Juana Carolina Suárez jamás pensó estar en esa situación, pero sus condiciones de vida se vieron complicadas por los efectos de la covid-19 en Colombia y tuvo que emprender un viaje de vuelta a Venezuela. Una vez atravesó la frontera, tuvo que aguantar 20 días en el Punto de Asistencia Social Integral (Pasi) en Guasdualito, en el estado de Apure.

“Contacté a una señora que sacaba viajes clandestinos pagos porque el terminal de Bogotá estaba cerrado”, expresó Juana, una de las 20 mil personas que han pasado por el Puente José Antonio Páez, límite fronterizo entre el departamento de Arauca, en Colombia, y el estado Apure, en Venezuela, durante la emergencia sanitaria de la covid-19.

Esta maestra de 43 años, antes de llegar a la frontera, hizo una parada en el municipio de Tame, Arauca. Luego de unas horas la trasladaron junto a las 19 personas con las que viajaba hasta el paso fronterizo. “Allí nos recibió el alcalde del municipio Páez, de Apure, nos hicieron desinfección, unos doctores tomaron datos y la temperatura, y nos llevaron en varias busetas hasta un refugio”, indicó Suárez. 

La sede de la Universidad de Los Llanos en Guasdualito, a 25 kilómetros del punto de encuentro entre Venezuela y Colombia, funciona como albergue. A ese sitio trasladaron a Juana que compartía el lugar con otras 50 personas. Ese Pasi es uno de los 27 instalados en esta ciudad del llano venezolano.

En ese sitio, Juana pasó 20 días sorteando el hambre, el hacinamiento y las enormes ganas de dormir cómoda en una cama. “No nos trataron mal, pero las instalaciones no son buenas y además estábamos encerrados allí todo el tiempo. No veía la hora de llegar a mi casa y descansar bien”, comentó ya instalada en su hogar de Barquisimeto, en el estado Lara.

“Trocheros”
Juana decidió hacer ese recorrido de forma legal. No se arriesgó por las trochas. Estos pasos en la zona de Arauca, sí o sí, deben hacerse navegando por el río homónimo que sirve de frontera natural y que desde hace varios años controlan diferentes organizaciones criminales.

“El único cruce legal que existe en esa zona es el Puente José Antonio Páez, los demás son todos ilegales. Yo no quise pasar por allí por el temor a ser secuestrada o que me agarraran presa”, agregó Juana, explicando además que, en esos pasos ilegales o trochas, los dueños de las lanchas cobran hasta 50 mil pesos para llevar personas hasta la orilla venezolana. Luego los migrantes quedan a su suerte. “Supe de muchos que fueron atrapados y llevados hasta los calabozos en Guasdualito”, dijo Juana.

Según Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), más de mil personas han sido detenidas en los puntos ilegales luego de ingresar al territorio venezolano durante los días de pandemia.

“El paso de los connacionales es un negocio por parte de algunos colombianos y de algunos venezolanos, quienes buscan que los 164 kilómetros de frontera sean violados, en combinación con taxistas y motorizados, quienes evaden los controles de seguridad que se han ejercido con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, expresó días atrás Freddy Bernal, delegado político de Nicolás Maduro para manejar el coronavirus en el estado Táchira.

Representantes del Estado han acusado a los venezolanos que están retornando a su país de ser los culpables de llevar el virus a Venezuela. “Si no fuera por los trocheros, el virus en Venezuela estuviera totalmente controlado y estuviésemos disfrutando de la flexibilización total de la vida laboral y social. La mitad de los casos son importados y la otra mitad son de trocheros”, expresó el presidente Nicolás Maduro en una alocución el pasado 12 de julio.

“Un trochero o una trochera infectada es un bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu vida y la de tu familia”, agregó el mandatario venezolano, con un lenguaje belicista que puede llevar a que las comunidades se enfrenten entre vecinos por miedo a ser contagiados.

A raíz del manejo del discurso, llegó la orden de judicializar a todos los migrantes que atraparan cruzando trochas o que estuvieran por las vías violando el decreto de la cuarentena obligatoria. “Vamos por los trocheros, a ubicarlos para recortar las cadenas de transmisión de la enfermedad que algunos pudieran traer”; indicó a principios de julio el ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol.

No hay control

Para Juan Berrios Ortigoza, director de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), esta “guerra” declarada ha empeorado toda la dinámica migratoria, porque mucha gente sale desesperada de Colombia o del país donde estaban buscando un alivio en Venezuela, pero consiguen una situación bastante crítica.

“Nosotros hemos monitoreado como podemos, con recursos limitados, esta situación desde el comienzo y cada día hay más gente. Se ha hecho imposible llevar un conteo, el gobierno no da información pública, solo notas de prensa envía y declaraciones sueltas, pero no sabemos cuántas personas han detenido, al menos en el estado Zulia”, indicó Berrios. 

El estado Zulia comparte cerca de 700 kilómetros de frontera con Colombia y el único paso fronterizo formal está en Paraguachón, en La Guajira. En todo el estado hay habilitados 18 Pasi, de los cuales seis están en la región Guajira. Maracaibo, la capital del estado, cuenta con dos puntos de atención a retornados que funcionan en hoteles, de donde el pasado jueves 30 de julio se fugaron nueve personas.

“Las condiciones son precarias, no reciben medicinas, los familiares cercanos tienen que llevarles los remedios o la comida. Son tratados como presidiarios. Esa gente prácticamente está presa”, agregó Berrios, indicando que las personas que dan positivo a la covid-19 y son asintomáticas son presentados ante el Ministerio Público.

Berrios además analizó que el cerco comunicacional y la censura con la que ha manejado el gobierno la situación no le ha permitido a la organización hacer un seguimiento cercano y evidenciar uno por uno los casos de abusos de los derechos humanos de estas personas.

“Ninguna persona puede ser tildada de arma biológica. Esa descalificación atenta contra la dignidad humana. Cuando se trata de enfermedades la obligación del Estado es establecer un plan para evitar los contagios y no tratar de desviar la responsabilidad de la enfermedad a las personas. Nadie se enferma porque quiere”, sentenció Berrios.

Por: Rafael Sulbarán @RafaelDSulbaran