Las alarmas se encendieron. Los que llevan la peor parte del éxodo venezolano son los niños, niñas y adolescentes, quienes continúan migrando a pie miles de kilómetros —muchas veces desnutridos, sin sus padres ni acompañantes— atravesando trochas en zonas fronterizas para llegar a sus países de destino en extrema vulnerabilidad.
Este complejo panorama fue denunciado en una serie de crónicas periodísticas, relatos sonoros y videos documentales en el especial Hijos Migrantes: Inocencia desplazada, realizado en una alianza entre el Proyecto Migración Venezuela y los medios venezolanos Historias que laten y El Pitazo.
Para continuar con la búsqueda de soluciones a esta problemática, el Proyecto Migración Venezuela realizó este martes un conversatorio virtual con Lala Lovera, directora de la Fundación Comparte por una Vida Colombia; Amy Smith, gerente nacional de Protección de Save The Children Colombia; Nidis Navarro, comisaria de Familia de Villa del Rosario, Norte de Santander; y Liliana Pulido, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La mayoría de las invitadas al debate coincidieron en que el estado de vulneración de esta población es crítica en el trayecto migratorio. Por los pasos ilegales de Villa del Rosario, La Parada y Cúcuta, en Norte de Santander, se evidencia un estado de desprotección absoluto, alerta Lala Lovera, quien desde el 2017 trabaja por la niñez venezolana en el país con la Fundación Comparte por una Vida Colombia.
“Una frontera cerrada solo está potenciando las violaciones constantes y perennes de los derechos humanos de nuestros niños y jóvenes migrantes”, denunció Lovera, a la vez que explicó que el cierre ha impulsado los 350 pasos irregulares a lo largo de la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela — y por donde estima— transitan entre 7 y 8 mil migrantes pendulares al día, y de ellos el 60 por ciento son menores.
Sin duda, esta población infantil está migrando en condiciones extremas, con ansiedad y estrés generado por el difícil contexto socioeconómico de su país. Y lo más grave, según sostuvo en su intervención la gerente nacional de Protección de Save The Children Colombia, Amy Smith, es que están llegando a sus países de destino sin redes de apoyo ni acompañantes, lo cual los hace más propensos a riesgos de violencia basada en género, trata de personas, explotación sexual, laboral y reclutamiento por grupos armados.
Según reportes de Unicef y Acnur, de enero pasado, el 72% de los niños, niñas y adolescentes migrantes hacen el recorrido migratorio sin alimentación adecuada y llegan a sus destinos en mal estado nutricional. Esto lo confirma Smith al asegurar que “la situación de desnutrición de los niños venezolanos es crítica, sobre todo para la población de migrantes caminantes. También hemos observado que la población no tiene conocimiento sobre sus derechos”.
Otra realidad que está afectando la integración de la niñez migrante venezolana en las comunidades receptoras es la desescolarización. De acuerdo con un reporte del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), de enero de 2021, más de 250.000 menores migrantes están fuera del sistema escolar por encontrarse en situación irregular en Colombia.
Sumado a este escenario, un estudio de Unicef del año pasado refiere que en la población migrante infantil o adolescente escolarizada el acceso a educación disminuyó durante las restricciones por la pandemia de la covid-19: el 46% de los niños y niñas escolarizados entre 5 y 11 años y el 48% de los niños, niñas y adolescentes escolarizados entre 12 y 17 años no tienen acceso a sesiones o clases virtuales por falta de equipos o conexión a internet.
Esta situación la monitorea la activista Lala Lovera con el programa ‘Quédate en la escuela’, el cual maneja reportes de niños y jóvenes que dejaron de estudiar en Venezuela, y que luego de migrar tardan entre dos y tres años para poder inscribirse en un nuevo colegio en el país de destino. “Son jóvenes cabeza de familia, esa es una realidad. Tenemos que generar programas donde se les permitan a ellos traer ingresos a casa, pero que también continúen estudiando”, recomienda.
En relación con la denuncia expresada en el reportaje multimedia Desamparo, que profundiza el drama de la niñez dejada atrás en la ruta migratoria de la frontera colombo venezolana, la comisaria de Familia del municipio Villa del Rosario, Nidis Navarro, informó que hace aproximadamente 12 días tuvieron en protección a dos de los niños abandonados en la trocha La Arrocera y hace dos días fueron entregados a su abuela materna en el puente Simón Bolívar, para que tuviera su custodia y los protegiera en Venezuela.
Navarro precisó que están haciendo acciones en conjunto con el ICBF para brindar protección a los demás niños y adolescentes abandonados y explotados sexualmente en esta misma trocha cercana al sector La Parada. “Ha sido muy complejo ubicarlos, lo hemos intentado junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y un equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, pero no ha sido posible ubicar a los infantes de nueve a 15 años de edad que están en esa zona solos”, detalló la comisaria de Familia.
Por su parte, Liliana Pulido, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), indicó que el Gobierno nacional mantiene los esfuerzos por dar protección a este grupo de niños y adolescentes tan vulnerables en esta trocha de Villa del Rosario. Desde el año 2019, precisa la funcionaria, han atendido a 457 menores no acompañados en movilidad migratoria, y como respuesta diseñaron una ruta para restablecer sus derechos con diferentes organismos en siete municipios colombianos donde hay alta incidencia de este fenómeno.
“El año pasado atendimos a 5.993 menores migrantes en riesgo de consumo de sustancias y explotación infantil. El tema de trata con los niños migrantes venezolanos se ha incrementado de manera exponencial, es un fenómeno muy complejo. El Gobierno ha adelantando una serie de acciones interinstitucionales”, sostuvo Pulido.
Como un primer paso, este conversatorio sirvió para mantener el tema en la palestra pública y hacer un llamado a la acción de las entidades locales y nacionales, así como las agencias de cooperación internacional enfocadas en atender las vulneraciones de la niñez migrante y refugiada. Como las mismas panelistas lo reconocieron, los resfuerzos no están siendo suficientes pues aún hay miles de menores a quienes se les están vulnerando sus derechos.
Por eso, tanto la representante de Save the Children como la representante del Gobierno nacional en la discusión pidieron que la comunidad internacional contribuya de manera más decidida con recursos para atender esta emergencia que se ensaña contra los menores. Además, se comprometieron a reforzar sus programas para atender tanto a los niños y adolescentes que ya se encuentran radicados en el país como a aquellos que están realizando sus trayectos migratorios.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
