Más de 25 organizaciones humanitarias que conforman la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V) solicitaron a la Unión Europea, a presidentes de América Latina y a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas que brinden una atención integral a la crisis migratoria de venezolanos, así como también exigen que las donaciones sean sostenibles, planificadas y oportunas.
El pronunciamiento lo emitieron con ocasión de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con refugiados y migrantes venezolanos, organizada el 26 de mayo por la Unión Europea y España, y que logró recaudar más de 2.500 millones de euros.
En el comunicado, las ONG de carácter internacional reiteraron su voluntad de seguir trabajando en la Plataforma R4V en conjunto con la ONU, en el contexto sin precedentes de la pandemia de la covid-19. Sin embargo, alertaron que “persiste la necesidad de dar una respuesta integral a la crisis migratoria tomando en cuenta las múltiples vulnerabilidades de las poblaciones refugiadas, migrantes y desplazadas, así como las debilidades preexistentes de los sistemas de protección”.
El llamado fue firmado por organizaciones humanitarias como Care, HIAS, IPPF/RHO, NRC, Plan Internacional, Oxfam, Save the Children, Visión Mundial Internacional y Coalición de OSC para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en LAC, además de la ONG Alerta Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la Coalición por Venezuela. Acompañaron en calidad de observadores la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
En este se denuncia que las restricciones migratorias de los países en la región han expuesto a un mayor grado de vulnerabilidad a las personas en movimiento, debido a las limitaciones de ingreso a territorios vecinos, las barreras de acceso a servicios básicos y la vulneración de derechos fundamentales, tales como la protección ante todo tipo de violencias, la identidad, educación, vivienda, salud, empleo, entre otros. Además, recuerdan que hoy el 35% de los venezolanos migrantes y refugiados son niñas, niños y adolescentes, lo cual los convierte en sujetos especiales de protección.
“A esta situación, se suma la pandemia de la covid-19 que representa una crisis dentro de otra crisis, que genera nuevas problemáticas y exacerba las necesidades preexistentes de garantía de derechos y acceso a servicios básicos”, afirman en el comunicado.
“Los sistemas de salud de los países que albergan más de la mitad de los migrantes venezolanos (Perú, Colombia y Ecuador) no garantizan en todos los casos el acceso a la salud para migrantes, son frágiles y están sobrecargados. Nos preocupa que las medidas de contención y respuesta, como las restricciones de movilidad, agraven los riesgos de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas”
Pronunciamiento miembros Plataforma R4V
A las organizaciones humanitarias les inquieta también la insuficiente respuesta y atención a los miles de retornados venezolanos, quienes se han visto forzados a retomar un peligroso trayecto, exponerse al contagio de la covid-19 y regresar a un país con pocas garantías, debido a sus condiciones apremiantes en los territorios donde decidieron restablecer sus vidas. “El número de personas retornadas a Venezuela también es una sobrecarga a la capacidad de atención de las autoridades, lo que supone riesgos de contagiarse y enfermar, riesgos inminentes de protección (principalmente para las niñas, adolescentes y mujeres)”, puntualizan.
Dichas ONG están presentes en casi la totalidad de los países de la región de América Latina y el Caribe, y representan el 80% de los miembros de la Plataforma Regional R4V. Dentro de su llamado a la Unión Europea y al sistema de Naciones Unidas, piden garantizar la asignación de recursos de forma costo-eficiente en función a la localización, así como la transparencia y rapidez en su disposición; priorizar el apoyo a los sectores con mayores necesidades como protección, salud, seguridad alimentaria, medios de vida, educación, prevención y respuesta a violencias basadas en género y apoyo psicosocial; y garantizar el principio de no devolución para proteger a las poblaciones migrantes y refugiadas de las repatriaciones a lugares donde sus derechos fundamentales corren peligro.
En el contexto de la pandemia, también exhortaron a los gobiernos de la región a proteger a todos los habitantes de su territorio, sin discriminación por motivos de condición migratoria; garantizar acceso a servicios de salud y medidas de prevención y control de la enfermedad; asegurar el acceso de la población migrante a los programas de protección y asistencia social; y evitar la estigmatización, las actitudes xenófobas y la violencia basada en género.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
