La crisis venezolana no es solo un asunto de cambio de Gobierno, la transición no se limita a la recuperación del sistema democrático: implica sacar al país de la crisis humanitaria, recuperar la economía y reconstruir los sistemas sociales del Estado. El fenómeno migratorio que vive Colombia no es de corto o mediano plazo, nuestro país será el más afectado por el deterioro del vecino. Independientemente de quien gobierne, otros podrán cerrar fronteras o limitar la movilidad de los venezolanos, pero nuestra condición de vecindad hace imposible una actuación similar. No hay muro, alambradas o fosas que puedan separar nuestros 2.219 kilómetros de frontera.
Podremos negar el fenómeno, molestarnos, pretender que las cosas pronto se van a arreglar, abatirnos por su magnitud y lo limitado de nuestros recursos y capacidades. También, aceptarlo y trabajar para lograr la integración social.
Este mes comenzó una jornada útil, además, para actuar a favor de la integración social de los migrantes venezolanos y un número indeterminado de los retornados: la escolar. El inicio de actividades en los establecimientos oficiales de educación preescolar, básica, media y en los jardines infantiles es una oportunidad y, asimismo, un reto para las instituciones, la comunidad académica, los padres de familia, la sociedad receptora en su conjunto y la población migrante.
En Colombia, todos los niños colombianos, retornados, colombo-venezolanos o venezolanos tienen derecho a la educación —incluso, si hay problemas con su documentación—. La ambiciosa apuesta que hacemos por la cobertura abarca a todos los menores en edad escolar, independientemente de la nacionalidad o de su condición migratoria.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho cuando se habla del fenómeno migratorio. Materializar el discurso de la cobertura en la población que conforma la movilidad humana proveniente de Venezuela es difícil. No sabemos realmente cuántos de ellos son niños, niñas y adolescentes en edad escolar. La falta de un registro permanente que posibilite la identificación de la edad, el lugar de residencia y otros datos genera desconocimiento —por ejemplo sobre cuántos niños quedan fuera del sistema educativo y a quienes se les están vulnerando sus derechos— y la adecuada elaboración y gestión de políticas públicas.
Únicamente el ejercicio del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), que abarcó poco más de dos meses, logró tomar una foto en el tiempo del fenómeno: se registraron de forma libre y voluntaria 442.462 personas y 118.709 eran niños, niñas y adolescentes. De ellos, solo 33.107 estaban estudiando, apenas un 27,88%, y 50.729 eran menores de cinco años—.
El RAMV, con todas sus fallas y subregistros, nos permitió saber que enfrentamos una migración joven, menos del 2,6% son mayores de 60 años. Hoy dicha foto es difusa y palidece por el crecimiento de la migración.
La cobertura de los migrantes se ve impedida por problemas como la falta de información de esta población respecto de sus deberes y derechos —esto hace más compleja la inserción de los niños migrantes en el sistema educativo—, la movilidad y la falta de estabilidad —que causan el aplazamiento de educación de los menores una y otra vez mientras se decide dónde asentarse— y las dificultades económicas para cubrir los gastos asociados a la educación —que difícilmente pueden ser solventados por las familias migrantes, lo cual empeora si se encuentran en situación de irregularidad o en condición de calle—.
Pero estos obstáculos no se reducen en la posibilidad de inscribir a los niños dentro del sistema educativo. La naturaleza del fenómeno migratorio se dificulta por el deterioro del sistema educativo en Venezuela.
En los colegios públicos los contenidos tienen carácter ideológico, los profesores están sometidos al partido y su permanencia depende de la lealtad al Gobierno. En los colegios privados las matrículas están congeladas a pesar de la inflación de más de un millón por ciento para 2018, haciéndolos inviables, y los profesores —como la mayoría del personal calificado— está migrando. La escasez de materiales pedagógicos y de alimentos se ha generalizado.
Las anteriores son algunas explicaciones acerca de los bajos niveles con los que llegan niños migrantes al sistema educativo, lo que dificulta su adecuada integración. Hasta los conocimientos matemáticos fueron afectados por el modelo chavista.
Una gran responsabilidad está en las manos de los profesores, quienes tienen la oportunidad de realizar la integración en el aula —por lo que habrá un efecto multiplicador en la sociedad—. El espacio natural para esa integración social es la escuela, el entorno educativo. Pero como los retos no son menores, se requiere la formación de funcionarios del sistema educativo, la capacitación de los profesores y personal de las instituciones educativas y el involucramiento de los sindicatos del gremio educativo.
Como en todo proceso de integración social surgirán dificultades, es previsible una caída en algunos de los indicadores de educación. También se presentarán conflictos entre los miembros de la comunidad educativa y habrá otros problemas. Es quizás por eso que requerimos de una cátedra para la migración.
Por:Ronal Rodríguez
Investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
@ronalfrodriguez
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