Por Ronal F. Rodríguez
Vocero e investigador del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, Coordinador de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y miembro de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
El 1ro de marzo de 2021 entró en vigencia el Decreto 216, que dio vida al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la política de regularización migratoria más audaz de la última década en la región. Un instrumento que llega a su tercer año con más de 2.004.503 Permisos por Protección Temporal (PPT) autorizados, documento de identidad de la población venezolana en Colombia, de los cuales 1.868.264 ya han sido entregados a sus beneficiarios.
Dicha política de regularización es un éxito que se debe en gran medida a la constancia y persistencia de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela, quienes han hecho un gran esfuerzo por lograr su regularización en nuestro país. Las primeras etapas del proceso exigieron de la población migrante paciencia y mucha perseverancia.
El estatuto surgió en el contexto de la pandemia y se desarrolló desde una plataforma que presentó importantes fallas sobre todo en los tres primeros meses de implementación, la alta demanda de la población que quería regularizarse sobrepasó las capacidades de Migración Colombia, institución encargada de materializar la medida.
Ingresar a la página, registrarse, realizar la encuesta de socio caracterización y obtener la cita para realizar el registro biométrico, asistir a la cita y reclamar el PPT fue un proceso extenuante que puso a prueba el deseo de los migrantes venezolanos por hacer de Colombia su hogar. Un proceso que en el papel suena fácil, en realidad les tomó días y semanas, varios intentos hasta lograr la regularización.
Sin embargo, el esfuerzo de los migrantes y la dedicación del equipo de Migración Colombia logró superar las dificultades y en el primer año del Estatuto se sinceraron los datos migratorios en el país. Con el Estatuto pasamos de 1.842.390 migrantes en 2021 a 2.896.748 en 2022, el eslogan que identificó la medida se cumplía a cabalidad, se hizo “visible” la migración en Colombia.
También es importante señalar que la medida ha logrado estos importantes resultados gracias al apoyo de la cooperación internacional que complementó al Estado colombiano y la labor de las autoridades. ACNUR, OIM, GIZ, USAID entre otras agencias fueron fundamentales para poder lograr que el Estatuto sea una política de regularización audaz, en un contexto que promueve la contención migratoria, Colombia le apuesta a la integración.
En la misma dirección no se puede olvidar el papel que jugaron las organizaciones de la sociedad civil, las colombianas que trabajaban temas de desplazamiento y rápidamente se adaptaron para dar atención humanitaria a los migrantes incluso antes que el propio Estado, y las organizaciones de venezolanos que apoyaron la construcción de confianza entre los migrantes del hermano país y las instituciones colombianas.
Es importante señalar un factor inherente al proceso del Estatuto, que apalancó su realización y los éxitos que reporta en el proceso de registro e identificación, la voluntad y sensibilidad frente a la migración venezolana de los responsables de ejecutar la medida, de los funcionarios que estuvieron a cargo del tema, particularmente de Juan Francisco Espinosa, exdirector de Migración Colombia, quien se comprometió personalmente con el Estatuto.
Pero no todo ha sido bueno, la información recopilada en la encuesta de socio caracterización, nunca se socializó ni se hizo pública, tampoco se compartió con las instituciones del orden nacional, departamental o local. Las casi 84 preguntas que contestaron cada uno de los migrantes con información de causas de salida, niveles de formación, condiciones de salud, entre otros temas, que eran fundamentales para la formulación de políticas públicas sobre todo en los territorios quedo en manos de Migración Colombia y hasta la fecha no se ha compartido.
Y desde el 31 de enero de 2021, no tenemos un instrumento que permita la atención de la población venezolana que ingresa irregularmente a Colombia, más allá de las medidas ordinarias que desconocen la emergencia humanitaria compleja y prolongada en la que se encuentra Venezuela por los más de 25 años de malas decisiones políticas, económicas y sociales tomadas por el chavismo.
La diáspora venezolana no puede ser acogida con las medidas migratorias ordinarias y a pesar de las narrativas del régimen la salida de venezolanos continúa, en 2023 salieron más de 402.354 migrantes, un crecimiento del 8,3%, según los datos del R4V.
La migración no se ha detenido, ni está regresando, por el contrario 2024 se proyecta como un año de crecimiento considerable ante la imposibilidad de cambio político en Venezuela, el deterioro de los servicios sociales especialmente del sistema educativo que le niega a los jóvenes la posibilidad de construir su plan de vida y las elecciones en los Estados Unidos con el endurecimiento de la política migratoria por parte de los demócratas y el eventual retorno de Donald Trump.
Por lo anterior y reconociendo los éxitos del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos no se puede bajar la guardia, es fundamental continuar trabajando en la integración de la población regularizada, esos más de dos millones de venezolanos que hoy pueden decir que Colombia es su hogar, y abrir nuevos procesos de regularización que aprovechando la experiencia y el camino recorrido den continuidad al Permiso por Protección Temporal.
Si está interesado o interesada en un primer acercamiento al complejo tema migratorio, consulte: La Migración Venezolana en Infografías aquí
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