Apartir del 10 de enero, fecha en la que se inicia un incierto mandato del señor Maduro en la República Bolivariana de Venezuela, el Grupo de Lima (con excepción de México), los Estados Unidos, la Unión Europea y específicamente Colombia, comienzan a desconocer la naturaleza democrática de su mandato y a aplicar medidas que pretenden aislar este Gobierno y a sus principales representantes.

Y es en lo anterior donde se encuentra el meollo del asunto: se sanciona a personas individualmente identificadas y a las empresas gubernamentales que en sus juntas directivas tengan incorporadas a esos ciudadanos, no permitiendo que realicen transacciones financieras o comerciales de ningún tipo con los países que las aplican.

La real eficacia de esas medidas para lograr el objetivo de aislar al gobierno venezolano está por verse y dependerá de lo que ocurra con el apoyo económico y de inversiones por parte de países como Rusia, China y Turquía; del político como Cuba, Bolivia y las islas del Caribe insular o del alcance de la neutralidad de México. La aplicación de estas medidas generará retaliaciones por parte del gobierno venezolano y, con independencia de lo que se piense, el mapa geopolítico de Latinoamérica variará fundamentalmente.

Sin embargo, lo que se ha podido observar en Colombia es que las sanciones finalmente afectan a muchas personas y empresas que poco o nada tienen que ver con las razones de las diferencias. Bastan algunos ejemplos para entender el problema.

Desde la aplicación de las medidas por parte de Estados Unidos, los bancos multinacionales que sirven como corresponsales de los giros desde Venezuela o realizados por ciudadanos de ese país se niegan en muchos casos a realizar las operaciones, aun si provienen de personas o empresas sancionadas o no.  Adicionalmente, la banca colombiana, tal vez por temor  y buscando eliminar todo riesgo, no monetiza los pocos giros que se reciben y cualquier operación financiera legal se convierte en un viacrucis y, más grave todavía, en motivo de sospecha.

Como anécdota les comento que el pasado  mes de noviembre deseé renovar mi viejo automóvil y solicité un pequeño crédito, que me fue negado por presentar una certificación de ingresos de la Cámara Colombo Venezolana. Mi impecable historia de cumplimiento financiero y crediticio desapareció, para ser calificado como “riesgo alto” por parte de la entidad prestamista.

Por su parte, la Superintendencia Financiera ha dedicado sus esfuerzos a mirar con lupa cualquier operación de bancos venezolanos que operan en Colombia, en la práctica inexistentes, y niega abiertamente la posibilidad de instalar una oficina a instituciones que tienen capital de venezolanos sin tacha, que operan incluso en Estados Unidos sin restricciones y con buena calificación de riesgo. La verdad es que esas instituciones nunca han manifestado su interés de realizar operaciones financieras en Colombia, simplemente en la medida en que prestan los servicios a inversionistas y empresas colombianas en Venezuela pretenden mantener un contacto directo con las casas matrices colombianas. Los argumentos para negar la apertura de las oficinas son irrelevantes y absurdos, pero al “alcalde quién lo ronda”.

Los bancos niegan habitualmente la apertura de cuentas a los ciudadanos venezolanos que se encuentran legalmente en el país, incluidas aquellas con el Permiso Especial de Permanencia (PEP). De esa manera, lo que logran es evitar la formalización de los ciudadanos venezolanos que han migrado a nuestro país como tierra de esperanza, negando su integración virtuosa a nuestro  desarrollo sostenible.

Pagan “justos por pecadores” y eso en nada contribuye a generar las condiciones para prepararse a un mejor futuro en nuestras relaciones. Se  promueve la ilegalidad. Todo lo anterior se parece a la xenofobia, en este caso financiera.

*Profesor universitario y director de la Cámara Colombo Venezolana.

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.

Por: Germán Umaña Mendoza GermanUmanaM