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Salud: un lío sin resolver para los migrantes

Salud: un lío sin resolver para los migrantes


Por: Natalia Prieto C. @nataliaPC_

El Gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo por buscar alternativas para que la población venezolana en el país tenga las atenciones mínimas en salud. Por un lado, permitió que quienes cuentan con un estatus migratorio regular se afilien al sistema, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Y por otra parte, en diferentes decretos, el Ministerio de Salud dispuso que cualquier persona, sin distinción de nacionalidad, reciba atención de urgencias para “preservar la vida y prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras”. Adicionalmente, estableció que las mujeres gestantes y los menores de un año sean atendidos, incluso sin estar afiliados.

 

Pese a estos esfuerzos, las barreras para que los ciudadanos venezolanos accedan efectivamente a servicios médicos siguen siendo una realidad. No solo porque más de la mitad de los casi 1,8 millones de venezolanos radicados en el país se encuentran en condición irregular, lo cual no les permite vincularse a una EPS; sino porque incluso dentro los regulares las cifras de afiliación al sistema son muy bajas.

 

De acuerdo con información de esa cartera, a la fecha se encuentra asegurado solo el 31,6 por ciento del total de los migrantes venezolanos portadores del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Es decir, de los 687.332 venezolanos que cuentan con PEP, solo 217.751 están afiliados a una EPS: 115.326 en el régimen contributivo y 102.425 en el régimen subsidiado. El porcentaje es mucho más bajo si se evalúa a la luz del universo total de migrantes en el país.

 

Esa poca cobertura representa una de las principales dificultades para el acceso efectivo al derecho de salud pues, aunque existan disposiciones legales, estas no siempre se cumplen. Incluso actualmente en medio de la pandemia, cuando el Gobierno decretó que se debe prestar atención por temas del coronavirus a cualquier persona sin importar su nacionalidad. El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, por ejemplo, documentó la historia de un niño de 10 años a quien le negaron la prueba de la covid-19 porque “no constituía una urgencia”, ya que los síntomas presuntamente eran consecuencia de una enfermedad preexistente, con lo cual, debido a su estatus migratorio y la ausencia de una afiliación a una EPS, no podía ser atendido.

 

Este es uno de los casos que ilustra los desafíos en la prestación de servicios de salud, pues persiste un vacío jurídico sobre lo que se considera o no una urgencia y, adicionalmente, esta atención no permite acceder al seguimiento de una enfermedad ni a exámenes diagnósticos y preventivos. De hecho, solo en Bogotá, según un estudio de Profamilia publicado recientemente, el 51,2 por ciento de la población venezolana encontró barreras en la atención durante el 2019, una de ellas la burocracia en trámites administrativos.

 


«Existe una brecha grande con la atención de migrantes venezolanos con enfermedades crónicas como VIH, tuberculosis o cáncer. La razón es por la falta de documentación regular, lo cual imposibilita su afiliación a las EPS y por consiguiente no pueden ser atendidos en los centros de salud. Estamos gestionando con una agencia de cooperación internacional para que nos ayude a costear los tratamientos»

Héctor Zapata, Secretario de Salud de Maicao


 

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Entre 2018 y 2019 se incrementó en un 80% las atenciones prenatales. 

 

Los problemas, sin embargo, no solo están en las negativas para la atención. Según otro estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las disparidades en el estado de salud y en el acceso a la atención médica de los migrantes en la región, en Colombia en 2018 el 36 por ciento de los migrantes informaron que tuvieron una necesidad de salud y no buscaron ayuda médica, mientras que el porcentaje correspondiente a las personas nacidas en Colombia es del 16 por ciento. Para el BID, algunas explicaciones de este fenómeno, además de la falta de cobertura, pueden ser la discriminación, las barreras culturales, la falta de información o el miedo a la deportación en el caso de los inmigrantes indocumentados.

 

Por último, aunque las mujeres gestantes y los menores de un año tienen garantizada la atención, un nuevo estudio realizado por los investigadores de la Red de Migración y Salud, Laura Bonilla, Melissa Aguirre y Julián Fernández, y que está en proceso de revisión de pares para su publicación académica, encontró que los migrantes venezolanos en Colombia tuvieron tasas más altas de mortalidad materna, neonatal e infantil que la población colombiana.

 

En eso, las explicaciones parecen apuntar hacia el mismo lado: el sistema de salud colombiano, con sus debilidades, debe recibir a una población con un deterioro notable de salud, no solo a causa de los rigores del viaje, sino de los enormes vacíos nutricionales, de esquema de vacunas o falta de controles prenatales que los migrantes tenían en Venezuela y que los acompañan en su travesía a Colombia.

 

Al respecto, Fernández, quien también es doctor en Epidemiología y profesor de la Universidad del Norte, aseguró que es necesario que el Estado colombiano persista en fortalecer la inclusión migratoria y empiece a generar estrategias para lograr una cobertura universal de la población venezolana en el sistema de salud. “Estas medidas ayudarán a tener mayores posibilidades de tener una población más sana y minimizar a mediano y largo plazo los costos en salud”, añadió el experto, en sintonía con las recomendaciones del estudio de Profamilia.

 

Sobre esa necesidad de buscar soluciones a largo plazo se refirió Gracy Pelacani, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, quien ha asesorado a decenas de migrantes en estos temas.

 

Para esta jurista, si hay claridad en que la gran mayoría de los venezolanos que están en el país tienen vocación de permanencia, deberían dejarse a un lado las políticas temporales, regularizar masivamente y evitar que el acceso a la salud se termine resolviendo a través de las instituciones judiciales por medio de tutelas. "Mientras que estamos judicializando cada caso y esperamos la respuesta a las acciones que interponemos, la salud del paciente se deteriora. Aunque los jueces fallen, si las instituciones se demoran en acatar la respuesta, los pacientes pueden incluso perder la vida", sentenció Pelacani.

 


«Aquí el que no tiene el PEP no lo
atienden, ahí te puedes quedar muriéndote, te mueres mientras no tengas. Incluso, los que tienen el PEP sino se está en el SISBEN, tampoco lo atienden
»

Migrante venezolana  en Barranquilla


 


«Es necesario que el Estado colombiano persista en fortalecer la inclusión migratoria y empiece a generar estrategias para lograr una cobertura universal de la población venezolana en el sistema de salud»
Julián Fernández Niño, epidemiologo


 

 

 






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