Con el propósito de establecer el impacto de la pandemia por covid-19 sobre la calidad de vida de la población migrante venezolana en América Latina, el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) realizó una serie de encuestas, en las que se identificó la inseguridad alimentaria y las dificultades en el acceso a comida como uno de los mayores problemas de los venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú.

De acuerdo con la ONU, la inseguridad alimentaria se define como la “insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de continuo)”.

La encuesta, realizada en cuatro rondas entre junio del 2020 y enero del 2021, reveló que de los 919 entrevistados, el 12% enfrentó una inseguridad alimentaria severa durante la pandemia, “es decir no tuvieron acceso a alimentos y pasaban regularmente tiempo sin comer”, explicó Rossella Bottone, asesora regional de Análisis de Vulnerabilidad del WFP. Asimismo, el informe mostró que el 52% se encontraba en inseguridad alimentaria moderada. 

Además, de acuerdo con el estudio, para los migrantes encuestados en estos tres países, la falta de ingresos y de comida se consolidó como una de sus principales preocupaciones: 6 de cada 10 venezolanos estaban preocupados de no tener qué comer. Igualmente, la encuesta estableció que el 28% de los entrevistados redujo la calidad de sus alimentos, mientras que el 39% redujo la cantidad de productos consumidos. 

“En parte debido a su situación migratoria y en parte también debido al impacto de la pandemia vimos que, regularmente, un 16% de los encuestados pasaron un día sin comer. Un número muy alto, si consideramos que esta cifra está por debajo del 5% para la población total  en los países de esta región”, sostuvo Bottone, quien también señaló como uno de los factores agravantes el cierre del sector informal, en el que se emplea buena parte de esta población. 

Trabajar a cambio de comida 

La encuesta evidenció que un 70% de los encuestados en Colombia, Ecuador y Perú han tenido que adoptar “estrategias de sobrevivencia” para tener comida. De esta manera, según dio a conocer Bottone, para satisfacer necesidades alimentarias y otras necesidades esenciales, los migrantes tuvieron que aceptar trabajos mal remunerados, pedir préstamos informales o vender sus pertenencias.

Estas circunstancias son graves, de acuerdo con el WFP, porque a largo plazo podrían agotar aún más la posibilidad de los migrantes para adoptar estrategias para reducir el impacto de la pandemia y mantener un nivel de consumo de alimentos aceptable. 

Al respecto, Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que es urgente que desde los gobiernos y los organismos de cooperación internacional vean en la seguridad alimentaria y la nutrición como un mecanismo transversal y determinante en el éxito o fracaso de la integración de los migrantes. 

“Es clave entender que el tema de seguridad alimentaria y nutrición es un factor agravante en el tema de expulsión de migrantes, es un criterio de su vulnerabilidad. Pero, además, es un mecanismo transversal y habilitante en el proceso de integración. No podemos lograr resultados de integración en salud, educación, economía y otros sectores, si no entendemos que hay un factor básico que tiene que ver con la seguridad alimentaria”, aseguró Muñoz. 

Por: Laura Cristancho @Lauracamila_cc