El proyecto de ley para crear una política migratoria integral ya pasó a segundo debate en el Senado de la República. Diferentes ONG y expertos jurídicos afirman que hay que hacer profundas modificaciones al proyecto, mientras los congresistas esperan su pronta aprobación.
Los países de América Latina enfrentan desafíos enormes con el alto flujo de migrantes venezolanos que desde el año 2015 comenzaron a huir masivamente de su nación. Y Colombia, por ser el principal país receptor de esta población, se encuentra en la encrucijada de crear una ley inédita que responda a este desafío migratorio.
Si bien el instrumento legal sienta un precedente y representa una oportunidad para que el país esté a la vanguardia en materia de protección internacional, la pregunta que queda en el aire es si, de aprobarse la Ley de Política Migratoria Integral tal como la plantearon sus ponentes en el proyecto, ¿sería un avance o un retroceso para Colombia?
La primera prueba de fuego del proyecto de ley la pasó el 12 de junio, cuando la Comisión Segunda del Senado de la República aprobó la ponencia presentada por los senadores Ana Paola Agudelo, Emma Claudia Castellanos, José Luis Pérez Oyuela, Lidio García y Juan Diego Gómez. Académicos y asociaciones de derechos humanos de migrantes quedaron sorprendidos con esta aprobación “exprés”, que solo le falta dos discusiones en el Congreso para que finalmente sea sancionada por el presidente Iván Duque.
En ese momento, la canciller Claudia Blum resaltó durante su intervención en el Senado la importancia de contar con un marco integral acorde con los desafíos que representa la migración en Colombia, sea como país emisor, de tránsito o receptor de personas.
De hecho, en entrevista con el Proyecto Migración Venezuela, la jefa de la diplomacia colombiana aseguró que el “proyecto de ley establece los principios y lineamientos para la política migratoria integral en Colombia, incorpora al nivel de una ley el contenido de las obligaciones internacionales en materia de refugio adquiridas por Colombia y propone algunos ajustes para hacer el trámite más expedito y ajustado a la realidad administrativa, siempre con un enfoque de protección de los derechos humanos”.
Sin embargo, como refiere Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), quien hace parte de la coalición de organizaciones que definieron un decálogo de lo que debe contener, en esencia, la Ley de Política Migratoria Integral, “no se trata de crear una ley para salir del paso sin resolver los problemas reales”.
Preocupados por el contenido del proyecto que se discute en el Congreso, estas organizaciones plantearon la necesidad de que cada Estado en la región pudiera atender la crisis migratoria de venezolanos con instrumentos adecuados y con un enfoque de derechos humanos, lo cual aseguran es el principal problema del documento. “Colombia ha dado algunas respuestas con permisos temporales, todas las medidas son muy frágiles en comparación con la magnitud de lo que se está viviendo con la migración venezolana y otros flujos migratorios en el territorio”, dice el director del Codhes.
De acuerdo con Romero, en América Latina existen capacidades muy desiguales para enfrentar estos problemas y Colombia es uno de los países que tiene menos institucionalidad y capacidad para desafiar una crisis migratoria desde un enfoque de derechos humanos. De hecho, afirma que todas las medidas tomadas son de corto plazo, no son duraderas y se han inventado sobre la marcha bajo el supuesto de que esta crisis migratoria se va a resolver pronto, aún cuando múltiples estudidos y encuestas han mostrado que no será así.
“Colombia ha invocado solidaridad internacional, y ha tenido la necesidad de que muchos países reconozcan protección a sus ciudadanos pues más de un millón se han exiliado por el conflicto armado. Ahora debe convertirse en un territorio de protección, como acto de reciprocidad”, puntualiza el activista y defensor de los derechos humanos, quien pide al Gobierno y al Legislativo pensar en instrumentos legales mucho más fuertes.
Precisamente, sobre este punto, la abogada Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones en los temas de migración de la ONG Dejusticia, señala que hay un problema estructural con el proyecto de ley porque no se diferencian los enfoques de protección que necesitan las poblaciones de acuerdo a sus perfiles de migración.
Ejemplifica que solo se menciona a las personas colombianas en el exterior y no se hace referencia a la población migrante ni a los nacionales retornados. En últimas, la principal preocupación de Ramírez es que no se abordan los tres temas de manera profunda. “Al poner todos estos perfiles en un mismo paquete hace que la ley no tenga ninguna profundidad, y en la práctica no se genera un cambio sustantivo frente a la situación que tenemos ahorita”, asegura.
Otra de las alertas que se encienden con el proyecto de ley es que se modifica el Sistema Nacional de Migraciones, compuesto por distintos comités, pero no queda claro cómo se garantizará la participación de la población migrante en estos órganos.
Por otra parte, Ramírez indica que es indispensable que el documento contemple la aplicación del debido proceso en el caso de las deportaciones, expulsiones y sanciones de la población migrante. Además, llama a que con la Ley se defina mejor los términos para el reconocimiento de la condición de refugiado, pues en la actualidad no hay una fecha límite para que el Estado responda a las solicitudes. “Los solicitantes pueden pasar años sin tener una respuesta, y en ese tiempo no están autorizados para trabajar. Es un tema urgente que hay que resolver”, advierte.
Como un tercer aspecto, la especialista en derecho constitucional recomienda enfocar la ley en las rutas de regularización de la población migrante y de acceso a la nacionalidad. “Hay una carencia de visas para casos de carácter humanitario, para víctimas de crímenes y enfermos terminales”, dice a la par que exhorta a revisar los ejemplos de países como Brasil, Argentina y España, que incluyeron estas consideraciones en sus leyes de inmigración.
«Los Gobiernos receptores de migrantes deben tomar en serio la integración latinoamericana. Si tuviéramos la tarjeta migratoria andina, los venezolanos hubiesen podido entrar sin ninguna barrera a Colombia o viceversa»
Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes)
Mostrando una posición optimista, la senadora Ana Paola Agudelo, unas de las ponentes del proyecto de Ley, destaca las ventajas de este instrumento legal. Entre ellas menciona que el proyecto contempla una hoja de ruta de atención integral a los colombianos en el exterior, extranjeros y colombianos retornados. Además resalta la caracterización de la población migrante para atender sus necesidades, así como las ofertas de protección a la mujer migrante y a las víctimas de trata.
“Hemos hecho más de 40 reuniones en 14 países recogiendo inquietudes, más las audiencias públicas que hemos hecho acá en el Congreso”, dijo la congresista tras anunciar la realización de otra audiencia pública cuando el proyecto de ley se vaya a discutir en plenaria.
No obstante, a pesar de que el proyecto avanza en el Legislativo sin mayor traumatismo, los académicos insisten en que no se ha tenido un debate amplio del proyecto en el Congreso, en el que participen las asociaciones de extranjeros, la sociedad civil y las universidades.
Así lo ve Gracy Pelacani, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quien es tajante al afirmar que el proyecto es regresivo y constituye un paso hacia atrás con respecto a la protección de los derechos humanos que se le deben garantizar a la población migrante. “Han quedado a merced de la política gubernativa colombiana. A esos ciudadanos venezolanos que obtuvieron el PEP no se les permite acumular tiempo de residencia en Colombia y tienen que esperar que el Gobierno colombiano decida el día de mañana renovar los permisos”, alega.
La docente asegura que todos los congresistas que han hablado con los académicos señalan que hay que aprovechar el impulso legislativo porque es una ley que el Gobierno quiere; sin embargo, asegura que es necesario mejorarla sustancialmente para que sea de largo plazo y que no tenga que modificarse en dos o tres años porque no se ajusta a la realidad del país.
Por su parte, la canciller Claudia Blum aseveró que“esta política debe promover una migración ordenada, segura, regular, digna y respetuosa de los derechos, y reconocer el aporte de los migrantes al desarrollo de todos los países”. Ante esta premisa, la consultora en Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Stephanie López, argumenta que en el borrador de la ley no queda explícito el enfoque diferencial de género, de las familias transnacionales, la población indígena o las personas con discapacidad, con lo cual no se estarían respetando todos los derechos.
“Lo que hicieron los congresistas fue copiar y pegar de muchas normativas que ya existían, como la ley de retorno de 2012, y los principios no están bien redactados”, dice López, quien manifiesta su preocupación por la “potestad desmedida” que se le otorgaría a Migración Colombia con la Ley.
Mientras llega el segundo debate del proyecto, la senadora Emma Claudia Castellanos aplaude la atención que le han dado al tema en el Congreso y celebra estar“un paso más cerca de mejorar la atención a nuestros colombianos en el exterior y a los migrantes que humanitariamente han llegado a Colombia”. Lo que está por verse es si, en efecto, el nuevo marco normativo mejoraría las condiciones de vida de estas poblaciones y la garantía de sus derechos.
Décalogo de la Ley Política Migratoria Integral
1. Tener un enfoque de derechos humanos
2. Asignar responsabilidades institucionales
3. Limitar el control del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración Colombia.
4. Garantizar una amplia participación.
5. Establecer rutas de regularización permanente
6. Sistema sancionatorio que garantice el debido proceso
7. Sistema de protección a las personas refugiadas
8. Sistema de protección a las personas apátridas
9. Incorporar un enfoque diferencial
10. Crear mecanismos de prevención y protección frente a delitos asociados a las migraciones.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
