Liz es una mujer migrante venezolana que vive en Cartagena y tiene tres hijos a su cargo. Además de enfrentar los retos y penurias que vinieron con la decisión de salir forzadamente de su país, ha visto su vida y su salud en riesgo. Las entidades de salud de la ciudad le negaron el acceso al tratamiento antirretroviral (TAR), indispensable para tratar el VIH con el que vive. Liz no puede afiliarse al sistema de salud ya que no cuenta con un estatus migratorio regular, es decir con un permiso para permanecer y trabajar legalmente en Colombia.
Si para acceder al derecho a la salud las personas migrantes necesitan un permiso, ¿por qué no lo tramitan? Porque es muy difícil. Las dos vías principales para conseguir un permiso migratorio son las visas y los permisos especiales de permanencia (PEP). Una barrera común en ambos casos es que se requiere contar con un pasaporte y para los ciudadanos venezolanos, conseguir este documento es toda una travesía. Es costoso, demorado y hay mucha corrupción en el proceso. En el caso de las visas, otro obstáculo son los costos del estudio y de la aprobación que oscilan entre 50 y 200 dólares respectivamente dependiendo del tipo de visa.
Por otro lado, aunque el PEP es gratuito, para poder aplicar al mismo las personas tienen que haber entrado al país antes de una fecha determinada y por un punto migratorio autorizado. Actualmente, el único PEP abierto al que podría aplicar una persona en situación irregular es el Permiso Especial de Fomento a la Formalización (PEFF), pero para eso requiere una oferta laboral y que su empleador esté dispuesto a tramitar el permiso ante el Ministerio de Trabajo.
Si bien las personas migrantes en situación irregular tienen derecho a recibir atención médica de urgencias, en los casos de personas con enfermedades crónicas o terminales, como el de Liz, esta atención es insuficiente, pues no les permite recibir los tratamientos o medicamentos necesarios para tratar su diagnóstico. Al no encontrar una salida, muchas personas han acudido a la acción de tutela para solicitar la protección de su salud. Desde noviembre de 2018, la Corte Constitucional ha conocido al menos 30 casos de personas migrantes en situación irregular que requieren tratamiento más allá de las urgencias. Frente a esta situación, la Corte ha venido ampliando la definición de lo que se considera una urgencia médica y estableció unas reglas para tener en cuenta en estos casos.
La Corte ha afirmado que el derecho de las personas migrantes en situación irregular a recibir atención de urgencias no implica solamente evitar la muerte sino proteger a la persona de “toda circunstancia que haga sus condiciones de existencia insoportables e indeseables y le impida (…) desarrollarse en sociedad de forma digna” (T-197 de 2019). Así mismo, ha resaltado que la atención en urgencias debe tener un enérgico enfoque preventivo y de salud pública.
Este análisis jurídico, basado en una perspectiva de derechos humanos, le permitió a la Corte resolver de manera favorable el caso de Liz. En la sentencia T-246 de 2020, ordenó que mientras ella logra afiliarse al sistema de salud, la Alcaldía de Cartagena debe entregarle el TAR. La Corte consideró que, en este caso, el acceso al TAR era parte de la garantía del derecho a la salud de las personas extranjeras en situación irregular.
Garantizar la atención en salud de las personas migrantes implica muchos retos que requieren del apoyo de múltiples actores, no solo del Estado. Sin embargo, mientras se discuten políticas públicas hay vidas en riesgo. La decisión de la Corte le salvó la vida a Liz y puede contribuir a que se garantice el TAR a otras personas migrantes en su misma situación. Además representa un cambio clave en la jurisprudencia constitucional, que ya había fallado un caso similar negando el acceso a estos medicamentos. Por eso, nosotros celebramos esta decisión de la Corte e invitamos a conocerla.
Lucía Ramírez es coordinadora de investigaciones sobre migración y Latinoamérica en Dejusticia
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Por: Lucía Ramírez Bolívar @aydalucia
