La alcaldesa Claudia López y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunciaron la creación de un comando especial contra estructuras criminales conformadas por migrantes. Expertos cuestionan la xenofobia implícita en esta medida y los efectos que podría tener.
Luego de un consejo de seguridad que se adelantaba desde esta mañana para analizar la situación del crimen en la capital colombiana, la Alcaldía Distrital y el Gobierno Nacional, representado por Migración Colombia, anunciaron la creación de un comando para combatir estructuras criminales migrantes en Bogotá.
La medida llega después de que la alcaldía ha sido objeto de múltiples críticas por la ola de violencia que vive la ciudad, pero según los expertos podría tener más efectos negativos que positivos en la gestión de la seguridad y en el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros.
Como explica Carolina Moreno, directora del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes, “esta medida envía un mensaje de asociación muy perversa entre el hecho de ser extranjero y la comisión de delitos, lo cual es un camino expedito para la xenofobia y distintas formas de discriminación”.
Los casos históricos en que se han instaurado políticas para perseguir grupos poblacionales específicos siempre han tenido resultados perversos en el respeto de la dignidad humana. El más conocido, sin duda, fue la persecución que emprendió la Alemania nazi contra los judíos, los negros, los gitanos y ciudadanos de nacionalidades extranjeras por el simple hecho de serlo.
También está el caso de la política de “Stop-and-frisk” en Nueva York, que le dio facultades a la Policía para detener a ciudadanos “sospechosos” y requisarlos. Años después de implementada, esta iniciativa fue declarada inconstitucional porque se demostró que perseguía y criminalizaba de manera específica y desproporcionada a la población afrodescendiente.
Pero sin ir más lejos, los colombianos también han sido víctimas de este tipo de políticas en el extranjero. A partir de la década de los 80, con la consolidación de Colombia como el principal exportador de cocaína del mundo, los ciudadanos colombianos empezaron a experimentar las detenciones arbitrarias y el señalamiento en los principales aeropuertos del mundo y en todas las ciudades a donde arribaban, sin importar si eran inocentes.
“No deberíamos tener estructuras especializadas para combatir el crimen de ciertas personas sino una política de seguridad general que busque garantizar los derechos y la seguridad de todas las personas. Enfocarla solamente en una población puede generar riesgos de perfilamiento y señalamiento de la población migrante y nos puede enfrentar a situaciones como las que hemos visto en el pasado de expulsiones masivas sin la garantía del debido proceso”, asegura Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre migración en Dejusticia.
El caso que menciona la abogada Ramírez hace referencia a los 59 ciudadanos venezolanos que fueron expulsados en el marco del Paro Nacional del 2019 por razones de seguridad nacional sin que se llevara a cabo de un análisis individualizado de sus casos, se probara su participación en delitos y se respetara su derecho al debido proceso. “Nos preocupa que esta medida institucionalice aún más estas prácticas que vulneran los derechos humanos”, explica Ramírez, quien además enciende las alarmas sobre la posible militarización del control migratorio que podría implicar la violación de convenios internacionales.
El anuncio de la alcaldesa López, además, desconoce varias realidades del fenómeno migratorio al determinar la legalidad de un ciudadano extranjero en la medida en que cuente con un permiso de permanencia en el país.
“Los criminales no van a venir a registrarse, eso es obvio, pero una vez tengamos esa identificación (por medio del documento de identificación) cualquier ciudadano en una labor de inspección que haga nuestra policía y que esté sin identificar vamos a hacer forzosamente su identificación y tomar dos tipos de medidas, o su expulsión del país por estar involucrados en actividades que atentan contra la convivencia o judicialización ante la fiscalía”, aseguró la mandataria.
Esto, sin embargo, desconoce que el proceso de regularización masiva de los venezolanos que se adelanta con el Estatuto Temporal de Protección implementado por el Gobierno nacional tardará varios meses en completarse. Además, ignora que los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país por pasos informales después del 31 de enero no pondrán acceder al Estatuto, por lo que esta política estaría criminalizándolos de entrada.
La medida de la alcaldesa y el gobierno nacional ha caído tan mal, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció con preocupación. “La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
Efecto sobre la criminalidad
Pero las críticas a la iniciativa no solo llegan por ser cuestionables desde un enfoque de derechos humanos, sino porque su efectividad para manejar la inseguridad está en entredicho.
César Restrepo, experto en temas de seguridad de ProBogotá, asegura que pensar en el crimen de una sola nacionalidad hace perder el foco de atacar el crimen en su integralidad. La consecuencia, por obvias razones, es que no soluciona el problema de raíz.
“No importa si es chileno o colombiano, lo que se necesita es sacar al criminal del circuito. Lo otro es que proporcionalmente los ciudadanos extranjeros en Colombia no representan a la mayoría de la población nacional. Si se van todos los venezolanos que están en el país, el crimen no va a desaparecer”, dice Restrepo, quien considera que se debe identificar al sistema criminal y golpearlo.
Por su parte, Janiel Melamed, coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, cuestiona la actitud de la alcaldesa cada vez que hay alteraciones en el orden público. “Se volvió una fórmula recurrente hacer referencia a una incidencia con los migrantes y esto es muy riesgoso”, dice el experto, quien insiste en que la narrativa de que los migrantes son los responsables de los incrementos de índices de violencia y criminalidad no se compagina con la realidad, según las estadísticas de la Policía Nacional.
“Este anuncio terminará focalizando la atención de los objetivos de seguridad sobre una población que realmente tiene una baja incidencia en el porcentaje de crimen común y crimen organizado. Que por supuesto hay venezolanos que cometen crímenes, pero esto no quiere decir que tengan el mayor porcentaje de la comisión de delitos comunes o de crimen organizado en el país”, dice Melamed, quien insiste en que la gestión migratoria no debe abordarse desde un enfoque de seguridad sino de inclusión social.
Los otros cuestionamientos que surgen del anuncio tienen qué ver con las labores que adelantará Migración Colombia en este comando integrado por la Policía, la Alcaldía y la autoridad migratoria. Expulsar o deportar a los migrantes han demostrado ser medidas pocos efectivas pues con una frontera de más de 2.000 kilómetros es imposible tener institucionalidad que evite que los migrantes ingresen nuevamente al país a través de pasos informales.
Y si bien uno de los cuellos de botella a la hora de judicializar a los criminales extranjeros ha sido la imposibilidad para identificarlos plenamente, la autoridad migratoria solo tendría un papel relevante luego de que el criminal haya sido capturado y deba ser identificado para llevarlo ante un juez. Con el registro biométrico que entrará en funcionamiento con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos será posible obtener esa identificación, pero el papel de Migración Colombia no será fundamental en los operativos policivos.
El anuncio, a todas luces, ha caído mal y ha desatado una ola de críticas por la xenofobia que esconde una medida de esta naturaleza. Como dicen fuentes de cooperación internacional que prefieren no ser citadas, Colombia podría perder apoyos fundamentales de la comunidad internacional si sigue adelante con este tipo de iniciativas. Y en un momento en que se necesitan recursos para atender la crisis migratoria, ni Bogotá ni el Gobierno nacional deberían estar jugando con un fuego que podría evaporarles la ya limitada ayuda que reciben por parte de los donantes.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
