El pasado 30 de julio, María José Bohórquez se acercó a los servicios de urgencias del Hospital Meissen en Bogotá. Esta venezolana de 20 años, proveniente de Maracaibo, la capital del estado Zulia, temía por la vida de su hijo. Tiene cinco meses de embarazo y, tras una infección, quería saber el estado de salud de su pequeño, que espera conocer al final del año.
Preocupada y frustrada. Esas fueron las sensaciones que le dejó a María José su experiencia en ese centro médico del sur de la capital colombiana. Las mismas que experimentaría nuevamente en otros dos hospitales de la ciudad en el mismo día.
“Me dijeron que si era venezolana y no tenía PEP, no tenía nada qué hablar con la trabajadora social”, cuenta María José sobre la primera negativa de la jornada. Sin atención, se dirigió a la EPS Capital Salud, la entidad promotora de salud administrada públicamente por el Distrito, donde nuevamente su irregularidad migratoria fue el principal motivo para no ser atendida.
Tuvo que visitar un tercer centro médico para recibir una mínima atención. Caminó casi 40 minutos hasta el Hospital el Tunal, donde revisaron su situación y le indicaron que presentaba un riesgo de infección o incluso una amenaza de parto pretérmito. Pese a este diagnóstico, la institución de salud, que por estos días se ha concentrado en atender a los pacientes contagiados con el coronavirus, le sugirió asistir a Migración Colombia y obtener el Permiso Especial de Permanencia, aun cuando las oficinas de la entidad migratoria han estado cerradas por cuenta de la cuarentena y los trámites para regularizar el estatus migratorio se han detenido.
“Yo solo quiero hablar con alguien para saber qué hacer. Si no, que me devuelvan a Venezuela, porque ¿qué puedo hacer yo si no me quieren atender acá? La salud de mi bebé es lo más importante”, denuncia con impotencia Bohórquez, quien llegó a Colombia el 5 de diciembre de 2019 y, a raíz de la pandemia, perdió su empleo en una tienda de accesorios.
María José es solo una más de los miles de venezolanos que han encontrados dificultades para acceder al sistema de salud en el país. De hecho, según la plataforma Respuesta por Venezuela (R4V) del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, de las personas que necesitaron un tratamiento médico desde que inició el aislamiento preventivo obligatorio, el 58 por ciento informó que se le presentó alguna limitación para acceder a este.
En Bogotá, la situación es peor. De todos los encuestados, el 21 por ciento aseguró que, cuando necesitó acceder a un servicio médico, encontró alguna barrera, lo cual pone a la capital en el primer puesto de mayores dificultades para gozar de su derecho a la salud.
Para María José, ese 30 de julio no era la primera vez que recibía negativas en un centro médico de la ciudad. Si bien le habían prestado atención en el Hospital El Carmen, donde le aplicaron la vacuna de la gripa que se pone a las 14 semana del embarazo, en el mes de abril visitó el Hospital de Kennedy para saber cómo era el estado de su bebé. Sin el PEP, no pudo ser atendida.
Respecto a esto, Federico Ramírez, funcionario de la Secretaría de Salud de Bogotá, explica que María José Bohórquez necesitaba era un ginecólogo, es decir, una consulta especializada. Para acceder a esta, asegura el funcionario, debía haber resuelto su situación migratoria. “No es solo nosotros. Es a nivel nacional que se debe tener una migración regularizada para la atención”, dice Ramírez.
El funcionario del Distrito asegura que, como la necesidad de María José no era una urgencia crítica dentro de la clasificación Triage, no debía ser atendida por el centro médico. A lo que se refiere con esta clasificación es a la categorización que ha hecho el Ministerio de Salud para determinar la gravedad y necesidad de una atención en los servicios de urgencia, según la cual María José no presentaba riesgos a su vida, ni sus síntomas representan un riesgo de perder uno de sus miembros o sus órganos.
Sin embargo, lo que el funcionario no menciona es que el mismo Ministerio de Salud ha decretado en diferentes ocasiones que las madres gestantes, sin importar su condición migratoria, deben ser atendidas en los hospitales públicos del país.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, precisó al Proyecto Migración Venezuela que el sistema de salud colombiano no le ha negado atención a los ciudadanos proveneientes del vecino país, ni siquiera a los que se encuentran con estatus migratorio irregular. “De acuerdo con la información reportada por IPS a través de la Circular 029 de 2017, de enero a marzo de 2020 se realizaron 790.184 atenciones, a un total de 155.463 ciudadanos extranjeros de origen venezolano. Y en el periodo del 1 de marzo al 30 de abril de 2020, se han reportado al Ministerio de Salud un total de 390.122 atenciones en salud prestadas a 91.920 personas procedentes de Venezuela”, precisó el ministro.
En relación con las denuncias de migrantes venezolanos sobre el rechazo y la discriminación en los hospitales, el ministro aclaró que han desarrollado un despliegue territorial para la adaptación del plan de respuesta al fenómeno migratorio del sector salud. “Hemos vinculado acciones para la prevención de la xenofobia y la discriminación a la población migrante”, finalizó Ruiz Gómez.
Entre tanto, María José espera que las palabras del ministro hagan eco en los funcionarios que a ella le negaron la atención, pues lo último que quisiera es que, a las deudas que ya junta por el arriendo que no ha podido pagar, se sumen los costos de los exámenes médicos que requerirá en los cuatro meses que le quedan de embarazo.
Por: Daniel José Galvis @danielgalvisj
