La iniciativa, que busca emular la legislación que desde 1966 concedió un estatus migratorio a los cubanos refugiados, tendrá que superar todavía muchas dificultades propias de la dinámica legislativa.

Por Hernán Lugo-Galicia – periodista Te Lo Cuento News

Juan Nicolaci, asilado político de Venezuela en Estados Unidos, está entre las 223.245 personas que han firmado el proyecto de ley de ajuste venezolano, con el cual, la organización ‘My Voice Counts’ y cientos de embajadores o colaboradores, buscan que más de 400.000 connacionales puedan tener la categoría de residente permanente.

Él, y otros paisanos, saben que la tarea no es fácil, pues, implica un cambio de política en el Congreso, donde hay posiciones discrepantes entre los partidos Demócrata y Republicano sobre la política migratoria de Washington. Sin embargo, al igual que Mildred Rodríguez, directora ejecutiva de ‘My Voice Counts’, no se rinde y confía que el proyecto pueda concretarse.

“Tengo mucha confianza y apoyaré todo lo que sea en beneficio de la diáspora. Allí, está el TPS ; fue aprobado, luego de una gestión de diversas organizaciones”, afirmó Nicolacci, quien huyó de su país, luego de recibir amenazas por cuestionar al régimen chavista, y hoy es uno de los cientos de emprendedores criollos, habitante en Tampa Bay, Florida, que aporta al fisco norteamericano. 

La idea tiene como antecedentes la Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966, y que facilitó a miles de personas procedentes de país obtener el estatus migratorio en Estados Unidos. De sancionarse, más de 400.000 venezolanos, presentes al 31 de diciembre de 2021 y con al menos un año de presencia física continua en  Estados Unidos, tengan la residencia permanente, un paso necesario para optar a la ciudadanía.

Los inicios

La “LAV” fue presentada, por primera vez, el 19 de marzo de 2022 ante el congreso estadounidense, pero en esa oportunidad, no tuvo el apoyo requerido. Como si se tratara de una carrera o pruebas de obstáculos, Rodríguez prosiguió su lucha entre la comunidad para que firmaran la solicitud del beneficio migratorio y ante los representantes para que volvieran a presentar el proyecto, y avanza en ese enfoque y meta.

El 12 de junio de 2023, cinco congresistas; dos republicanos (María Elvira Salazar y Yennifer González-Colon) y tres demócratas (Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Frederica Wilson, de Florida) apoyaron la moción de My Voice y la reintrodujeron al Legislativo, donde fue remitida al Comité de Justicia y se le asignó la nomenclatura HR-4048.

El proyecto será evaluado en esta instancia, donde requiere de 218 votos, de un total de 435, para su remisión a la cámara, por lo que Rodríguez continúa el lobby de manera incansable para alcanzar la meta. Hasta la fecha, se han reunido en 245 oficinas con congresistas y su personal para explicarle que los inmigrantes venezolanos merecen tener legalidad en EE.UU. por ser un activo de interés nacional, ya que, en su mayoría, son profesionales universitarios y son emprendedores. “Es un aporte invaluable al bienestar social, económico y cultural para la nación que nos acoge”, argumenta. 

Los venezolanos representan 1% de la población hispana, siendo la décima tercera más grande en ella. Desde 2000 aumentó 352%, al pasar de 93.000 a 421.000 venezolanos. Datos: Pew Research Center. 

¿Es viable la LAV? 

El primer escollo que observa el director en Florida de ‘American Business Immigration Coalition’, Samuel Vilchez Santiago, es el “momento político muy polarizado” entre demócratas y republicanos que tienen la migración como un tema electoral.

“Aunque este es un contexto político muy complicado para lograr una reforma migratoria en EE.UU., esta es más necesaria que nunca. Existen 9.6 millones de empleos disponibles y no tenemos la mano de obra necesaria para cubrirlos. Los inmigrantes son parte de la solución a nuestros problemas económicos, incluyendo la crisis inflacionaria”, argumenta a favor de un entendimiento.

En un trabajo, publicado en la Voz de América (VOA), los institutos de Políticas Migratorias (MPI) y de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida (UIF) advierten de los eventuales obstáculos: la división interna del Congreso sobre la legalización de extranjeros y la falta de votos en el Comité Jurídico.

En los registros parlamentarios han quedado sin visto bueno los proyectos de ajuste para ucranianos y afganos (este último rechazado en 2022), y por ello, todas las iniciativas pro-inmigrantes han sido sancionados por el Ejecutivo. En el caso de los venezolanos, el TPS fue aprobado por Joe Biden en 2021 y, según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. eran elegibles para este beneficio 400.100. Luego, se aprobó un parole humanitario para recibir, anualmente, 30.000 venezolanos.

Vilchez Santiago, de origen venezolano, reconoce otra traba: “Sin cosponsors en el Senado, la Ley de Ajuste Venezolano tiene un camino rocoso en el Congreso y no es muy viable. Sin embargo, las elecciones de 2024 presentan una oportunidad interesante para esta propuesta de ley, ya que es posible que cambie el liderazgo en el Congreso. Es un buen comienzo tener apoyos bipartidistas en la cámara baja, pero tomará tiempo y voluntad política para que esta propuesta se convierta en ley”. 

Indicó que la falta de apoyo estaría en el Senado para que presenten el proyecto de ley de manera formal, porque ya en la cámara baja tiene la venia de los representantes por la Florida, Soto y Salazar. “El otro obstáculo sería obtener una audiencia en el comité de justicia de la cámara baja, el cual está liderado por el representante Jim Jordan, quien se ha caracterizado por su oposición a los inmigrantes. Y por último, la propuesta necesitará 60 votos en el Senado (por lo menos 9 Senadores Republicanos en apoyo) y una mayoría en la cámara baja (por lo menos 6 republicanos en apoyo)”, dijo el director de FABIC.

Empero, Vilchez Santiago expresa que sí existen otras alternativas para lograr la estabilidad de los venezolanos: “Hay propuestas, como El Dignity Act y el Dream and Promise Act que ayudarían a los venezolanos a tener un camino a la ciudadanía. Sin embargo, estas enfrentan los mismos obstáculos que la Ley de Ajuste Venezolano. En el caso del Dream and Promise Act, el cual provee un camino a la ciudadanía para los Dreamers y las personas con TPS, ya pasó en la cámara baja durante la sesión legislativa pasada, pero no logró el apoyo necesario en el Senado dada la polarización política en nuestro sistema político”.

Sin descanso

Los escenarios no amilanan a los que respaldan y promueven el “ajuste venezolano”.

Nicolacci sigue apostando a un cambio en materia migratoria: “Ignoro lo qué pasará con el ‘ajuste’. Lo que sí es cierto es que se necesita el apoyo de republicanos y demócratas, por lo que habrá que presionar y conseguir el apoyo de la comunidad hispana y, en especial, de los cubanos”, plantea.

Rodríguez se enfoca en lograr la sanción del “ajuste venezolano”, pero es cautelosa a la pregunta: ¿Cuánto tiempo tardará en aprobarse? “Hablar de tiempos de aprobación es irresponsable exponerlo ya que, según las estadísticas en el Congreso pasado, el número 117th, se introdujeron 9.883 leyes de las cuales se aprobaron 362 públicas y 3 privadas. Por otro lado, la última reforma migratoria fue en 1986. La única referencia es el trabajo que se ha realizado. Se pudo introducir un proyecto de Ley en tres meses y medio cuando demoraba hasta más de 4 años. Todo es posible siempre y cuando se trabaje con disciplina, constancia, compromiso, perseverancia y enfoque”, alegó Rodríguez.

Con esas líneas, My Voice construyó una plataforma con más de 1000 landing pages (https://leydeajustevenezolano.org/), para captar firmas de apoyo. La meta son 500.000 rúbricas, de las cuales ya se han conseguido 44,64% (223.245) Allí, se puede acceder a una mesa de trabajo; enviar carta de apoyo, realizar llamadas; mandar email y mensajes a las redes sociales de cada oficial electo. Ya se cuenta con 202.239 cartas y 6.789 censos.

En paralelo, la Ciudad del Doral, donde habitan más de 80.000 personas, en su mayoría venezolanos, aprobó una resolución de manera unánime de respaldo a la LAV. Un grupo de oficiales electos han enviado su venía, a través de “endorsement letter”, y se hacen “roundtable” con Congresistas, en los que gremios de profesionales, empresarios, emprendedores y estudiantes exponen la necesidad de obtener una estabilidad migratoria.

El 10 de julio de 2023, el congresista Maxwell Frost anunció el apoyo como “cosponsor” del proyecto.

Y así, entre obstáculos, camina la LAV en Estados Unidos, pero la peor diligencia es la que no se hace, sentencia Nicolaci.