La esperanza de reactivación económica con Venezuela brilló por cuenta del anuncio del Gobierno de abrir la frontera. Sin embargo, todavía queda un obstáculo que parece infranqueable: las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Aunque la frontera con Venezuela lleva cerrada más de un año —desde el 14 de marzo de 2020—, el paso ilegal de personas e incluso de vehículos cargados con mercancías y materias primas no ha parado ni un solo día y, más que empuje económico para la región, ha terminado por fortalecer mafias y grupos armados.
Son decenas de trochas y pasos ilegales en medio de más de 2 mil kilómetros de frontera por donde no solo el intercambio comercial se ha abierto camino. También un puñado de actividades ilegales. Tan solo en enero, autoridades de Norte de Santander estimaron que unos 25 mil migrantes y refugiados venezolanos ingresaron al país por 39 pasos irregulares entre Puerto Santander, Cúcuta y Villa del Rosario.
La escena del caserío Llano de Jorge, en el municipio Bolívar del estado Táchira (Venezuela), se repite una y otra vez. Quien quiera pasar con su vehículo hasta el corregimiento Juan Frío, en Villa del Rosario, del lado colombiano, debe pagar al salir y al entrar.
“Dependiendo del modelo del carro, le cobran a uno entre 300 mil y 600 mil pesos”, dice un comerciante que pidió la reserva de su nombre. “Cobran también mil pesos por cada paquete con seis bolsas de leche, dos mil por cada kilo de harina de maíz y mil pesos por cada cubeta de huevos”.
El cierre ha sido devastador, en temas humanitarios y también en temas económicos. En Norte de Santander, desde hace seis años no transitan vehículos por los puentes internacionales, desde hace dos no pasan mercancías legalmente por las aduanas de San Antonio del Táchira y Ureña y, desde hace un año por cuenta de la pandemia, la población pendular se ha visto obligada a cruzar por las trochas a expensas de las bandas criminales y de morir en medio de las crecidas del río Táchira, como ocurrió con tres venezolanos en abril anterior.
Eso podría aliviarse en parte este martes, cuando se materialice la apertura de la frontera anunciada por el Gobierno. El cierre ocasionó, según la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, una contracción económica cercana al 80 por ciento. La ilegalidad movió al menos 1.800 millones de dólares en 2020, mientras que el comercio legal cerró el año pasado con la lánguida cifra de 250 millones de dólares, explica Germán Umaña, director de esa entidad.
En gran medida, la afectación está ligada a la población pendular venezolana. De ahí que el anuncio del Gobierno nacional de una reapertura gradual peatonal fuera interpretado por comerciantes y gremios como un avance hacia la reactivación de la economía en la frontera y la recuperación de las actividades productivas.
Para Umaña, la reactivación del comercio pendular servirá particularmente para incentivar el comercio en Cúcuta que —asegura— representa el 95 por ciento del tejido empresarial y ello se haría evidente en el incremento del intercambio de materias primas, bienes intermedios y productos terminados. “Con la autorización para la circulación de personas desde el 1 de junio, esperamos que en tres meses el comercio legal ascienda a un valor próximo a los 800 millones de dólares”, dice el experto.
Uno de los voceros de Nicolás Maduro, el llamado Protector del Estado Táchira, se reunió esta semana con Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander. Acordaron comisiones para la reapertura gradual de la frontera. Foto Freddy Bernal
Esta reactivación beneficiaría principalmente a los sectores de alimentos, agroindustria, medicamentos y el de piezas y partes para maquinaria; correspondientes a las principales necesidades de la población del vecino país.
“Sabemos que con la apertura, haciéndola legal y visible se van a reactivar las compras y con ello la economía. Este es un primer paso para que se levanten los contenedores y se reactive el intercambio comercial”, dice por su parte Lucas Gómez, designado por el presidente Iván Duque para abordar la crisis migratoria desde Venezuela.
Del otro lado de la frontera, por ahora, Nicolás Maduro insiste en reclamar el reconocimiento del gobierno colombiano como presidente de Venezuela y ha pedido que la reapertura sea coordinada en conjunto. “Nada unilateral va a funcionar”, dijo. En ese mismo sentido se pronunció el llamado Protector del estado Táchira, Freddy Bernal, quien sostuvo una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Norte de Santander. Ahí, Bernal ratificó la “voluntad política” de avanzar en una apertura controlada y progresiva de la frontera, siempre y cuando las autoridades colombianas reconozcan que Nicolás Maduro es el legítimo presidente de Venezuela y así se pueda reanudar las relaciones diplomáticas, lo que por ahora parece imposible.
“Yo sueño el día en que vea pasar la primera gandola comercial por el puente internacional Simón Bolívar, ese día será un día de fiesta para todo el Táchira y para el pueblo de Norte de Santander”, afirmó Bernal al tiempo que se mostraba a favor de retirar definitivamente los contenedores instalados por su gobierno para bloquear los puentes internacionales. Y aunque sin duda esto despierta las esperanzas de muchos, aún la pregunta que queda es la de ¿qué tanto estarán dispuestos a ceder ambos gobiernos?
Por: M. Palomares / I. Córdoba / L. Cristancho