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"Hay un trato inhumano con los migrantes retornados": ONG venezolana

FundaRedes denunció que los sitios donde están albergando a los migrantes no son aptos para aislarlos en cuarentena. | Por: FUNDAREDES




Por: Milagros Palomares @milapalomares

abril 12 de 2020

Un llamado de atención al planeta por la emergencia humanitaria  que padecen los venezolanos  — agravada con la pandemia por el covid-19 — clamó Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, defensora de los derechos humanos en ese país.

Según Tarazona, en estas condiciones se adiciona un problema mayor: la improvisación del Gobierno de Nicolás Maduro con el recibimiento de miles de migrantes que han retornado a Venezuela por la frontera en los últimos días. 

FundaRedes ha denunciado la presencia y activación de grupos armados irregulares en el estado Táchira en medio de este convulsionado escenario fronterizo.

 

¿Qué diagnóstico hace frente al retorno de los migrantes venezolanos por las zonas fronterizas de Táchira, Arauca y Guajira, y cuál es la propuesta que hace para conseguir soluciones?

El diagnóstico que podemos hacer es que estamos frente a una emergencia humanitaria compleja continuada. En Venezuela, en los últimos años este contexto opresivo ha llevado a que millones de venezolanos de manera forzada salgan del país a buscar lo más básico: alimentos. Esta migración forzada ha generado en este tiempo de la pandemia consecuencias directas sobre esta población vulnerable al no poder mantenerse por la paralización completa de la economía informal en los países de acogida como Colombia y Ecuador.

En Venezuela lamentablemente hay una improvisación para brindarle ayuda a estos hermanos, hay un trato inhumano, como siempre el régimen está tratando de sacar mayor provecho comunicacional del tema. Se hace una cosa y se dice otra; se ha manifestado que la atención es digna, les dicen: vénganse, retornen, estamos de puertas abiertas, pero en realidad el trato no es ideal.

No hay suficientes pruebas de covid-19 para los venezolanos retornados. Las pruebas rápidas no son 100% confiables, el diagnóstico está lleno de incertidumbre. Las pocas pruebas profundas tardan muchos días para que las lleven a Caracas, esto genera que las personas con síntomas estén siendo ubicadas en espacios de alojamiento no aptos, en escuelas, liceos y universidades.

FundaRedes ha hecho un monitoreo constante en la frontera, lo que ocurre en Apure, municipio Páez, y en Táchira, en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, San Cristóbal y municipio Junín. Desde hace más de dos semanas propusimos hacer un plan de contingencia real que permitiera habilitar un corredor aéreo a través de cuatro aeropuertos que se tienen en el estado Táchira, para trasladar a estos hermanos aplicando los controles sanitarios, aliviando la carga.

 

¿Cuáles son las violaciones que en materia de Derechos Humanos se están presentando con el retorno de los migrantes venezolanos?

Es un tema de multiplicar las razones por las que se fueron. Si emigraron porque no tenían qué comer, ellos han regresado y encontraron un país en peores circunstancias que como lo dejaron, lamentablemente eso termina afectando y violentando sus derechos humanos. No tener en este momento no solo la garantía de los servicios públicos: agua potable, luz y gas y alimentación, sino estar en un lugar de vulnerabilidad muy alto porque si no se contagian de covid-19 se pueden contagiar de cualquier otra enfermedad. Esto lo hemos denunciado a las instancias locales, hemos solicitado por escrito a la Redi Andes, instancia militar nacional que se encarga de administrar las órdenes del decreto nacional de la cuarentena por el covid-19, y lo que hemos visto que no hay acciones concretas para ello.
 

 


«No hay las condiciones mínimas en el Táchira para albergar a tantos venezolanos retornados. En los municipios donde se ha buscado alojarlos no hay agua potable, ni energía eléctrica, las sedes no tienen duchas, y se está afectando a las comunidades aledañas, generando daños a la infraestructura».

Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes


 

 

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Javier Tarazona es el director de FundaRedes, una ONG promotora y defensora de los Derechos Humanos. 

 

Venezolanos que han regresado por Táchira denuncian desapariciones de personas que se han atrevido a alzar la voz por las condiciones en las que los están albergando. ¿Qué reporte tienen de esta situación?

Lo que sí hemos tenido conocimiento es que los migrantes han sido amenazados por reportar, tomar fotografías, enviar audios. Son intimidados en los albergues, los mandan a zonas con dificultad de accesos a datos de internet y líneas telefónicas. Hemos observado cómo se les ha obligado a grabar testimonios donde dicen que son revolucionarios para que supuestamente les garanticen que van a tener un trato diferenciado y que les van a llevar a sus regiones de origen.

Es una situación bastante perversa y lamentable que esté ocurriendo. Se han filtrado testimonios de personas, incluso han grabado videos diciendo que el primer video que grabaron no es tan así, que no se politice. Pero realmente se evidencia que están ejerciendo una presión sobre los migrantes.

 

¿Es factible que aíslen en cuarentena a los retornados en los cuarteles militares en vez de liceos y colegios?

Hay centros de formación militar permanente como la escuela de guardias de Cordero o la escuela militar de Michelena. Existe la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas que también tiene condiciones para la pernocta, grandes comedores y dormitorios. Estas instituciones no están operando por la gran deserción de miembros de Fuerzas Armadas.  Por el contrario, prefieren llevar a los retornados a instituciones educativas que no reúnen los más mínimos requisitos de habitabilidad. Bien pudieran llevarlos a los cuarteles del Ejército, pero hay un discurso ambivalente de protección.

 

¿Comparte la propuesta de la gobernadora Laidy Gómez de que cada gobernador se haga cargo de sus ciudadanos para que el estado Táchira no colapse?

Antes de ese pronunciamiento nosotros  habíamos presentado públicamente la necesidad de que se descongestionara el estado Táchira. Ciertamente la gobernadora sabe que la región del Táchira no tiene las condiciones para dar esa respuesta y dar garantía de que se respeten los derechos humanos de quienes regresan al país.

 

Antes de este retorno masivo estaba habilitado un canal humanitario para pacientes crónicos que requieren medicinas y tratamientos en Colombia ¿Aún sigue abierto este canal?

El canal humanitario estuvo abierto hasta la semana pasada, no para todos los pacientes sino para las personas que tenían tratamientos de diálisis programadas en la ciudad de Cúcuta. Nosotros hemos solicitado a la Redi Andes, y al presidente de Colombia Iván Duque le enviamos una carta el 23 de marzo donde solicitábamos un corredor humanitario para los pacientes crónicos. En Venezuela en los últimos años lamentablemente no hay garantías de insumos médicos, ni condiciones mínimas para resguardar la salud. En este momento los pacientes con enfermedades crónicas están sentenciados a muerte en Venezuela, porque no hay garantía de conseguir medicamentos. Estas fueron una de las razones que hace más de dos años motivaron y exigieron a pedir que se permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela porque no hay condiciones mínimas ni garantía de insumos médicos para estos pacientes.


 

 

Usted ha denunciado la presencia de grupos guerrilleros armados en comunidades del Táchira, incluso actos de intimidación  del ELN a directivos de instituciones para que cedan esos espacios a los migrantes ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Lo han denunciado formalmente ante la OEA, CIDH o la ONU?

Ciertamente hemos denunciado ante instancias internacionales la presencia de grupos guerrilleros armados en instituciones educativas del estado Táchira, en el colegio Las Marianas en Capacho, hemos detectado el 8 de abril cómo se apersonó el alcalde de Capacho viejo, producto de movilización de  la comunidad que tenía un miedo colectivo  se apersonó al plantel y se negaban a permitir que el colegio fuera usado como alojamiento de los migrantes porque no tenían las condiciones ni agua para albergarlos.  Al verse el alcalde presionado él hizo un llamado telefónico a unos hombres armados que se hicieron presente, cuatro hombres con fusiles en mano.

Prácticamente es de conocimiento público que en el sector Cedralito, donde ocurrió ese incidente, hay miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esta zona opera una compañía del frente Gustavo Villamizar, comandado por una mujer blanca apodada “Selva”  y en los últimos meses operan libremente en este territorio tachirense, presionando y extorsionando a los comerciantes, tomando el control de esta y otras zonas del Táchira como por ejemplo: Lobatera, en el municipio Ayacucho, donde el ELN viene reclutando y adoctrinando venezolanos para hacer sus operaciones.

Es característico en ellos el uso de indumentaria militar con botas de caucho y se tapan el rostro. En el municipio Ayacucho denunciamos que estaban hombres del ELN amedrentando a la población. Durante febrero y marzo los niveles de confrontación entre grupos paramilitares armados, Los Rastrojos,  La Nimia y El ELN tuvieron enfrentamientos por el control de estos territorios y pasos ilegales entre Colombia y Venezuela que ha sido permanente, específicamente en la aldea Cascarí, Mata de Curo, Caño Arenoso, que limitan con Colombia por la aldea La China. Todo esto frente a la inacción del estado venezolano, hacemos un nuevo llamado a las fuerzas armadas, la defensoría, la fiscalía y cuerpos policiales a que actúen.

 

En Venezuela desde hace muchos años no hay estadísticas sanitarias ¿Se están reportando los casos que dan positivo de covid-19 con el alto flujo de personas ingresando por la frontera?

Por esto es que se ha caracterizado la emergencia sanitaria compleja en salud porque no hay cifras oficiales en salud ni en ningún otro ámbito. Durante el tiempo de cuarentena han ocurrido más de 20 detenciones arbitrarias o persecuciones políticas, producto de publicar cifras distintas a las que maneja el Gobierno, de hecho periodistas han sido detenidos y activistas de derechos humanos.

Los que hoy dicen esas cifras oficiales del Gobierno son los mismos que  en su momento decían que Chávez estaba vivo, que iba en franca recuperación, y a los días notificaron que murió. Los mismos que han negado que existen condiciones precarias en Venezuela como para ingresar la ayuda humanitaria son los que le han mentido a la comunidad internacional sobre la realidad en Venezuela. Estamos al frente de un régimen dictatorial que les encanta manipular las cifras.

 

FundaRedes ha hecho investigaciones sobre los pasos ilegales. ¿Qué escenarios han encontrado en las llamadas trochas, más usadas con los cierres de frontera?

Nosotros tenemos varios estudios sobre las trochas, son cementerios permanente y escenarios de crímenes dantescos. Durante el cierre de frontera son zonas de flujo permanente de personas y son espacios de ingresos económicos paralelos enormes, donde los militares de alto rango conocen, administran las 250 trochas que hemos documentado, colocan incluso funcionarios militares para la recaudación en estos pasos ilegales. Esto no es oculto, cada una de las trochas tiene su número y nombre; desde el Táchira, Perijá, La Guajira hasta Amazonas. Tenemos 2.20 kilómetros de frontera con Colombia y todos los pasos ilegales tienen conocimiento de causa del estado venezolano usados para actividades ilícitas y todas generan ganancia al estamento militra venezolano. 

 

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La ONG venezolana FundaRedes  denunció el 10 de abril que en la población de Colón (Táchira) hombres armados encapuchados amenazaron a vecinos del barrio Los Chaguaramos. 






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