Mientras la tasa de violencia de género contra mujeres colombianas es de 185 por cada cien mil habitantes, en lo corrido del año esa cifra subió a 239 cuando se trata de mujeres venezolanas radicadas en el país. En total, de enero a agosto se reportaron 2.660 casos de violencia de género contra la población migrante venezolana, de los cuales 2.089 fueron hacia mujeres, lo que equivale al 78,5 por ciento, de acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (Sivigila), una plataforma virtual del Ministerio de Salud que actualiza constantemente estas estadísticas con base en la información de las autoridades competentes.
Lo preocupante es que, con respecto al mismo periodo del año pasado, las estadísticas muestran un aumento considerable en los casos de violencia de género contra las venezolanas. De enero a agosto del 2019 ocurrieron 1.800 casos, pero en los mismos meses de este año ya van 860 casos más, lo que representa un aumento del 48 por ciento. De este total de casos, 1.257 fueron por violencia física; 719, por violencia sexual; 595, por negligencia o abandono; y 89, por violencia psicológica.
Para María Adelaida Palacio, gerente de la organización Sisma Mujer, una explicación de este fenómeno radica en la cuarentena que se impuso a nivel nacional para tratar de contener la propagación del coronavirus. “Estar en casa e intimidad por el aislamiento obligatorio se convierte en un escenario propicio para la violencia contra las mujeres”, asegura Palacio.
El argumento, a primera vista, es lógico, pues el 74,8 por ciento de los casos reportados en el Sivigila ocurrieron en la vivienda de la víctima. No obstante, al revisar las estadísticas de víctimas colombianas en el mismo periodo, hay una disminución evidente: en los primeros ocho meses del 2019 ocurrieron 83.241 casos, mientras que en el 2020 se presentaron 62.939; es decir, hubo una reducción del 26 por ciento, pese a que los colombianos también tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio.
«Las mujeres migrantes sufren las violencias que sufren todas las mujeres, sin duda, pero ellas tienen un rasgo de mayor vulnerabilidad que es esa condición de mujeres migrantes. Muchas de ellas viajan solas, muchas están expuestas al tema de violencia sexual, propensas a ser víctimas de trata. Hay unos riesgos exacerbados por el hecho de ser migrante y en peor condición por no tener su situación regularizada»
María Adelaida Palacio, gerente de sisma mujer.
El otro argumento que esboza Palacio es simplemente la condición de ser migrante. “Las venezolanas revisten dos factores de vulnerabilidad: el hecho de ser mujer y el hecho de ser migrantes; condiciones que las ponen en un escenario de doble riesgo”. Aunque es una hipótesis que requiere de mayor análisis, sí hay asuntos prácticos que aumentan su riesgo. Por ejemplo, el hecho de que un gran porcentaje no tiene autonomía económica, lo cual, se ha comprobado, aumenta la violencia de género por parte de sus parejas.
Y esta situación sí se vio agravada por la pandemia, pues el noventa por ciento de la población migrante en Colombia se encontraba trabajando en el sector informal, que ha sido uno de los más golpeados durante los meses de cuarentena, por lo que muchas perdieron sus trabajos y sus fuentes de ingresos. Esto podría explicar que el 34,7 por ciento de los victimarios fueron las parejas o exparejas de las víctimas.
A esto hay que sumar un elemento adicional: el miedo que muchas veces tiene la población migrante de denunciar, pues temen ser deportados o expulsados del país. Paula Andrea García, coordinadora del proyecto ‘Mujeres sin Fronteras por el derecho a una vida libre de violencias’, considera que a esta situación contribuyen la falta de información sobre cómo acceder a la institucionalidad y las intimidaciones que en ocasiones ejercen los agresores.
“Cuando el victimario no es migrante puede ocurrir que amenaza a la víctima y la intimida con información falsa de que será deportada por ser venezolana”, explica García, quien añade que el primer paso para poder mitigar el problema es acercar las instituciones a esta población, hacer campañas para informarlas sobre sus derechos y derribar los mitos en torno a la expulsión.
En esto viene trabajando la Secretaría de la Mujer de Bogotá, que es la ciudad que más ha recibido población migrante y en donde se presenta el mayor número de casos de violencia de género, con un reporte de 375. La secretaria Diana Rodríguez, reconociendo estas dificultades y el subregistro de violencias que existe, le dijo al Proyecto Migración Venezuela que están trabajando para desarrollar campañas invitando a las mujeres migrantes a denunciar cuando son víctimas de violencia e informándolas sobre los derechos que las asisten.
En la capital del país se creó la Línea Púrpura para que quienes sufren este delito denuncien y sean guiadas en la ruta de atención. Hoy, el reto, dice la secretaria Rodríguez, es que las venezolanas también accedan a estos servicios.
Pero las estrategias deben pensarse para todo el país y en especial para los territorios que concentran mayoritariamente a la población migrante. Después de Bogotá, los departamentos donde más se han reportado casos de violencia de género son Norte de Santander (234), Valle del Cauca (204), Antioquia (158), Atlántico (145) y Cundinamarca (139), o sea, aquellos que han sido los principales receptores de la migración.
El trabajo es grande y la preocupación aumenta con las cifras preliminares que brinda la herramienta del Ministerio de Salud. Sin embargo, como dice María Adelaida Palacio, el primer paso para encontrar soluciones es reconocer los problemas y las necesidades. Por eso, contar con un sistema de información robusto como el Sivigila es una noticia positiva que debe celebrarse y seguirse fortaleciendo. Ahora habrá que trabajar por reducir al mínimo posible el subregistro de las víctimas, mejorar la prevención y la atención que se les brinda.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
