, las personas en situación de discapacidad y los adultos mayores, por citar solo algunos grupos merecedores de especial protección. La necesidad de desarrollar estas medidas afirmativas puede justificarse en el terrible riesgo que sufren los menores de edad migrantes no acompañados de ser víctimas de explotación laboral y sexual, trabajo infantil precario, trabajo forzado, mendicidad, esclavitud y toda una serie de afectaciones a su dignidad.

Bogotá ha acogido a lo largo de la historia a personas provenientes de otros lugares y les ha brindado oportunidades. Esta hospitalidad se ha dado en escalas menores a las que hoy se afrontan y esos flujos, por lo regular del mismo país, han hecho de ella una ciudad cosmopolita. Ahora es momento de afrontar una nueva migración, la migración proveniente de Venezuela. Si se logra gestionar esta realidad de manera coherente, coordinada y comprometida con los derechos de las personas, con seguridad podremos en un futuro mirar hacia atrás a fin de tener una nueva historia de inclusión para contar.

 

Por: María Teresa Palacios Sanabria

*Directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario.

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