Al igual que miles de colombianos que trabajan en la informalidad, el aislamiento colectivo para prevenir el Covid-19 ha hecho que los migrantes venezolanos tengan dificultades para conseguir el sustento diario y cubrir los gastos más básicos de alimentación, pago de servicios y arriendo.

Al entrenador de tenis Omar Utrera, quien reside en Bogotá junto a su esposa y su hijo de 11 años, se le vino el mundo encima cuando sus jefes le dijeron que quedaron suspendidas las actividades deportivas en la academia donde trabaja.

“Es muy duro porque no sé cómo voy a hacer para reunir el dinero para pagar el arriendo, comprar la comida y las demás cosas que necesitamos”, relató angustiado.

Alexandra Vielma siente la misma preocupación. Quedó sin un peso de la noche a la mañana, cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó el simulacro de aislamiento por cuatro días y tuvo que dejar de trabajar en un spa de uñas en el sector de Venecia, en el sur de la ciudad. 

“Entiendo que todos tenemos que aislarnos en la casa para no contagiarnos, pero la situación es muy preocupante porque tengo dos niños pequeños y yo soy prácticamente el sostén de mi hogar”, dice. “Mi esposo trabaja sin un contrato formal haciendo mantenimiento en un colegio y lo mandaron a la casa sin pago porque suspendieron las clases”, se lamentó Vielma, quien llegó a Bogotá en el 2017 huyendo de la crisis que vive Venezuela.

A Vielma le pagaban semanalmente una comisión del 45 por ciento por cada servicio de manicure y pedicure que hiciera en el spa. Ahora, con las puertas del local abajo, no tiene ninguna fuente de ingreso.

Desde que comenzó el revuelo por la pandemia la afluencia de clientes dismunuyó drásticamente en este establecimiento, un panorama que se repetía en esta zona comercial del sur de Bogotá.

Con la entrada en vigencia de la cuarentena, decretada por el presidente Iván Duque desde este martes 24 de marzo hasta el próximo 13 de abril, las calles han quedado completamente solas. 

Esta realidad impacta de manera especial a los migrantes. Primero porque de acuerdo con cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, el 89,6 por ciento de los venezolanos que se encuentran ocupados en el país están en la informalidad. Y segundo porque no es claro si las medidas que tome el Gobierno nacional para ayudar a los trabajadores informales también los beneficiarán a ellos o solo a los colombianos. 

No resulta extraño entonces que, pese a la declaratoria de calamidad pública, haya migrantes que obligatoriamente tienen que salir a trabajar. Como Gerardo Boscán, un comunicador que no tiene más alternativa que salir para llevarle de comer a sus dos hijos, de 13 y 6 años.

Desde el municipio La Ceja, en el departamento de Antioquia, Gerardo intenta vender los paquetes de arepas de choclo a sus clientes frecuentes, pero se ha encontrado con la sorpresa de que la mayoría de ellos fueron despedidos de sus trabajos.

Aún así sale en búsqueda de nuevos compradores, no sin antes protegerse con tapabocas y guantes. “La semana pasada me organicé e invertí más tiempo para no tener pérdidas. Esta semana hicimos menos y estoy esperando a ver cómo me va”, contó el venezolano, oriundo de Maracaibo.

Una de las propuestas que han surgido para paliar los efectos económicos del aislamiento colectivo es la suspensión de pago de los servicios públicos. Así se lo pidió la alcaldesa de Bogotá al presidente Iván Duque, quien respondió: “Hablamos con Claudia López de herramientas para focalizar el apoyo a través de servicios públicos. Estaremos trabajando con el equipo técnico para que las personas que sean más afectadas económicamente tengan un respiro”.

Por: Milagros Palomares @milapalomares