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Las seis barreras más grandes de los venezolanos en el país

Las seis barreras más grandes de los venezolanos en el país

La regularización de la población migrante es la puerta de entrada para acceder a otros servicios sociales y al campo laboral formal. | Por: CÉSAR GARCÍA




Por: Milagros Palomares @milapalomares

octubre 27 de 2020

Aunque la integración es el único camino que existe para lograr avances en la economía de los países receptores, los migrantes venezolanos radicados en el país se encuentran con una serie de obstáculos que hacen más difícil el comienzo de sus nuevas vidas. Aquí les presentamos las principales dificultades: 
 

REGULARIZACIÓN 

Obtener un estatus migratorio regular es la principal barrera que enfrentan los migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. Si bien el Gobierno creó en el año 2017 el Permiso Especial de Permanencia (PEP), este no ha sido un mecanismo constante, a pesar de que ya van siete jornadas de expedición. Lo habilitan por períodos de cuatro meses, dejando sin la posibilidad de regularización a los migrantes que quedan por fuera de ese tiempo.  En el año 2019 no abrieron nuevos PEP. 

 

Para acceder a este documento se les exige a los venezolanos tener un pasaporte y sellarlo al pasar por un punto fronterizo habilitado de Migración Colombia. Sin embargo, frente a ese requisito se presentan una dificultad mayor, explica Laura Dib, abogada de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes: el acceso al pasaporte en Venezuela, ya que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) suspendió completamente su trámite durante la pandemia, y las mafias de gestores cobran alrededor de 2.000 dólares para tramitarlo. 

 

A pesar de que la mayoría de los países de la región han adoptado algunas medidas para reconocer el pasaporte venezolano vencido, en el caso de Colombia hasta por dos años, se presenta otra barrera infranqueable: Las oficinas de migración venezolanas no sellan el pasaporte en los puntos fronterizos del Saime, entonces Migración Colombia no lo estampa porque no puede dar cuenta del movimiento migratorio de esa persona.  

 

Otro obstáculo es que el Permiso Especial de Permanencia no permite acumular tiempo de residencia en Colombia.  Tampoco beneficia a los núcleos familiares completos, sino a una persona individualmente. La abogada Dib señala que hay casos de padres que pudieron sacar el PEP pero sus hijos no lo tienen, y eso los coloca en una situación de desprotección enorme.




ACCESO A LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

La demora en el procedimiento para conseguir la condición de refugiado en Colombia es una barrera difícil para los migrantes que huyeron de su país por persecución política, vulneración de sus derechos o incapacidad para acceder a tratamientos por padecer enfermedades catastróficas. 

 

Un solicitante puede pasar más de dos años esperando a que le den respuesta para saber si es un refugiado o no.  Y en ese tiempo no puede tener ningún contrato laboral ni trabajo fijo. “La demora es muy larga a pesar de que en teoría es solo es la etapa de admisión de la solicitud, la cita de la entrevista y luego la respuesta”, precisa Julián Solórzano, coordinador de la Clínica Jurídica para Migrantes, de la Universidad del Rosario, quien añade que las entidades incumplen un deber de informar en la frontera a los extranjeros si pueden solicitar la condición de refugiado, por lo que la mayoría radica su caso pasados los dos meses de haber ingresado al país.

 

Una vez que la persona hace la solicitud se le otorga un salvoconducto de permanencia, que deberá renovar cada tres meses ante la Cancillería. Sin embargo, durante la pandemia el plazo fue extendido a seis meses. 

 

El abogado Solórzano explica que en la práctica el salvoconducto es un documento que solo sirve para afiliarse al sistema de salud. “Las autoridades públicas le ponen mucho problema y no lo aceptan como documento válido de identificación.  Este no tiene los mismos beneficios del PEP,  a pesar de que una persona refugiada debería tener más protección de sus derechos que una persona migrante”, denuncia.  

 

La mayoría de los solicitantes de refugio provienen de Venezuela (actualmente hay casi 18 mil casos en la Cancillería) y han radicado sus expedientes después de los dos meses reglamentarios, “por lo que es probable que la Cancillería los rechace”, sostiene el abogado.  

 

Cuando los Estados niegan las solicitudes deben buscar algunas alternativas de protección de derechos de estas personas, por eso el Gobierno colombiano creó una medida parcial otorgándoles el Permiso Especial Complementario de Permanencia a los que le negaron la condición de refugiado  entre los años 2015 y 2018. “Pero los que hayan radicado su solicitud después de este tiempo y por alguna circunstancia resultara rechazada no tienen ningún tipo de protección”, advierte Solórzano. 
 

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El Gobierno nacional, a través de Migración Colombia, ha expedido siete jornadas de Permiso Especial de Permanencia. Sin embargo en el año 2019 no hubo nuevo PEP. FOTo: Migración Colombia

 

ALTO COSTO DE LAS VISAS

Los elevados costos de las visas en Colombia imposibilitan, muchas veces, la integración de la población migrante que opta por regularizar su estatus a través de esta vía. 

Según la página web de la Cancillería, la visa de residente tiene un costo de 391 dólares, que deberá pagar el solicitante a la tasa del dólar del día en Colombia. Esto es aproximadamente un millón quinientos mil pesos, un monto muy cuesta arriba de conseguir para un migrante venezolano de bajos recursos. 

 

La visa para un migrante trabajador o para que ejerza su profesión o actividad independiente es de 230 dólares, unos 874 mil pesos aproximadamente.  Pero en la práctica el monto se eleva porque hay que pagar 188.760 pesos para el estudio de la visa, sin garantía de aprobación. Luego, si es aprobada el solicitante deberá pagar casi 200 mil pesos por el trámite obligatorio de la cédula de extranjería; y si no lo hace debe pagar una multa de un salario mínimo de casi 900 mil pesos. 

 

“No hay ninguna visa económica. La única que no hay que pagar es la de refugiado pero  no es así de fácil, para cumplir todos los requisitos y que te lo aprueben puede pasar más de dos años”, afirma el colombo venezolano Leonardo Márquez, tecnólogo en informática. 

 

Es condición indispensable tener el pasaporte sellado para solicitar cualquier visa. Si es una visa de un profesional se requiere tener el título y otros documentos legalizados  apostillados en Venezuela, una misión casi imposible en el vecino país si no se tiene gran cantidad de dólares para pagar a gestores.  

 

Para un trabajador formal migrante el gasto de las visas se incrementa porque solo las aprueban por seis meses, tal como le sucedió a la venezolana Nazareth Quijada, que se la aprobaron el 21 de agosto de este año y tendrá que renovarla el 21 de febrero de 2021. “Uno como migrante tiene muchos gastos, trabajamos también para mandarle dinero a nuestros familiares en Venezuela. El costo de la visa cada seis meses pesa bastante en el bolsillo”, dice la profesional en comunicación. 


 

ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO

En Colombia no existen datos oficiales de inclusión de la población migrante venezolana en el sistema financiero. Así lo ratifica Freddy Castro, gerente de la Banca de Oportunidades, que recientemente presentó un balance del acceso bancario de los sectores vulnerables del país sin datos de los extranjeros. 

 

Y no hay cifras, porque según Castro, las entidades bancarias no están reportando a la Superintendencia Financiera. Dentro de las excepciones se encuentra el caso de Bancamía que ha ofrecido 3.800 productos de ahorro a migrantes y apoya con créditos a los emprendedores venezolanos, en especial a mujeres. 

 

“Solo existen iniciativas aisladas, que no hacen parte de una política pública específica de inclusión financiera de la población migrante venezolana en Colombia”, enfatiza Gabriela Cano, coordinadora del Centro de Pensamiento Diásporas, que desde este espacio hace seguimiento académico del tema.

 

A través de una encuesta aplicada a 500 migrantes venezolanos, este centro de investigación observó varios obstáculos para acceder al sistema financiero, entre ellos que los bancos y las cooperativas son reticentes a adaptar sus procedimientos o sistemas internos a las personas no nacionales.  

 

A los migrantes les exigen cédulas de ciudadanía, pasaportes, referencias comerciales o un historial crediticio en el país. “Esos son documentos difíciles de entregar para un migrante que está recién llegado. Tal vez algunos los puedan reunir pero para un migrante o un colombiano retornado que esté iniciando un emprendimiento lamentablemente no puede”, argumenta la también docente del postgrado de migraciones de la Universidad Javeriana. 

 

La dificultad más grave es la falta de reconocimiento de los Permisos Especiales de Permanencia (PEP) como un documento válido de identificación en las entidades bancarias, a pesar de que por disposición del Gobierno nacional a través de la Superintendencia Financiera se emitió la circular 82, con fecha del 13 de noviembre de 2019, en la cual ordena la validez del PEP para la apertura y contratación de productos y servicios financieros. 

 

Cano sostiene que este impedimento ocurre porque dentro de las bases de datos de los bancos deben  incluir los códigos del PEP, “eso implica en últimas flexibilizar o adaptar los sistemas técnicos y eso supone una inversión de recursos que queda a discreción de las entidades bancarias”, acota.

 

La investigación del Centro de Pensamiento Diásporas ha contemplado entrevistas focales con migrantes, quienes han manifestado que algunos funcionarios en los bancos expresan xenofobia.  “Desde el mismo momento que llegan los venezolanos al banco y solicitan algún servicio, de inmediato les dicen que no se puede haciendo caso omiso de los decretos y resoluciones”, denuncia Cano. 


El hecho de que no hayan cifras ha dificultado más la investigación. Sin embargo, Cano y su equipo levantaron una minería de datos —que aún no han publicado— basados en informes de las entidades bancarias, y que obtuvieron  vía derechos de petición.  “Todo indica en principio que hay una resistencia de inclusión, por eso calculamos que menos del 1% de la población migrante venezolana en Colombia tiene productos financieros”, estimó Cano recalcando que no es un dato oficial. 
 

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A los profesionales venezolanos con especialidades médicas y quirúrgicas son a los que les ponen más trabas para convalidar sus títulos.  Foto SEMANA

 

CONVALIDACIÓN DE LOS TÍTULOS

Realizar el proceso de convalidación de un título profesional de un extranjero en Colombia puede demorar más de un año, con suerte. En el caso de los venezolanos la espera se alarga aún más.

 

La normativa del Ministerio de Educación del año 2107 establecía un tiempo máximo de 120 días (cuatro meses) para el trámite, con todos los criterios de evaluación académica. Ante las quejas por las demoras, en octubre de 2019 emitieron una nueva resolución donde se daría un trato diferencial a los títulos de los venezolanos, pero ampliaron los términos de respuesta de 120 a 180 días. “Fue peor el remedio que la enfermedad, porque no acortaron los plazos sino los alargaron, el Ministerio  hizo todo lo contrario”, precisa el abogado Andrés Carvajal Suárez, experto en el  tema.

 

Una segunda explicación, según el abogado, es que el fenómeno migratorio creció  más que la capacidad de respuesta que tiene el Ministerio de Educación en Colombia. “Un funcionario antes verificaba cinco casos al día,  ahora tiene que verificar de 30 a 50, y eso evidentemente genera una congestión en el sistema de respuesta, tomando más del tiempo establecido”, explica. 

 

La propia normativa tiene una serie de requisitos bastante cuesta arriba que a los solicitantes venezolanos se les hace más complejo de conseguir, como los programas detallados de los programas académicos de cada materia. “En cualquier otro país obtener esos documentos no sería problema, pero en Venezuela no los dan tan rápido, por varias razones: las autoridades académicas ya no están en el país, no hay quién los firme, no hay profesores o las universidades están cerradas por fallas de servicios”, expone Carvajal. 

 

Los migrantes no tienen alternativas rápidas, salvo caer en los gestores en Venezuela  sin garantías de legalidad, y que aprovechándose del desespero de los usuarios les cobran por un documento certificado más de 200 dólares. 

 

Otro problema —añade el abogado—  es que no se cumple el tratamiento diferencial con el pago de la tarifa. Convalidar un título de pregrado cuesta alrededor de 600 mil pesos y el de postgrado, 800 mil pesos. “Para los venezolanos que en su mayoría vienen con una mano adelante y otra atrás se les dificulta mucho conseguir el dinero. Si tienen que decidir entre comer y tratar de convalidar su título prefieren mil veces comprar comida para su familia”, dice Carvajal. 


Si finalmente la convalidación es negada, el solicitante tiene herramientas jurídicas con un recurso de reposición y de apelación, cada uno, en teoría debe ser resuelto en dos meses, pero el Ministerio no responde en ese tiempo sino en cinco o más meses, hasta que el solicitante decide presentar una tutela para obligarlos vía judicial a dar una respuesta. En los últimos cuatro años el bufete Carvajal y Asociados ha presentado más de  400 tutelas por esta situación.

 

“En el mejor de los casos el trámite de convalidación dura 120 días si se reúnen todos los requerimientos, pero en el peor de los casos, con tutelas incluidas, el trámite puede demorar más de dos años”, confiesa el abogado. 

 

A los profesionales venezolanos con especialidades médicas y quirúrgicas son a los que les ponen más trabas para convalidar. Los que integran el comité de verificación académica en el ministerio son en su mayoría representantes de sociedades médicas y científicas colombianas. Por ejemplo, a un médico cirujano les exigen que tenga un certificado de trasplante de corazón abierto, cuando no es una exigencia para los médicos cirujanos nacionales. 



XENOFOBIA

La xenofobia contra la población migrante venezolana se exacerbó este año en las comunidades de acogida con el inicio de la pandemia por la covid-19. En abril pasado, cuando los venezolanos desalojados de las viviendas comenzaron a retornar caminando, en el municipio Pamplona les prohibieron su tránsito por el casco urbano.

 

En agosto, la encuestadora Invamer ‘Colombia Opina’ en su sección dedicada al tema Venezuela, informó que el 39,2 por ciento de la población nacional está de acuerdo con que el Gobierno colombiano acoja a los venezolanos que ingresan al país, mientras que un 57,9 por ciento está en desacuerdo con esta medida. 

 

La opinión desfavorable que se tiene sobre los venezolanos es de 63,4 por ciento, mientras que un 29,9 por ciento de los colombianos considera favorable su presencia en el país. La encuesta, realizada telefónicamente durante el 30 de julio y el 4 de agosto a un millar de personas en municipios colombianos, demostró que el rechazo hacia la población migrante venezolana aumentó de manera importante en dos años. Acorde con la misma medición, en noviembre del  año 2018,  el 49,4 por ciento de los colombianos tenía una posición desfavorable en relación con los venezolanos. 

 

La primera semana de septiembre se difundió por redes sociales un panfleto amenazante, en el que escribieron “No más venezolanos en Suba. Llegará la hora de nuestra cacería inicial”.  “Aprovecharse de la situación en este país para hacer una “purga” de venezolanos, Dios... qué impotencia”, se lamentó la migrante María José González, radicada en el norte de Bogotá. 

 

A pesar de hay campañas contra la discriminación, en el ámbito laboral a Leonardo Márquez, creador de contenido en temas de migración  en las redes sociales  de   @venezolanos_en_bogota e @infoleobog  lo rechazaron cuatro veces. “Apenas abrí mi boca y escucharon el acento venezolano de una vez me cerraron las puertas, y eso que tengo cédula de ciudadanía porque mis padres son colombianos”, dice. 






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