Unos 4,9 millones de personas han abandonado Venezuela sacudida desde fines de 2015 por una crisis económica y política, dijo este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien actualizó el informe que presentó el año pasado sobre la grave situación de este país.
Al informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet advirtió que continúan las agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuen. “Hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, oenegés y oficinas de medios de comunicación”, y desde el 5 de enero las fuerzas de seguridad “han dificultado” el acceso a la Asamblea Nacional a los diputados de la oposición.
“Mi oficina sigue recibiendo testimonios de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra-inteligencia Militar en Caracas”, dijo a la vez que manifestó su preocupación por el proyecto de ley que pretende sancionar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que reciben fondos del extranjero.
Mientras Bachelet daba estas declaraciones en Ginebra, en Caracas se realizaba una gran marcha de personas de la oposición que fue convocada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Medios de comunicación de Venezuela reportaron que la manifestación fue reprimida con disparo de perdigones y gases lacrimógenos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional.
Guaidó insiste en la presión en la calle para articular un llamado a elecciones presidenciales para terminar con un gobierno al que considera una “dictadura”.
Venezuela es objeto de sanciones económicas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que busca presionar a Maduro. Estas sanciones incluyen un embargo sobre el petróleo, principal recurso del país.
Bachelet criticó una vez más esas medidas: “Preocupa la imposición de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera”.
Unos 4,9 millones de personas han abandonado Venezuela sacudida desde fines de 2015 por una crisis económica y política, dijo este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien actualizó el informe que presentó el año pasado sobre la grave situación de este país.
Al informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet advirtió que continúan las agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuen. “Hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, oenegés y oficinas de medios de comunicación”, y desde el 5 de enero las fuerzas de seguridad “han dificultado” el acceso a la Asamblea Nacional a los diputados de la oposición.
“Mi oficina sigue recibiendo testimonios de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra-inteligencia Militar en Caracas”, dijo a la vez que manifestó su preocupación por el proyecto de ley que pretende sancionar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que reciben fondos del extranjero.
Mientras Bachelet daba estas declaraciones en Ginebra, en Caracas se realizaba una gran marcha de personas de la oposición que fue convocada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Medios de comunicación de Venezuela reportaron que la manifestación fue reprimida con disparo de perdigones y gases lacrimógenos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional.
Guaidó insiste en la presión en la calle para articular un llamado a elecciones presidenciales para terminar con un gobierno al que considera una “dictadura”.
Venezuela es objeto de sanciones económicas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que busca presionar a Maduro. Estas sanciones incluyen un embargo sobre el petróleo, principal recurso del país.
Bachelet criticó una vez más esas medidas: “Preocupa la imposición de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera”.
Estas sanciones afectan “disminuyendo los recursos del gobierno destinados al gasto social”, en momentos en que “2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa”, según la ONU.
“A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del control estricto del sector financiero”, concluyó.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
