Los apátridas son personas que nacen y viven en condiciones donde no pueden acceder a la nacionalidad o que nacieron en un Estado que jurídicamente no les otorga este derecho. En la actualidad, la mayoría de ellos son migrantes o refugiados.
Son en gran medida una población invisible para la estructura estatal. Por lo tanto, es muy difícil determinar el número exacto de personas que están en esta situación a nivel mundial. Algunos estudios sugieren que el número oscila entre 15 a 17 millones y, según ACNUR, cerca de un tercio de los apátridas son niños y niñas.
Los efectos de no tener nacionalidad son graves, pues los apátridas tienen un acceso mínimo a los derechos civiles básicos que para la mayoría de nosotros son naturales y damos por sentado. No tienen un país propio y por lo tanto no cuentan con protección diplomática ni pueden portar pasaporte y documentos de identificación; tienen dificultades para salir de un país por vías regulares, casarse, abrir cuentas bancarias, acceder a la educación, seguridad social o a un empleo formal; y su descendencia corre también el riesgo de ser apátrida.
No tener nacionalidad inicia un espiral de vulneración de derechos que impide a las personas ejercer su condición de individuos frente al Estado y de llevar una vida digna y segura con garantías jurídicas.
Sus causas son múltiples, complejas y derivan de diversos e imbricados escenarios como sistemas de registro de nacimiento que le niegan el derecho a la mujer de dar la nacionalidad automática a sus hijos en países como Arabia Saudita, Bahréin, Irak, Nepal, Omán y otros veinte Estados más; endurecimiento en las legislaciones sobre ciudadanía y nacionalidad; colapso de los Estados y su capacidad operativa institucional en registro e identificación; difíciles e inseguras condiciones de movilidad humana y refugio; y la omisión de los Estados en el cumplimiento de los marcos jurídicos internacionales, especialmente en materia de Derechos Humanos.
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, la Convención para reducir los Casos de Apatridia de 1961, el Pacto de San José de 1978, el Plan de Acción de Brasil de 2014 y otros ordenamientos relativos a la nacionalidad, constituyen el marco base de derecho internacional para mitigar la apatridia como un problema humanitario que genera una violación sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas.
Aunque estos acuerdos se han desarrollado y especializado por más de seis décadas, el número creciente de apátridas o de personas en riesgo de apatridia es una realidad. Producto en gran medida por el aumento de la migración irregular de refugiados y la omisión y negligencia de los Estados en cumplir los compromisos internacionalmente.
Poblaciones despojadas territorialmente como los Biharis en Bangladesh y los tártaros de Crimea en Ucrania; o de pueblos perseguidos como los rohingya en Myanmar; o los indonesios en Papua y Nueva Guinea y los haitianos en República Dominicana, incluso la situación de las familias migrantes ante el endurecimiento de las nuevas políticas de ciudadanía en Estados Unidos, son casos que tienen en común a miles de personas en situación o en riesgo de apatridia; y en Colombia la presencia de hijos de migrantes sin nacionalidad es un asunto que cada vez genera más preocupación.
Según la Registraduría Nacional, entre el 2015 y 2018 nacieron en Colombia 25 mil hijos de madres venezolanas. Los niños fueron registrados, pero no tienen el derecho a la nacionalidad colombiana ni son oficialmente venezolanos. Una cifra que plantea varias preguntas ante el actual cierre fronterizo, la ruptura de relaciones diplomáticas con un gobierno que para Colombia es ilegítimo y un contexto de una crisis humanitaria que durante los próximos años seguirá expulsando migrantes, entre ellos, muchas madres gestantes en condiciones críticas de salud.
Además, el nacimiento de hijos de migrantes irregulares en tránsito provenientes del Caribe, África subsahariana o China, que desde hace varios años hacen presencia en Colombia, implican también al gobierno retos en materia de acompañamiento institucional, acceso a derechos y nacionalidad.
La nacionalidad es un Derecho Humano. Es decir, es una obligación y no una aspiración o expresión de buenas intenciones de los Estados. La eficacia de estas acciones dependerá de un compromiso regional y de la coordinación y articulación de medidas multilaterales, que, bajo principios de corresponsabilidad, favorezcan la movilidad humana en condiciones dignas.
Por: María Clara Robayo León
Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario
@MariaCRobayo
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