Académicos, junto a organizaciones de la sociedad civil en Colombia enviaron una carta al nuevo Gobierno con una serie de claves para contribuir a la protección de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, retornadas y apátridas.
Como una forma de contribuir a que se defina una política migratoria integral para abordar la atención de personas provenientes de Venezuela, un grupo de 70 personas migrantes, refugiadas y retornadas en Colombia, organizaciones de la sociedad civil, academia y expertos en los derechos humanos, plantearon en una carta 21 recomendaciones al nuevo Gobierno colombiano.
La misiva está dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y a la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, y exhorta a estas autoridades a que desarrollen e implementen una política pública integral en materia de movilidad humana, enfocada en la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, retornadas y apátridas.
Las recomendaciones son las siguientes:
1.- Fortalecer el sistema de asilo y refugio colombiano, de acuerdo con los estándares internacionales e interamericanos.
2.- Garantizar el derecho al debido proceso en los procedimientos sancionatorios como consecuencia de infracciones migratorias.
3.- Revisar los actuales mecanismos y procesos de prevención y protección frente a delitos cometidos en contra de personas nacionales, migrantes y refugiadas en Colombia.
4.- Implementar medidas para prevenir y erradicar la apatridia de manera efectiva en el territorio colombiano, más allá de medidas de tipo coyuntural y partiendo desde el enfoque de garantía y protección de derechos.
5.- Establecer medidas respetuosas del uso de los datos de la población migrante y refugiada.
6.- Aplicar la Ley Antidiscriminación (Ley 1482 de 2011) en los casos de discriminación contra las personas migrantes y refugiadas.
7.- Promover programas de retorno humanitario, seguro e informado para población colombiana en situación de vulnerabilidad en el extranjero.
8.- Establecer, en el marco de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, un diálogo entre el Estado colombiano, las personas migrantes y refugiadas, organizaciones de la diáspora y organizaciones de la sociedad civil para analizar la viabilid ad de los programas de retorno voluntario para población migrante venezolana en Colombia.
9.- Promover la integración socioeconómica de la población migrante y en Colombia.
10.- Establecer rutas de regularización permanentes de fácil acceso para población migrante irregular y en situación de vulnerabilidad.
11.- Ampliar el plazo para el registro de las personas migrantes en situación irregular en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y ampliar su aplicación a personas migrantes y refugiadas de otras nacionalidades.
12.- Establecer un mecanismo que permita monitorear la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) para garantizar el acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas.
13.- Garantizar el principio de unidad familiar para el núcleo familiar de las personas que cuentan con un Permiso por Protección Temporal en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).
14.- Poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) y avanzar en el desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria.
15.- Coordinar desde el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) la gobernanza de las migraciones en clave territorial para fortalecer la articulación de las diferentes instituciones del nivel nacional y local relevantes en la implementación de la política integral migratoria.
16.- Impulsar la implementación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil Migraciones.
17.- Fortalecer la presencia integral de las instituciones estatales en las fronteras nacionales y en las rutas frecuentadas por personas migrantes, refugiadas y con necesidad de protección internacional.
18.- Delimitar las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.
19.- Ampliar y fortalecer el mandato de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante y mantener su supervisión en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
20.- Garantizar que la política integral migratoria incorpore el enfoque de derechos humanos y los enfoques diferenciales de edad, género, etnia y discapacidad, entre otros.
21.- Promover una política migratoria regional con enfoque en derechos y seguridad humana para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
