María Clara Robayo L.
Investigadora del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
A medida que avanza el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas, la agenda común parece engrosarse y se hace cada vez más ambiciosa. No obstante, la realidad migratoria es un tema, que, a pesar de ser urgente y estratégico para Colombia, no sólo no ha sido abordado con Venezuela, también a nivel interno viene perdiendo relevancia en Colombia, y no en términos estadísticos, sino, en el ámbito de la administración pública.
A nueve meses de la gestión del Gobierno Petro son varios los asuntos que hoy hacen parte de los diálogos bilaterales: la designación de las misiones diplomáticas; la reapertura de la frontera; las negociaciones con el ELN; cambios en la junta directiva de Monómeros; asuntos de comercio y transporte; acciones de cooperación judicial; la triangulación de la relación entre Venezuela, Estados Unidos y Colombia; la retoma de los diálogos entre el Gobierno Maduro y la Oposición venezolana; y más recientemente, el proceso electoral y el levantamiento de sanciones en Venezuela.
Todo ello ha sido el resultado de cuatro reuniones entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, de múltiples encuentros bilaterales en donde han participado el Canciller Álvaro Leyva, el embajador Armando Benedetti, el Ministro de Comercio Germán Umaña y otros actores políticos y de la función pública, e incluso de encuentros interparlamentarios entre el Congreso de Colombia y la Asamblea Nacional Parlamentaria de Venezuela. Sin Contar la tan anunciada Cumbre de Cancilleres de Bogotá.
Sin mucho recelo, ambos gobiernos han apostado por incluir temas altamente complejos y de difícil resolución. Lo que no es para menos, teniendo en cuenta la gran frontera y la relación históricamente interdependiente que se ha dado entre los dos países.
En esta agenda apretada bilateral hay muchas expectativas puestas y se espera que su desarrollo conlleve a resultados positivos, especialmente para las sociedades colombiana y venezolana. Por eso no deja de extrañar que, hasta ahora, no haya cabida para el asunto migratorio y más aún cuando este se entrelaza con otros ejes temáticos de la lista.
En el marco del restablecimiento de las relaciones bilaterales, el funcionamiento del servicio consular es indispensable, más aún, cuando de los 7,2 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos años, 2,9 millones viven en Colombia, el receptor de más del 40% de la migración venezolana. Sin contar, el aún incierto número de los colombianos que han retornado y las estimaciones de los cerca de 3 millones de connacionales que continúan viviendo en el país vecino.
Las acciones encaminadas a revivir las misiones consulares deberán ir más allá de la designación del cuerpo diplomático y las buenas voluntades expresadas. Con la magnitud de las cifras anteriormente mencionadas, la reinstalación de los consulados no puede ser menor a la existente antes de la ruptura de relaciones: en Venezuela quince consulados colombianos y nueve del lado venezolano en Colombia.
Incluso sus capacidades operativas deberán ser fortalecidas con recursos, capital humano altamente formado e instalaciones preparadas para la alta demanda de servicios consulares. Así lo amerita la presencia de las dos nacionalidades a ambos lados de la frontera, con la diferencia del gran número de venezolanos que hoy viven en territorio colombiano gracias a la migración, un proceso de movilidad humana que sigue creciendo y consolidando fuertes vínculos entre las dos sociedades, como en el pasado sucedió en Venezuela con la migración colombiana.
En el caso de la migración venezolana, una población con grado de vulnerabilidad y altamente indocumentada, las solicitudes ante el servicio consular venezolano no se harán esperar, sobre todo porque de ello dependerá el bienestar de las familias migrantes en Colombia y en muchos casos sus intenciones de regularización.
Certificaciones de nacimiento, defunción, o matrimonio; divorcios; legalizaciones y apostillas; servicios notariales; protección de menores; asuntos de nacionalidad; asistencia consular en caso de emergencia y búsqueda de personas; asistencia a víctimas de violencia de género o de trata de personas; asistencia a detenidos; repatriación de cuerpos; adopción internacional; e información, son sólo algunos servicios que esperan tener los venezolanos en Colombia.
Sin contar los registros consular y electoral, que les permitirían la restitución de sus derechos políticos. Un tema que debería estar en el “cronograma electoral con garantías” anunciado en el marco de la Cumbre de Bogotá que lidera Colombia.
Acciones de este talante son finalmente, entre muchas otras, las esperadas luego de que baje la efervescencia de los anuncios del restablecimiento de relaciones entre los dos países. Por lo tanto, la ausencia del tema migratorio en este proceso es un asunto preocupante, que, si bien puede tensionar el avance de otros puntos de la agenda bilateral y al gobierno Maduro, que en repetidas ocasiones ha negado el fenómeno, no puede convertirse en la moneda de cambio de nuestra relación con Venezuela.
Con ese propósito está la diplomacia, como arena política donde convergen asuntos de difícil abordaje para construir relaciones gana-gana entre los Estados.
Entre tanto, la migración venezolana sigue llegando a Colombia y a otros países de la región, aumentan los migrantes en condición irregular y con ellos, su vulnerabilidad, la exclusión, la xenofobia y la conflictividad social. También perdemos grandes oportunidades de acompañar el proceso de integración desde políticas públicas que favorezcan el desarrollo de ambas naciones. La migración no desaparecerá si cerramos los ojos ante ella o con el aumento de deportaciones o expulsiones. Este es un proceso vivo y dinámico que debe ser adecuadamente tratado a nivel nacional e internacional.
