En agosto del año pasado, el director de Migración Colombia, Fernando García, le dijo a MigraVenezuela que una nueva política sobre la materia sería anunciada antes de concluir 2023. Seis meses después, sigue sin conocerse. 

Por Redacción MigraVenezuela. 

Colombia ha sido reconocida internacionalmente por el tratamiento que ha dado a los migrantes venezolanos, en especial porque ha hecho un esfuerzo muy importante para que la gran mayoría de ellos pueda permanecer en el país en condición de regularidad. 

El Permiso de Protección Temporal (PPT), con el que los migrantes pueden acceder al sistema de salud, obtener un trabajo e incluso abrir una cuenta bancaria, ha sido un instrumento muy útil para ese fin, elogiado internacionalmente, al punto de que, para masificar su uso, el Gobierno implantó un sistema de entrega en un día de este documento. 

De acuerdo con Migración Colombia, en agosto de 2023 había 2’800.000 venezolanos en el país y más de 2’300.000 de ellos ya contaban con el PPT. El esfuerzo, según había dicho el director de Migración Colombia, era que la mayor cantidad posible de ellos estuvieran en condición de regularidad. 

Sin embargo, la falta de una nueva estrategia de regularización que amplie en el tiempo o remplace el PPT (anunciada por el director de Migración Colombia desde el año pasado) puede provocar retrocesos en todo lo que se había logrado. 

Desde marzo de 2021, cuando se expidió el Estatuto Temporal de Protección, se creó el PPT y se fue extendiendo con cierta periodicidad, para que cobijara a los migrantes que iban llegando al país, en especial en un momento en el que estaban cerradas las fronteras entre los dos países y se hacía muy difícil el ingreso regular al país. 

Con excepción de los menores de edad, que están cubiertos hasta 2031, los últimos migrantes cubiertos por el Estatuto Temporal de Protección fueron quienes llegaron al país antes de mayo de 2023 (tenían plazo hasta el 24 de noviembre de 2023 para inscribirse en el Registro de Migrantes). 

Por eso se esperaba que el Gobierno dictara, antes de ese momento, alguna disposición que extendiera el estatuto o que, estableciera otro mecanismo especial de regularización. Pero eso no ocurrió. 

De hecho, MigraVenezuela le preguntó al director de Migración Colombia al respecto en agosto del año pasado y él aseguró que antes de finalizar el año se expediría esa nueva reglamentación. 

“En estos dos últimos años (desde 2021 hasta 2023) han llegado más venezolanos, muchos de ellos se encuentran en una situación también irregular. Ahí hay varias preguntas pendientes: ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a regularizar? ¿Los vamos a expulsar del país? ¿Vamos a permitir que sigan aquí en condición irregular? Esas preguntas, a mi manera de verlo, deberán ser respondidas junto con el Consejo Nacional de Migración, del cual forman parte el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, por supuesto, junto con la Cancillería”, aseguró García. 

Al preguntársele cuándo debería estar lista esa reglamentación, dijo: “Esa decisión debería estar en el mes de octubre a más tardar”. 

Seis meses después, MigraVenezuela consultó a Migración Colombia al respecto, pero la entidad señaló que no podía dar información al respecto porque “esa decisión no la toma la entidad”. 

Los problemas de la falta de regularización 

La falta de regularización no impide que los migrantes continúen llegando al país. Por el contrario, lo que impide es que puedan acceder a sus derechos.  

“Estamos en una coyuntura en la que es fundamental retomar las dinámicas de regularización. Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande y cuando uno compara el caso colombiano con otros países, su respuesta ha sido fundamental. Pero, desde enero del 2021, toda la población que se encontraba irregularmente hasta hoy no ha podido regularizarse. Para hacerlo tenía que salir de Colombia, conseguir un pasaporte e ingresar a Colombia de forma regular”, explica Ronal Rodriguez, directorio del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario.  

Y agrega: “Y eso hasta mayo del año pasado. Desde entonces, no tenemos un instrumento de regularización más allá de las dinámicas ordinarias que existen para todos los extranjeros. En el caso venezolano estamos hablando de una emergencia humanitaria compleja, prolongada, que lleva la población a salir del país muchos de ellos sin la documentación adecuada lo que hace que su movilidad internacional no sea en las condiciones normales sino de vulnerabilidad y por eso es necesario construir un instrumento que atienda esa vulnerabilidad”. 

La falta de PPT o de cualquier otra herramienta especial de regularización afecta las posibilidades de los migrantes de obtener un empleo, de ser atendidos en salud y, en general, de llevar a cabo actividades productivas formales. 

Ana Karina Garcia, directora de la Fundación Juntos Se Puede, señala que, sin el PPT, “las personas no pueden trabajar, no pueden entrar al sistema financiero y al estar en la informalidad, están en riesgo de caer en manos de grupos ilegales”.

La Fundación lanzó recientemente una alerta en este sentido, en el que resumió la situación de esta manera:  “La imposibilidad de lograr una fórmula de regularización migratoria incrementa exponencialmente la situación de vulnerabilidad de los migrantes, alienta dinámicas criminales y economías ilícitas que instrumentalizan a las personas. El tráfico de migrantes, la trata, las formas de trabajo indigno, la explotación sexual y el reclutamiento por grupos armados tienen en la irregularidad migratoria un factor criminógeno que actúa contra la sociedad colombiana y debilita el Estado de derecho”. 

Según García, la falta de una estrategia de regularización no solo afecta a los migrantes, sino al mismo Estado, pues hace más costosa la atención, en temas como el derecho a la salud, y le impide a los migrantes contribuir con sus impuestos o con el pago de la seguridad social.

La falta de una estrategia de regularización, dicen organizaciones de migrantes y académicos, parte de una premisa que ha defendido el Gobierno y sobre la que no están de acuerdo, y es que el número de migrantes venezolanos en Colombia se ha ido reduciendo porque muchos se están regresando a Venezuela. (Ver nota anexa) 

Además, la falta de una nueva política de regularización genera una paradoja que puede resultar muy peligrosa: mientras que los menores de 18 años que se encuentren estudiando en el país pueden ser cobijados por el PPT, sus padres no, lo que genera riesgos de separación de familias (ver nota anexa). 

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos migrantes venezolanos estarían en condición de irregularidad por la imposibilidad de acceder al PPT o a otro mecanismo de regularización, se calcula que por lo menos 500 mil que se quedaron sin PPT hasta agosto del año pasado y ese número podría ir aumentando. 

Extraoficialmente, diferentes fuentes aseguran que el Gobierno ha explorado en los últimos meses opciones para cumplir con su anuncio de expedir una nueva política de regularización. Sin embargo, mientras este anuncio no se haga oficial, se trata solo de eso, de versiones sin confirmar.