Dejusticia hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional para que rechacen este proyecto de ley contras las organizaciones defensoras de derechos humanos, que pretenden ser censuradas por el régimen de Nicolás Maduro.
El centro de investigación-acción para los estudios jurídicos y sociales, Dejusticia expresó su profunda preocupación por la aprobación, en primera discusión, del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el vecino país.
De acuerdo con Dejusticia, existen al menos cinco razones para considerar que este proyecto de ley en Venezuela podría implicar u grave riesgo para la democracia de ese país:
1.- Sus prohibiciones atentan contra los derechos a la privacidad, a defender derechos y a la participación política.
2.- Al obligar a las organizaciones a pedir permiso para registrarse y funcionar, se restringe el derecho a la libre asociación y se abre la puerta para que el gobierno autorice -pero sobre todo rechace- la actividad de las organizaciones.
3.- Tener que reportar la financiación extranjera puede llevar potencialmente a una restricción de los fondos que reciban las organizaciones, sin los cuales no tendrían con qué operar y se amenaza su supervivencia.
4.- Con el reporte de la financiación extranjera también se permite que el gobierno solo deje entrar fondos a las organizaciones que le son afines, diezmando el poder de crítica que tiene la sociedad civil y vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Eso ya ha pasado en países como Etiopía, Rusia y Egipto.
5.- Limitaría las opciones que tienen estas organizaciones para luchar contra las violaciones a los derechos humanos y atender la crisis humanitaria que vive Venezuela.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional?
Dejusticia señala que es clave hacer llamados a la cooperación internacional, que ha sido fundamental en distintos países y que en Colombia ha hecho posible la paz, pero también es importante lograr expresiones públicas y pronunciamientos de organizaciones de otros países. “Por ejemplo, un llamado de la sociedad civil colombiana en contra de este ataque podría ayudar”.
Un conjunto de ocho organizaciones internacionales, entre las que están WOLA, Human Rights Watch y Organización para el Debido Proceso (DPLF), suscribieron un comunicado en el que expresan que en medio de esta grave situación será importante instar a la comunidad internacional de países democráticos a que rechacen este proyecto de ley e invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a rechazar y exigir a las autoridades el archivo de esta propuesta de ley.
Desde Dejusticia expresaron solidaridad con las organizaciones amigas de Venezuela y resaltaron uno de los fragmentos de la investigación Defender derechos humanos en Venezuela: “Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela evidencian su compromiso y proactividad ante las adversidades y la agudización de la crisis. Al igual que el resto de las organizaciones de la sociedad civil en el mundo, resisten y desarrollan capacidades para reconstruirse cuando son atacadas. En las entrevistas realizadas nadie mencionó la intención de dejar sus actividades; al contrario, se observó determinación para avanzar ante cualquier panorama desfavorable”.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
