Cuando la nevera quedó vacía y el confinamiento obligatorio se tradujo en días de mora en el pago del arriendo, a Roraima Daversa no le quedó otra opción que empezar a caminar. Lo hizo de la mano de su hijo de 9 años y con otros siete familiares. Empacaron lo más esencial, llenaron botellas plásticas con agua, compraron una bolsa de pan, se persignaron y comenzaron la travesía de regreso a Venezuela. 

Llevaban un año viviendo en el barrio Julio Flores, en el centro de Bogotá. Llegaron en 2019 huyendo del hambre que padecieron en Guanare, Venezuela, e impulsados por la caridad de quienes encontraron en el camino hasta San Antonio del Táchira. Ya en la frontera, dieron lo que tenían por unos pasajes de flota hasta la capital colombiana.

Ahora las cosas se tornaron difíciles. Un reciente estudio del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, coordinado por las Naciones Unidas, difundió una cifra angustiosa. Después de las medidas de aislamiento obligatorio, el 95 por ciento de los hogares venezolanos en Colombia tiene necesidades de alimentación.

Por eso Roraima y su familia decidieron recoger los pasos y enfrentar un camino que se volvió más agreste. Las cifras lo demuestran. Antes de la covid-19, por ejemplo, el porcentaje de colombianos que veía a los migrantes como una amenaza para la seguridad ciudadana era del 40 por ciento, según datos de la Encuesta de Percepción del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela. Durante la pandemia, las cifras muestran un incremento en el sentimiento de rechazo, con un 53 por ciento de desaprobación de los colombianos.

Robos, violencia sexual, accidentes en las vías y amenazas de grupos armados parecieran indicar el camino de regreso. Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo refirió recientemente que el ELN asesinó a una mujer venezolana en Fortul (Arauca) mientras que las disidencias de las Farc emitieron un panfleto en Arauquita advirtiendoles a los extranjeros que “de no acatar la orden serían objeto de acciones contra sus vidas”. Asimismo, en Buenos Aires (Cauca) las disidencias de las Farc declararon objetivo militar a trabajadoras sexuales y ciudadanos venezolanos.

Como si fuera poco, hay que mencionar también la casi ausencia de cooperación internacional en viajes de retorno en coherencia con la política de que avalarlos es aprobar la vulneración de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro.

“La xenofobia está por todos lados”, dice Alba Rada, de la Fundación Radaber, que dona refrigerios a caminantes en el trayecto Tocancipá – Tunja. “La gente no quiere acercarse a los venezolanos y la Policía los corre de un lado a otro. No los dejan entrar al casco urbano y muchas veces deben quedarse a orillas de la carretera”, denunció la líder social.

Como ella, decenas de organizaciones y colectivos diferentes dan cuenta de lo mismo. José Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, habla de la ruta mortal del Páramo de Berlín, entre los Santanderes. “Como nuestros albergues permanecen cerrados, es prácticamente imposible dar abrigo o un plato de comida caliente. Y por ahí transitan a pie entre 100 y 200 caminantes al día”, sentencia. 

La Alcaldía de Cali organizó seis corredores humanitarios y trasladó a 1.286 venezolanos a la frontera. @AFP

«Cerca del páramo La Línea, en el Eje Cafetero,  a muchos caminantes venezolanos les han robado sus pertenencias. Los atacan los hinchas (delincuentes) y les quitan lo poquito que llevan. Debe haber seguridad en esta zona, sobre todo para esta población vulnerable que no tiene recursos para pagar un transporte».

Deixon Alberto Romero, director  de la Fundación de Venezolanos en Quindío

En el suroccidente, en la ruta Panamericana, la trabajadora social María de Los Ángeles Ramírez, de la ONG Solidaridad Activa, monitorea desde hace dos meses, cuatro veces al día, el panorama de los caminantes. Ella afirma que un joven de unos 25 años que venía de Ecuador caminando  cayó muerto en la carretera que de Caldono conduce a Santander de Quilichao, en Cauca. “Me dijeron que venía en muy malas condiciones de salud, caminó demasiado y no aguantó”, se lamentó.
 

Son muchos los peligros a los que se exponen los venezolanos caminando por las arterias viales de Colombia. Carlos Parada, de 21 años, estuvo a punto de perder su vida el pasado cinco de mayo cuando un camión lo atropelló y lo dejó tirado en la carretera de Jamundí con una fractura en la clavícula. “El joven venía caminando con otras personas desde Perú, no lo acompañaba ningún familiar. Personal paramédico de una ambulancia lo auxilió y lo llevaron a una clínica de Cali, allí estuvo hospitalizado tres días”, detalló Yanira González, coordinadora departamental de la asociación Colvenz, en Valle del Cauca y la región del Pacífico. “Por situaciones como esa es que nosotros no avalamos los retornos”, enfatiza. 

Al llegar a Venezuela, los retornados encuentran un país peor del que dejaron: el hambre gana la batalla en los barrios, debido a la hiperinflación y a una escasez más fuerte de alimentos. La falta de combustible hace difícil continuar el tránsito hasta las ciudades de origen. El trato que les dan en los albergues de la frontera es inhumano, no hay libertad para expresarse, según ha denunciado Javier Tarazona, de la ONG de Derechos Humanos, FundaRedes. “En los estados fronterizos de Venezuela, como el Táchira, sus habitantes han padecido hasta 45 horas sin energía durante un fin de semana”. 

Represamiento en la frontera 
Uno de los asuntos que más preocupa a las autoridades migratorias es el represamiento en la frontera. De acuerdo con el más reciente reporte de  Migración Colombia, unos 52 mil ciudadanos venezolanos han retornado voluntariamente a su país, 27 mil de ellos durante los primeros tres días de la cuarentena. 

Y se calcula que alcaldías y gobernaciones en todo el país han gestionado más de 300 viajes en bus hasta las fronteras de Cúcuta, Arauca, Paraguachón y Puerto Inírida. 

En Valle del Cauca, Diana Cuevas, presidenta de la Fundación Unión Colombia y Venezuela (Funcolven), censó a 600 familias venezolanas que voluntariamente expresaron el deseo de retornar a su país. La Alcaldía de Cali ha enviado a través de corredores humanitarios a 1.286 personas.

“Ya no tenemos más recursos para seguir retornando a migrantes”, se quejó Jorge Iván Ospina, alcalde de esa ciudad, luego de ayudar a retornar regreso a otros 506 ciudadanos venezolanos que habían quedado en situación de calle y que por más de una semana durmieron a las afueras del Centro Administrativo Municipal (CAM).

Una situación similar enfrentan las autoridades de Norte de Santander. De acuerdo con el Secretario de Fronteras de este departamento, Víctor Bautista, 42.642 venezolanos han regresado por este punto fronterizo del Puente Internacional Simón Bolívar desde el pasado 14 de marzo.

“Desde hace 15 días tenemos represamiento de migrantes en la frontera, y esto para nosotros representa una crisis porque significa que a esta población hay que atenderla, darle alimentación y servicios, ya que llega gran cantidad de niños pequeños y mujeres embarazadas”, apuntó Bautista.

Las ciudades de donde más están retornando son: Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Pereira y Neiva. El tamizaje en este paso lo apoyan las secretarías de salud de las alcaldías Los Patios, Cúcuta y Villa del Rosario, el Instituto Departamental de Salud, la Organización Panamericana de Salud (OPS) y Acnur.

Cada día arriban al menos siete buses a la frontera en Cúcuta. Y a eso se suma los que llegan a pie. “Nos preocupa el incremento de los caminantes. Antes se veían grupos de 15 a 20 personas y últimamente se ven grupos de 80 a 100. Son personas que llegan en muy malas condiciones físicas, malnutridos, con niños en brazos, lesionados y afectados por la inclemencia del tiempo. A ellos también se les incluye con los protocolos de atención en los pasos humanitarios”, apuntó Bautista. 

Los alcaldes de Norte de Santander llaman a la Secretaría de Fronteras angustiados porque no cuentan con recursos para atender a esta población de caminantes. 

La preocupación de las autoridades es la misma de lado y lado de la frontera: la capacidad que tienen los funcionarios de migración en Venezuela de recibir connacionales es de apenas 300 personas por día.  

En ese sentido, las aglomeraciones se han vuelto habituales y las imágenes de niños y ancianos durmiendo en buses, o en la calle, se han vuelto recurrentes.  Aun así,  Roraima Daversa y su familia anhelan llegar a ese lugar. Al cierre de esta edición, se acercaban a Tunja  (Boyacá), a cientos de kilómetros. Con pesar, la venezolana de 26 años expresó: “Ya no tenemos fuerzas para seguir avanzando, mi hijo y mis sobrinos dicen que ya no pueden más, tenemos ampollas en los pies”.

Por: Milagros Palomares @milapalomares