Por primera vez en una década, la cifra de migrantes venezolanos en Colombia disminuyó. ¿Han dejado de entrar al país o lo están abandonando?

Por David Alonso Coronado*

La presencia de población venezolana en el país disminuyó un 1,10% en el 2023, de acuerdo con Migración Colombia. Sin embargo, la salida de estas personas no necesariamente evidencia que retornaron a Venezuela porque la crisis humanitaria esté menguando. Al contrario: la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en Caracas, señala que el año pasado, el 82,8% de los hogares se encontraba en una condición de pobreza por ingreso; es decir, no contaban con el dinero suficiente para adquirir la canasta básica familiar.

La disminución de venezolanos contrasta con el aumento sostenido durante los últimos 10 años, en los que Colombia pasó de recibir 23.573 personas en 2014 a 2.875.743 en el 2023. Si el Estado colombiano ha sumado esfuerzos para reconocer e integrar a la población venezolana, por qué dejaron de entrar al país durante el 2023. ¿Aquellos que están saliendo buscan volver a Venezuela o ya no encuentran motivos para construir su proyecto de vida en Colombia?

Estas preguntas nos deben llevar a pensar qué se puede ajustar en materia de regularización e inclusión en un año particularmente volátil, ya que los resultados de los comicios en Venezuela, que se realizarán en julio, podrían provocar una nueva ola de migrantes con vocación de permanencia en el país o en tránsito hacia los Estados Unidos.

La mayoría están cruzando el Darién

Esta es la primera razón por la que las cifras estarían disminuyendo. Todos los días, migrantes de distintas partes del mundo intentan cruzar caminando la selva del Darién que divide a Colombia y Panamá, con la esperanza de encontrar un mejor futuro en países como Estados Unidos y Canadá. Esta ruta migratoria, como lo menciona la FIP en su informe La frontera del clan. Migración irregular y crimen organizado en el Darién, es una de las de “más difícil acceso del mundo” por la exigencia física del viaje, los peligrosos ríos con corrientes cambiantes y el control de los actores armados que atacan, roban, secuestran y ejercen violencia sexual.

Aun así, la Defensoría del Pueblo afirma que, el año pasado, 520.085 migrantes optaron por esta ruta irregular, la mayoría de ellos venezolanos (328.650). Estas cifras contrastan significativamente con las del año anterior, cuando 248.284 personas cruzaron esta misma ruta, siendo 150.327 de ellas de origen venezolano.

Solamente en marzo de este año transitaron por Turbo y Necoclí —municipios del Urabá antioqueño que sirven de puerto para llegar a la selva del Darién— un total de 34.291 migrantes con rumbo a Panamá, 9.496 de los cuales eran de origen venezolano.

Esto refleja un escenario donde las personas migrantes y solicitantes de asilo venezolanas que entran al país no perciben a Colombia como su destino principal; en cambio, deciden salir arriesgando su vida al cruzar caminando la selva del Darién motivados por la percepción de mejores condiciones económicas, laborales y sociales en otros lugares, así como por posibles cambios en la política migratoria en Estados Unidos y en los nuevos gobiernos de la región. Se conocen casos de migrantes venezolanos que, incluso contando con el Permiso de Protección Temporal (PPT) que otorga Colombia, deciden salir del país por esta ruta.

Los mecanismos de regularización no responden al desafío  

El 24 de noviembre del 2023 se venció el último plazo para que los migrantes venezolanos se acogieran al Estatuto Temporal de Protección (ETPV). A pesar de los grandes logros de este mecanismo en materia de reconocimiento e inclusión, cerca de 500.000 venezolanos no alcanzaron a aplicar al ETPV y se encuentran en condición irregular. Esto agrupa a aquellos que no hicieron tránsito del Permiso Especial de Protección (PEP) al PPT, y a los que superaron el tiempo de permanencia en el país, sin contar con los que han seguido llegando en los últimos años.

Para estas personas que huyen de una crisis humanitaria buscando mejores condiciones de vida, la regularización de su situación migratoria es el punto de partida para garantizar sus derechos: necesitan acceder a salud, educación y un trabajo digno. Y ante la imposibilidad de contar con el PPT, hoy en día deben acudir a procedimientos ordinarios como los visados, que exigen contar con un pasaporte vigente, no son gratuitos y, dependiendo el tipo de visa, con documentos adicionales. Si cumplen los requisitos para aplicar a la figura de refugio, se enfrentan con un sistema colapsado por la cantidad de solicitudes y la poca eficiencia del proceso. Además, mientras el proceso culmina, el salvoconducto que expide la cancillería no les permite trabajar.

Esta situación desafía la capacidad del Estado colombiano para gestionar la regularización y protección de las personas venezolanas. Y eso, a su vez, influye en las decisiones de los migrantes y en su solicitud de refugio para no quedarse en Colombia.

Los mecanismos temporales para la regularización como lo fue el ETPV, y antes el PEP, deben ser concebidos como instrumentos que complementan, más no reemplazan a los procesos ordinarios. Hay que aplaudir estos esfuerzos, pero el país debe pensar en procesos migratorios de largo aliento que beneficien tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras.

El largo camino de la integración

A pesar de que muchos migrantes venezolanos se han regularizado, el camino para su integración en la sociedad colombiana puede ser largo, complejo y no está libre de retos. Persisten dificultades para encontrar un empleo adecuado y acceder a servicios básicos como salud y educación, además de que enfrentan escenarios de discriminación o xenofobia.

Así lo evidencia el Estudio de impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia: realidad vs potencial, para el que se realizaron 790 encuestas a población migrante, las cuales revelan que solo el 18,3% de las personas ejercen su profesión, el 59,65% no cotizan ni son beneficiarias de alguna entidad de seguridad social en salud, y solo el 34,3% cuenta con productos financieros.

La encuesta Pulso de la Migración del DANE en 2023 también arroja datos sobre estas dificultades. De las 6.582 personas de origen venezolano que encuestaron, el 47,6% de ellas expresó que ha tenido o tuvo dificultades para encontrar un trabajo en el país (el 52,6% mencionó la exigencia de documentación y el 34,5% la discriminación por su nacionalidad), y el 81,5% de aquellos que trabaja, cuentan con un contrato laboral verbal.

Se suma, según datos de la encuesta lnvamer, que el 70% de los colombianos tienen una opinión desfavorable de los migrantes venezolanos que han llegado al país para quedarse, y el 66% está en desacuerdo con que el gobierno colombiano entregue permisos de protección temporal a los venezolanos indocumentados.

Hay, incluso, regiones donde el Permiso de Protección Temporal (PPT) no es reconocido como documento válido para acceder a bienes y servicios, lo que plantea enormes desafíos para las personas migrantes, además de frustración y desilusión, llevándolos a considerar otras opciones fuera de Colombia.

¿Qué hacer?

Frente a una crisis humanitaria que no para, los venezolanos seguirán migrando en busca de mejores oportunidades. La disminución del 1.10% de la población venezolana en el país debe verse de manera multidimensional. Es necesario entender que los flujos migratorios en Colombia y la región están cambiando, por lo que se deben unir esfuerzos para integrar efectivamente a la población migrante. Esto requiere tomar acciones urgentes en cuanto a la normatividad de los mecanismos de regularización y refugio, superar las barreras que aún impiden la aceptación efectiva del PPT para acceder a bienes y servicios, articularse con el sector privado para generar más y mejores empleos para esta población, y promover acciones pedagógicas que reduzcan la xenofobia en el país.

La acogida, reconocimiento y debida integración de la población venezolana, además de ser una obligación por parte del Estado colombiano, debe ser concebida como una oportunidad para dinamizar la economía nacional. En otras palabras, “una entrada efectiva al mercado laboral por parte de personas migrantes venezolanas trae consigo beneficios en distintas áreas del desarrollo”.

Sola hay que mirar los ingresos fiscales generados por la migración venezolana por concepto de impuestos y consumo. Se trata del 1,91% de la totalidad de ingresos en Colombia provenientes del recaudo en personas naturales.

*Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con énfasis en investigación e implementación de programas sociales. Ha trabajado con entidades públicas, privadas y de cooperación internacional en diversas partes del país.