Tras su anuncio el pasado lunes, la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos ha sido elogiado por su carácter histórico y su talante humanitario. Sin embargo, más allá del gesto de fraternidad del Gobierno hacia los migrantes venezolanos, con una economía seriamente afectada por la pandemia, resulta pertinente preguntarse cuáles son las oportunidades económicas que trae esta regularización masiva.

De acuerdo con los datos de Migración Colombia, en el país hay al menos un millón 729 mil venezolanos, de los cuales el 56 por ciento, es decir más de 966 mil migrantes, se encuentran en condición irregular. Este panorama ha implicado una serie de retos para los diferentes niveles de gobierno para la atención e integración de esta población en la sociedad colombiana, pero también ha abierto una ventana de oportunidad para el desarrollo, la creación de empresas y el crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo.

Ciertamente, para garantizar a los migrantes el acceso a los servicios de salud, educación y otros derechos fundamentales, el Estado colombiano ha tenido que incurrir en una inversión de recursos considerable. Sin embargo, de acuerdo con el Centro Global para el Desarrollo (CGD), con la implementación de políticas de inclusión económica adecuadas, es posible no solo alivianar la carga fiscal del Estado, sino, además, reducir el desempleo, fomentar el crecimiento de la economía –específicamente del consumo, la inversión y el comercio exterior– e, incluso, en el mediano plazo, aumentar el Producto Interno Bruto (PIB).

Una de las ventajas de la implementación del Estatuto será la reducción en los gastos del Estado para atender a los migrantes. Por: Guillermo Pérez

De hecho, un estudio del Banco de la República estima que para el periodo de 2015 a 2030 los impactos sobre el crecimiento del PIB serían positivos y se situarían entre 0,14 y 0,17 puntos porcentuales, además que si se asigna de manera eficiente la mano de obra migrante en el mercado nacional se lograría de manera permanente un incremento en la productividad del país del 0,9 por ciento.

Teniendo en cuenta que el 58 por ciento de la población que actualmente se encuentra en condición irregular corresponde a mujeres y hombres en edades productivas, la medida del Estatuto podría beneficiar ampliamente la formalización laboral. 

Este hecho no solo beneficiaría a los venezolanos, sino que, de acuerdo con el CGD,  también podría conllevar a un aumento salarial para los colombianos que pertenecen al mercado informal, pues se reduciría la competencia y la presión de los salarios y los índices de empleo de los trabajadores informales con bajas cualificaciones. “Es muy probable que el mejorar la inclusión económica y el acceso a mercados laborales formales para los venezolanos que se encuentran actualmente en el país, conducirá a mejores resultados del mercado laboral para los colombianos, aún en el corto plazo”, precisa el informe de la organización. 

Además de los beneficios en los ingresos para los venezolanos, esta medida puede ser provechosa para las arcas del Estado. En primer lugar, porque en la medida en que aumente su capacidad de consumo aumentará también el recaudo de impuestos como el IVA o el ICA. Pero además, en el largo plazo los migrantes podrán mejorar su calidad de vida, subsistir sin depender de ayudas o subsidios del Estado y de la cooperación internacional y, además, contribuir con el pago de otro tipo de impuestos como el de renta.

La mayor parte de la población migrante en Colombia, corresponde a personas en edad productiva de entre los 18 y los 39 años. Guillermo Torres – Semana. 

A la fecha, menos del 20 por ciento de los venezolanos ocupados realiza aportes al sistema de seguridad social. Frente a este contexto, de cumplirse la integración efectiva de la población venezolana se fortalecería financieramente el sistema de protección social colombiano. “La proporción de personas en edades productivas es mayor que aquellas personas que son dependientes: niños(as), adolescentes y adultos mayores. Este fenómeno puede aliviar la inversión fiscal del Estado colombiano frente los servicios que debe prestar a las personas migrantes (salud, educación, empleo, entre otros) ya que una importante fracción de esa población está en capacidad de contribuir al sistema de seguridad social”, explica un informe sobre inclusión laboral de los migrantes realizado en junio de 2020 por la Fundación Andi.

El ahorro en el caso del sistema de salud, por ejemplo, no solo tiene que ver con el hecho de que entrarían a cotizar en el régimen contributivo. Incluso aunque se afilien al régimen subsidiado, con los migrantes regularizados, se reducen los costos de atenciones por urgencias y se entra al esquema de aseguramiento, donde el riesgo de salud se distribuye entre todos los afiliados haciendo que el gasto per cápita sea menor.

El último beneficio que presenta el estudio de CGD y Refugees International es que una regularización masiva de los migrantes fomentaría la iniciativa empresarial privada, les permitiría ser más productivos, hacer mejor uso de sus habilidades y contribuir de manera más significativa a sus lugares de trabajo. Por un lado, si tienen acceso a mecanismos de financiación podrían emprender sus propios negocios y generar empleo; pero por otro lado pueden satisfacer la demanda de mano de obra calificada en las empresas colombianas. En cualquier caso, el tejido empresarial se verá beneficiado y la economía saldrá fortalecida.

Por: Laura Cristancho @Lauracamila_cc