A pesar de haberse declarado superada la crisis migratoria en la frontera entre los dos países, los especialistas advierten que la vulnerabilidad persiste. Se debe buscar una solución integral a nivel regional para que una situación similar no se repita.
Por Christian Lengua, especial para MigraVenezuela
Una alerta de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, emitida el pasado 20 de abril, dio cuenta de una crisis en escalamiento entre la frontera entre Perú y Chile.
Un promedio diario de 200 migrantes indocumentados estaban llegando a la Línea de la Concordia, que divide los dos países. Debido al endurecimiento de las leyes migratorias en el país austral, venezolanos, haitianos, colombianos y de otras nacionalidades se vieron obligados a dejar dicho territorio. Sin embargo, al no tener documentos, se les impedía el paso a Tacna (ciudad peruana fronteriza).
Gabriela Ramos, investigadora en el Instituto de Democracia de Derechos Humanos – IDEHPUCP, le explicó a MigraVenezuela que desde el gobierno chileno surgieron leyes que criminalizaron la migración irregular; es decir, la tipificaron como delito. A su vez, el gobierno del país decidió militarizar la frontera norte para evitar mayores ingresos. Entre tanto, la respuesta del Estado peruano fue similar: enviar efectivos de la Policía primero, y militares después para resguardar las fronteras, y evitar el pase de migrantes.
“Esto dio origen a que la situación de vulnerabilidad se agravara. Porque la primera respuesta no fue proteger a las personas que estaban en un limbo fronterizo. No velaron por la protección de las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad. Allí hubo una primera complicación”, comenta Ramos.
Explica que el Estado peruano tiene obligaciones de garantizar derechos, en este contexto en específico. Uno de ellos, es el derecho a solicitar asilo, que implica que las personas que reúnan la condición de personas refugiadas puedan ingresar al territorio para poder plantear su solicitud administrativa. Esto no ocurrió.
Otro incumplimiento, señala Ramos, es que el Estado debía velar por los grupos vulnerables, ya que en la frontera había personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños no acompañados. En ese caso se tuvo que implementar ajustes razonables, como salvoconductos, para que puedan habilitar su ingreso y brindar la protección necesaria. Algo que en primera instancia no se dio.
Para la especialista se perdió el foco de que estábamos ante una crisis humanitaria. El problema se llevó al plano político y diplomático, con reuniones a nivel cancillerías.
Algo que ayudó a calmar la situación en la frontera fue un vuelo humanitario que partió el 7 de mayo de Arica (Chile) hacia Caracas con 115 venezolanos. Mientras que Perú aceptó recibir a un grupo de migrantes que consideró especialmente vulnerables.
¿Crisis zanjada?
El pasado 23 de mayo, Perú y Chile dieron por superada la crisis migratoria en la frontera y se dio por concluida. Así lo dio a conocer el vicecanciller peruano, Ignacio Higueras, luego de reunirse con la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente.
El diplomático peruano dijo a la prensa que lo ocurrido en las últimas semanas en la frontera “es una demostración de que las situaciones que se han ido viviendo han sido en gran medida superadas por un trabajo coordinado con Chile”.
Al respecto, Luisa Feline Freier, directora de la Cátedra de Desplazamiento Forzado en América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – IDRC en la Universidad del Pacífico, señaló a este medio que si bien la situación en la frontera se ha normalizado, nada garantiza que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Y no solamente en la frontera Perú y Chile, sino en la región.
“Recordemos que el desplazamiento desde Venezuela aún no ha acabado. Si pensamos en el número de venezolanos viviendo en otros países de América Latina y el Caribe; por ejemplo, la Plataforma para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) registra un aumento de casi un millón de desplazados desde enero de este año. Y en América Latina existen también otros desplazamientos de migrantes que se han visto obligados a dejar su país, como es el caso de los haitianos. Al mismo tiempo, también hay migrantes que desean volver, o desearán volver en el futuro a sus países de origen”, expresa la experta.
Teniendo esto en cuenta, agrega que es necesario iniciar diálogos regionales para garantizar rutas regulares de emigración y retorno. Y puntualiza que no debemos seguir con la política de reaccionar solamente cuando la crisis ya haya estallado.
En esa misma línea, Gabriela Ramos comenta que existe una situación latente en la frontera, en el que podría volver a emerger una nueva crisis. “Pueden presentarse nuevamente contextos como el que hemos vivido, ya sea con Chile o con otras fronteras”.
Ciertamente, el medio chileno Frontera Norte Arica reveló que diariamente se ven entre 20 y 30 migrantes en la zona. Sin embargo, el último 22 de junio se registró a un grupo más grande de lo habitual que bloqueó el acceso de vehículos que transitan entre Chile y Perú.
En deuda
Freier sostiene que no se ha hecho lo suficiente para que esta situación no se repita. Pone como ejemplo, el posible caso de migrantes que quieran retornar a su país, pero cuyo ingreso no sea aceptado por el Perú. “Estas personas tal vez opten por las vías irregulares, las cuales son mucho más peligrosas. Tan solo hace unos días se encontró el cadáver de una mujer venezolana en el desierto chileno. Además, los migrantes irregulares que logren ingresar al Perú, sufrirán situaciones similares en Ecuador o Colombia”.
En resumen, indica que este no es un asunto que puedan resolver únicamente Perú y Chile. La única solución a largo plazo es que se llegue a un acuerdo a nivel regional para establecer corredores humanitarios en caso se repitan crisis de este estilo.
