La sentencia exhorta al Estado colombiano a crear un protocolo de identificación de las víctimas, capacitar a los servidores públicos y a mejorar la atención sin necesidad de que exista una investigación penal del delito.
La Corte Constitucional ordenó, por medio de esta sentencia, mejorar el sistema de protección a víctimas de trata en Colombia, como crear un protocolo de identificación de víctimas, capacitar a los servidores públicos con funciones relacionadas con la lucha contra la trata de personas; y brindar protección y asistencia integral a las víctimas, sin necesidad de que exista una investigación penal del delito, además de que no se anteponga a la protección de los derechos humanos de las víctimas de trata.
La decisión fue motivada por el caso de la migrante venezolana Yolanda, cuya denuncia la dio a conocer Women’s Link Worldwide, organización internacional humanitaria que apoya los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, de aquellas que enfrentan múltiples inequidades como la violencia, la trata y la falta de derechos sexuales y reproductivos.
La sentencia es un referente para mejorar los sistemas de protección de otros países a los que llegan mujeres víctimas de trata provenientes de Venezuela, especialmente en un momento en el que la pandemia por la covid-19 aumentó la salida de miles de mujeres y niñas del vecino país, quienes están expuestas a múltiples violencias de género.
En 2020 la ONG Women’s Link Worldwide trabajaron en el caso de Yolanda, quien junto a su esposo y sus dos hijas de 6 y 7 años llegaron a Colombia por una oferta de trabajo engañosa, en el año 2019. A esta mujer, una vecina le ofreció una supuesta oportunidad laboral donde tendría que vender café, sin embargo, a su llegada descubrió que no iba a trabajar en eso, sino que iban a forzarla a prostituirse, además de a sus hijas menores de edad.
Esta madre fue agredida sexualmente por uno de los tratantes, pero finalmente logró escapar junto a su familia de ese lugar. Sin embargo, tuvo que vivir en la calle por varios días y noches. En una ocasión un policía le preguntó por su estado, y cuando ella les explicó su caso, los agentes le confirmaron que conocían al tratante y que conocían que esto les solía ocurrir a mujeres venezolanas, pero no le ofrecieron a ella ni a su familia ningún tipo de ayuda.
Posteriormente, Yolanda conoció a miembros de una organización humanitaria la cual entró en contacto con organismos nacionales e internacionales, pero su solicitud no fue atendida inmediatamente. Mientras tanto los recursos que necesitaba para sobrevivir en el día a día fueron dados por otras instituciones, pero por temporadas.
En ese tiempo acompañada por estas ONG,s Yolanda presentó una denuncia por el delito de trata de personas ante la Fiscalía General de la Nación. Pero esta entidad no reconoció en primer lugar su caso como un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. Una decisión, que según Women’s Link Worldwide,“tendría graves consecuencias posteriormente en el reconocimiento de sus derechos y de medidas de protección para la mujer y su familia”.
Ante esta respuesta, la mujer venezolana se presentó a la Secretaría de Gobierno pero los funcionarios que le atendieron le indicaron que en su caso no era posible activar la ruta de atención para víctimas de trata, pues en la denuncia ante la Fiscalía el delito que fue registrado no era trata de personas, sino inducción a la prostitución.
Por estas respuestas, la madre venezolana tuvo que volver a su país natal junto a su familia, pero al llegar allí empezó a recibir amenazas de muerte. Así fue que volvió a Colombia y decidió denunciar estos hechos ante la Defensoría del Pueblo y nuevamente a la Fiscalía, pero no recibió solución.
Durante todo ese tiempo Yolanda y su familia no tuvieron acceso a vivienda, ni a empleo, al sistema de salud estable, además sus hijas se encontraban sin escolarizar; hechos que afectaron seriamente su salud psicológica.
En septiembre de 2020, acompañada por Women’s Link Worldwide, Yolanda presentó su caso ante el sistema de justicia, donde llegó hasta la Corte Constitucional. “Las autoridades competentes nunca cumplieron las órdenes de la Corte”, resalta la organización internacional.
Finalmente, en septiembre de 2021, la Corte Constitucional amparó los derechos de Yolanda y su familia, y ordenó medidas estructurales para mejorar la protección de todas las víctimas de trata a nivel nacional. Medidas que principalmente están dirigidas a diferentes autoridades, como el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior o Migración Colombia, entre otros.
Según el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, en su informe ¿qué dicen los números sobre la trata de personas en contextos migratorios en Colombia? publicado en el primer semestre de 2020, “por cada hombre que es víctima de trata de personas hay al menos tres mujeres migrantes víctimas de este delito. Además, 63% de las mujeres que son captadas tiene entre 10 y 30 años de edad”. Las mujeres suelen ser víctimas en todas las finalidades de explotación como sexual y otros trabajos forzosos.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
