La historia de Colombia y Venezuela se cuenta a través de las vidas de aquellos que han cruzado la extensa frontera compartida de 2219 kilómetros durante décadas, de un lado al otro.

Por Ana Karina García

Abogada, especialista en DD. HH., magíster en gestión pública y gobierno del territorio de la Universidad Javeriana. Directora de la Fundación Juntos Se Puede

Uno de los hitos cruciales de la frontera inició en 2015 cuando la frontera de puertas abiertas se cerró con muros legales imaginarios. Desde entonces, las huellas de los caminantes han marcado la tierra de las trochas, creando nuevos puentes de unión, pero también plagada de grupos al margen de la ley que veían en la historia compartida una oportunidad de negocio.

A pesar de ello, la regularización y la visión de una política de integración luchaban contra la economía del tráfico humano. Desde 2017, con la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP), los venezolanos volvieron a ser recibidos en la Gran Colombia como ciudadanos. Esta visión se mantuvo, ofreciendo oportunidades cada cuatro o seis meses para hacerse visibles y restituir sus derechos.

La firma refrendada en la resolución 1272 de 2017 rompió los parámetros de la burocracia, priorizando la humanidad y creando el Permiso Especial de Permanencia. Esto dio la oportunidad a quienes habían tocado tierra neogranadina hasta el 28 de julio de 2017, de regularizarse desde el 3 de agosto hasta el 31 de octubre de 2017. Seis meses después, la necesidad de protección a esta población sin patria condujo a la creación del decreto 542 del 21 de marzo de 2018, donde se realizó un gran registro para identificar cómo los venezolanos podían contribuir al país, abriendo la regularización desde el 6 de abril de 2018 hasta el 6 de junio de 2018.

En diciembre del mismo año, seis meses después, con la resolución 10677 de 2018, los venezolanos podían solicitarlo entre el 17 de diciembre de 2018 y el 16 de abril de 2019, ofreciendo una nueva oportunidad para mejorar sus vidas.

El 2019 fue un año dinámico para esta población, ya que varios instrumentos legales abrieron ventanas de oportunidad para construir una nueva vida. La resolución 2540 abrió el PEP para una población especial, los ex militares venezolanos, desde enero de 2020. Semanas después, las Resoluciones 2025 y 2359 de 2020, solo seis meses después, dieron un nuevo plazo para que los venezolanos presentes hasta el 31 de agosto de 2020 pudieran optar al PEP desde el 15 de octubre de 2020 hasta el 15 de febrero de 2021.

Sin embargo, a pesar de que un gran número de personas ya se había regularizado, el cambio de administración cambió el rumbo en busca de mejores condiciones, ya que el PEP no ofrecía seguridad al ecosistema. Así, se creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y, con la resolución 971 de 2021, se creó un documento biométrico, llevando a toda la población regularizada a trasladar su documento y abriendo la posibilidad de obtener un documento a quienes estaban irregulares y se encontraban en Colombia hasta el 31 de enero de 2021. Esto continuó la política de apertura de regularización cada seis meses.

Los hechos fueron dibujando la vida de esta población con un sendero jurídico, una política de continuidad de regularización para venezolanos en Colombia que resonó en el mundo, liderando en el continente una visión de la migración como una oportunidad de desarrollo.

Sin embargo, con el cambio de gobierno, ha habido claras muestras de regresión en esta política de integración, incluso en el sistema formal de visas, donde con una nueva resolución eliminaron a los padres como posibles beneficiarios, exponiendo a los adultos mayores a una clara vulneración de derechos. Además, se sentó un mal precedente en el cual, para optar a una visa de trabajo, el empleador debe argumentar por qué un extranjero está más cualificado que un nacional, trazando una brecha de contratación e interfiriendo en la voluntad privada de contratación entre partes.

A esto se suma que ya han pasado 19 meses desde que los venezolanos que han entrado al país no tienen opción de convertirse en ciudadanos para acceder a sus derechos y mucho menos para contribuir al desarrollo del país.

La Fundación Juntos Se Puede atendió a más de 17,000 personas en 2023, de las cuales el 29% están en condición de irregularidad. Estamos hablando sólo en Bogotá, donde 5,000 personas no pueden trabajar ni acceder a la salud, y por ello están expuestas a grupos criminales y son lanzadas por el gobierno a la ilegalidad. Si entendemos que Bogotá es la ciudad con mayor índice de regularización y proyectamos esta cifra al país, hablamos de que por lo menos 500,000 venezolanos no tienen ningún tipo de documento, por lo cual están expuestos en un alto índice a la trata de personas.

Entendemos las relaciones políticas, comprendemos que cada gobierno tiene sus propias narrativas frente a la realidad de nuestro país, y no estamos entrando a debatir sobre esto; lo respetamos. Pero si nos enfocamos solo en la humanidad de quienes hacen vida en el territorio y pensamos en el futuro de Colombia, es urgente que estas personas, sin importar por qué están aquí, puedan regularizarse y unirse a la vida con oportunidades y garantías, sacándolos de las redes de los grupos irregulares y protegiéndolos de una tragedia.