Un grupo de migrantes venezolanos cerró este martes, en horas de la tarde, la avenida Caracas con calle 22, para exigir a la Alcaldía Mayor de Bogotá asistencia social ante el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran por la cuarentena nacional y, más puntualmente, por los desalojos de los que fueron víctimas esta semana en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.
En medio de la situación, el ministro de Vivienda Jonathan Malagón dio unas declaraciones que fueron trinadas por Radio Nacional de Colombia: “Durante la cuarentena, y hasta dos meses después, queda prohibido el desalojo de cualquier familia colombiana por moras en los arriendos. Quedan congelados los cánones de arriendo, los arrendatarios no los podrán aumentar durante la emergencia económica”.
Aunque en principio la intención era buena, los comentarios negativos en redes sociales no se hicieron esperar, pues llamó la atención que el ministro hablara solamente de “el desalojo de cualquier familia colombiana”. ¿Si a las que desalojaron fueron a las familias venezolanas, no a las colombianas”, decía un comentario.
Otra de las voces que salió a terciar fue la de la alcadesa Claudia López, que respondió también en Twitter: “Apoyamos esa medida de prohibir desalojos durante y después de cuarentena. Pero la verdad ministro es que están expulsando a venezolanos y colombianos humildes de los pagadiarios. Necesitamos que Migración Colombia se haga cargo de los migrantes. Nosotros de los colombianos”.
La mayoría de estos ciudadanos venezolanos trabajan en la economía informal, y como el país se encuentra paralizado debido al aislamiento preventivo por el covid-19, muchos no han podido generar ingresos para cubrir sus gastos básicos de alimentación y pago de arriendos.
Pasadas las 6:00 de la tarde, al lugar de la protesta se acercó Néstor Daniel García, director de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien dijo que se encontraba al frente de la situación buscando soluciones.
Precisamente, el pasado 25 de marzo, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió el decreto 093 para proteger a la población vulnerable en la capital colombiana en ocasión de la declaratoria de calamidad pública ocasionada por la pandemia del covid-19.
Por lo cual quedó establecido que los arrendatarios no podrán desalojar a sus inquilinos por falta de pago, en medio de esta contingencia nacional. Sin embargo, la situación sigue presentándose.
El artículo 6 de dicho decreto establece: “El prestador de servicios de vivienda que corresponden a menos de 30 días, según lo previsto en el Decreto 2590 de 2009 se abstendrá de desalojar al usuario en condición de vulnerabilidad por el no pago del hospedaje, durante el término del aislamiento preventivo obligatorio. Lo anterior, en desarrollo del principio de solidaridad previsto en la Ley 1523 de 2012. No se exime el pago del usuario por el servicio prestado”.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
