En medio de la crisis que afecta al vecino país desde hace varios años, la Asamblea de Venezuela intenta controlar y disminuir las posibilidades de apoyo de una amplia red de organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos.

Una seria advertencia sobre la amenaza del Estado venezolano contra las organizaciones defensoras de derechos humanos en el vecino país advirtió Dejusticia en un pronunciamiento público, este 31 de enero.

La organización colombiana Dejusticia recordó que en su investigación ‘Defender los derechos humanos en Venezuela’, publicada en 2021, se menciona que las organizaciones de este país enfrentan además múltiples barreras relacionadas con el retroceso democrático y social de Venezuela, entre las que están los ataques a la seguridad e integridad personal y organizacional, la ausencia de institucionalidad y las restricciones legislativas y financieras. 

Aunado a esto, existen otros obstáculos relacionados con las dificultades que tienen los venezolanos para acceder a servicios públicos, débil infraestructura para que cualquier organización funcione, suspensión de las misiones de cooperación internacional en el país y reducción de la financiación.

El golpe más duro que están recibiendo las ONG defensoras de derechos humanos en Venezuela es que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en su sesión ordinaria el 24 de enero, por mayoría calificada, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país.

En este sentido, Dejusticia alertó que en Venezuela existe una política estatal de cierre continuado del espacio cívico. Y trajo a colación que en julio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que los individuos u organizaciones que recibieran financiamiento internacional podrían ser juzgados por “traición a la patria”. Luego, en diciembre de 2010, la Asamblea Nacional sancionó la “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional”, que impide a las organizaciones dedicadas a la “defensa de derechos políticos” recibir financiamiento internacional, al tiempo que impone severas multas a las organizaciones que inviten a extranjeros a emitir opiniones que “ofendan” a las instituciones de gobierno.

“El proyecto, denominado Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, emplea un lenguaje jurídico muy amplio y que deja poco margen para la transparencia, para proponer que las organizaciones sociales de Venezuela hagan parte de un régimen uniforme que las obligue a pedir un permiso para crearse y funcionar, así como a reportar periódicamente al Gobierno si reciben financiación extranjera. De acuerdo con el artículo 8 del proyecto de ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica la otorgará la autoridad competente a través de una resolución”, explican.

De este modo, el proyecto prohíbe a las organizaciones recibir aportes destinados para realizar actividades políticas, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República y “cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.

Finalmente, Dejusticia advirtió que si las ONG venezolanas incumplen con estas normas acarrearía graves sanciones que van desde multas, cancelación de inscripción oficial al régimen uniforme y disolución o suspensión de las actividades de la organización, hasta acciones penales no detalladas en el proyecto.

Por: Milagros Palomares @milapalomares