En varias ciudades colombianas, las autoridades han reportado casos de niños venezolanos que son alquilados por sus padres para la mendicidad. Un hecho que estaría en alza.
Dos de marzo de 2021. Varios uniformados de la Policía, Migración Colombia y Personería, entre otros agentes del Estado colombiano, se preparan para lo que será un nuevo operativo en las calles de Bucaramanga, la capital de Santander, a unos 420 kilómetros de Bogotá.
El procedimiento, poco usual en el pasado, ha empezado a volverse rutina con el paso de los meses y la llegada de migrantes venezolanos. En esencia, se trata de algo sencillo que, sin embargo, desenmascara una práctica ruin: comprobar que los niños que deambulan por ahí no estén siendo explotados para la mendicidad. En esa ciudad, en la que se estima ya viven unos 41.000 ciudadanos venezolanos según cifras de Migración Colombia, el alquiler de niños ha dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad de la que cada vez se conocen más casos.
En apenas dos meses del 2021, las autoridades bumanguesas ya capturaron a dos personas que veían acrecentar las limosnas en tanto conmovían a transeúntes utilizando a niños.
—Soy migrante. Cuando mi hijo tenía cuatro meses me ofrecieron que lo prestara para salir a pedir —cuenta una mujer joven, venezolana, que llegó a Colombia hace tres años y relató su vivencia bajo anonimato.
La propuesta nunca se materializó porque ella se rehusó a hacerlo; sin embargo, asegura que no siempre es así. —Conozco a una paisana que entrega a su hija como de dos años y medio. Ella dice: “se llevan mi niña y por la tarde me la traen con lo mío”.
Lo “mío”, dice el personero de Bucaramanga, Daniel Arenas Gamboa, son como 20.000 o 30.000 pesos, algo así como 6 o 7 dólares .
—Ese es el valor que en promedio pagan por el alquiler de un menor durante un día. Entre más chiquito mejor, pues es más fácil controlarlo —dice escuetamente Arenas.
Para encontrar niños ejerciendo la mendicidad basta recorrer algunas cuadras del centro de Bucaramanga. Ese día de marzo, el Grupo Especial Migratorio, coordinado por la Gobernación de Santander y conformado por Policía, Migración Colombia, Personería, Alcaldía y Ejército, identificó después un posible caso de explotación de menores sobre la Carrera 15, una de las vías más transitadas de Bucaramanga.
—Nosotros somos nuevos aquí, llegamos hace dos semanas, no sabíamos cómo es el sistema —justificó Luis, un migrante venezolano quien confesó que con su pareja estaban pidiendo dinero junto a sus hijos de 6 y 8 años. Las autoridades les explicaron que en Colombia no está permitida la mendicidad con menores de edad.
Los niños fueron llevados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde quedó registrado el hecho. En caso de reincidencia, los padres de los pequeños podrían perder la custodia.
—Ya yo sé que no los saco más, nadie me va a quitar a mis hijos que tanto he luchado por sacar adelante —añade Luis. Explica que estaban recogiendo monedas para pagar los 15.000 pesos diarios del lugar donde se hospedan.
—Aquí nosotros somos nadie, si usted no paga diario duerme en la calle, como los perros —dijo el hombre notablemente contrariado.
Obligar o someter a menores de edad para la mendicidad es un delito que puede penalizar de tres a siete años de prisión en Colombia. Foto Astrid Suárez
La explotación de menores, como se tipifica ese delito que hace parte del flagelo de trata de personas, es una p?actica cruel que podría estar aumentando en Colombia. Según la Policía de Infancia y Adolescencia, en 2020 fueron capturadas 14 personas —cuatro más que en 2019— por ese comportamiento en todo el país, diez mujeres y cuatro hombres, la mayoría migrantes venezolanos. El reporte indica que en Medellín hubo cuatro capturas, en Cartagena tres más, en Armenia dos y sendas capturas en Cali, Bucaramanga, Quibdó, Duitama y Montería. Y en 2021, para finales de marzo, las autoridades ya habían reportado nueve capturas.
En esa última ciudad, precisamente, fue capturada el 1 de enero de 2021 una mujer migrante de 35 años, quien presuntamente utilizaba a su hijo de 12 años para mendigar. La policía le estaba haciendo seguimiento y la identificaron como alias “la Gorda”. Fue detenida en flagrancia en el centro de la ciudad.
Las autoridades dan cuenta de otro caso este año, en febrero, en Medellín. Un hombre de 31 años usaba a un menor para pedir limosna con un cartel que decía: “Hola soy venezolano discapacitado sordo y tengo 2 hijos y no tengo ayuda. Si me desean ayudar con lo que puedan, Dios los bendiga”. Al ver a la policía, el hombre intentó huir y cuando notó que el niño no podía correr con la misma velocidad lo empujó, causándole una herida en la cabeza.
Hasta el día del operativo en el centro de Bucaramanga, las autoridades de esa ciudad llevaban en el 2021 dos capturas por explotación de menores —un delito que puede dar de tres a siete años de prisión— y habían activado la ruta de protección para 30 menores usados en mendicidad, confirmó la Policía Metropolitana de esa ciudad al Proyecto Migración Venezuela.
—En el Comité Departamental de Lucha Contra la Trata de Personas se le hace seguimiento a cada uno de esos casos, que cursan en la Fiscalía —agregó Cristian Montezuma, abogado de la Secretaría del Interior de Santander.
«Como consecuencia de las crisis migratorias hay un aumento en los reportes de violencia sexual, en los embarazos de adolescentes y en el trabajo infantil. La educación es clave para garantizar un espacio seguro que prevenga que el ciclo de violación de los derechos de niños y niñas migrantes y refugiados»
Dominika Arseniuk, directora del Consejo Noruego para Refugiados para Colombia, Ecuador y Panamá.
Dopados, denuncia un concejal
Una de las primeras voces en denunciar en 2019 la situación en la capital santandereana fue el concejal Jaime Andrés Beltrán. El cabildante, incluso, fue más allá.
—No solo alquilan a los niños. También los dopan para que se estén quietos durante el día —denunció.
Beltrán recopiló evidencias que incluyen videos de una cámara escondida en la que una persona visita una droguería ubicada en el centro de la ciudad y solicita medicamentos psiquiátricos para dopar a los menores. “¿Seguro que no le hace daño al niño?”, pregunta la compradora, a lo que responde quien atiende la farmacia: “Por eso le digo que le dé solo cinco gotas”. Buscando más detalles sobre el medicamento llamado levomepromazina, la mujer añade: “¿Se las doy cuando ya esté en el semáforo?”, y el vendedor con voz tranquila le dice: “Sí, o antes, cuando se vayan”.
Sin embargo, ni el Comité de Trata de la Gobernación, ni las instituciones consultadas han podido corroborar que los menores sean dopados para ejercer la mendicidad. El resultado más cercano lo obtuvieron las autoridades en noviembre de 2020 con la captura de cinco integrantes de la banda “Los Fármacos”, que tenía como fachada una droguería ubicada en el centro de Bucaramanga en la que vendían medicamentos de uso controlado de manera ilegal. Se trata de la misma farmacia en la que entró la cámara escondida del concejal un año antes de que se lograran las capturas.
Pero, ¿cómo proteger a los menores de una práctica que no es nueva ni tampoco exclusiva de las migraciones? La respuesta la aporta Dominika Arseniuk, directora del Consejo Noruego para Refugiados para Colombia, Ecuador y Panamá. Ella advierte que como consecuencia de las crisis migratorias hay un aumento en los reportes de violencia sexual, en los embarazos de adolescentes y en el trabajo infantil.
—No obstante, en el actual contexto, la educación es clave para garantizar un espacio seguro que prevenga que el ciclo de violación de los derechos de niños y niñas migrantes y refugiados se prolonge indefinidamente —dice.
Para Arseniuk, la estrategia tiene que ver con inversión. —Es vital que el Gobierno, con el apoyo decidido de la comunidad internacional, financie el sector educativo para garantizar que los salones de clase cumplan con las normas necesarias para volver a la infraestructura escolar o se dispongan de todos los medios necesarios para no dejar a ningún niño o niña migrante o refugiada sin educación —sentencia.
Por su parte, el secretario del Interior de la Gobernación de Santander, Camilo Arenas Valdivieso, ve la solución al problema en la implementación del Estatuto Temporal de Protección al migrante venezolano, que empezó a andar el pasado 1 de marzo y que tiene como propósito regularizar la situación de cerca de un millón de venezolanos.
—Eso va a generar núcleos familiares sólidos, les va a dar la posibilidad a los niños de tener una familias mucho más estables y no transitorias dentro del entorno —dijo el funcionario.
Y aunque los niños siguen desprotegidos en las calles, el congreso colombiano discute un proyecto de ley para aumentar la severidad de las penas para quienes usen a sus hijos o permitan que sean explotados para mendigar. Por ahora no hay más esperanzas.
Por: Astrid Suárez @Astrid_Suarezg
