Dada la debilidad del sistema normativo colombiano frente al reconocimiento de los derechos de los migrantes venezolanos es frecuente leer análisis generales que nos pueden llenar de desesperanza.
La sensación podría agudizarse si se realiza una observación territorial. Pese a que los flujos migratorios parecen tener características comunes en todos los casos, la realidad evidencia matices diferenciados en las diversas zonas.
Cerca de 2,3 millones de venezolanos abandonaron su país, según un reporte reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y por lo menos 1 millón podrían estar en Colombia. El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) indica que Bogotá es el destino principal.
Esta población tendría ánimo de permanencia en la capital, pues se percibe como una ciudad de oportunidades, pero las barreras para el acceso a los derechos no se hacen esperar. Por ejemplo: aunque la cobertura en educación puede garantizarse, no hay acceso a beneficios complementarios como transporte, alimentación y seguro médico escolar; lo que dificulta la formalización. Es posible que la falta de documentos del lugar de origen derive también limitaciones como la obtención de títulos.
El derecho a la salud es otro aspecto que genera preocupación. Carecer del Permiso Especial de Permanencia (PEP) imposibilita el acceso a los servicios del sistema y obstaculiza la atención en hospitales, que cuentan con recursos específicos.
En el panorama del derecho al trabajo, la falta de esta autorización da pie a la precariedad laboral y se refleja en informalidad, salarios menores, impedimentos para afiliaciones a la seguridad social, entre otros.
En Cúcuta se vive una situación distinta. A pesar de que también hay profundas debilidades en materia de salud y educación, la migración no es tan exótica como en el centro del país por su ubicación en una zona fronteriza y al considerar que existe una tradición histórica a la migración pendular o un tránsito permanente de personas entre los dos países.
Además, se observa un subregistro en la contabilización de los migrantes y que la limitada industria e inversión extranjera multiplican el problema de desempleo. Las escasas fuentes de trabajo influyen en los brotes de xenofobia.
Tunja, por su parte, es corredor migratorio y ciudad de tránsito. La mayoría de la población venezolana se queda allí cortas temporadas para llevar a cabo trabajos puntuales, reunir dinero y continuar su camino principalmente hacia Bogotá o países de América del Sur como Perú. Así lo indica la oficina de Migración Colombia ubicada en la zona.
En esta ciudad existe una alta demanda de servicios de salud, orientada básicamente a atención primaria, vacunación y urgencias vitales; contexto que dificulta a los venezolanos el acceso a sus derechos. Dado que son itinerantes, muchos no tienen documentos o están en situación de irregularidad, lo que los obliga a realizar labores sin condiciones dignas.
Estos breves ejemplos nos presentan un horizonte complejo desde escenarios heterogéneos y evidencian que se requieren acciones pensadas desde los territorios. Asimismo, se debe desarrollar una normativa nacional integral que articule los entes regionales para garantizar políticas coherentes, eficientes y compatibles con los derechos de esta población.
Por: María Teresa Palacios Sanabria
*Directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario.
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Por: Grupo de Inv. en DDHH URosario
