a noticia sobre la aprobación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes venezolanos ha sido aplaudida por diferentes sectores nacionales e internacionales. Colombia es hoy el gran ejemplo a seguir en la región, según los elogiadores. Sin lugar a dudas, este paso es importante para lograr la integración de la población migrante venezolana, pero es prematuro afirmar que Colombia y su Gobierno nacional están del lado de la población migrante y de la garantía de sus derechos.
Frente a esta iniciativa permanecen algunos interrogantes frente al desarrollo de una política pública migratoria y su implementación. Además, cabe recordar, como lo dice el Decreto, que este avance ya era una apuesta del CONPES 3950 de 2018, que a propósito, aún no ha logrado desarrollarse de manera articulada entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.
Uno de los interrogantes es si el Estatuto es realmente un mecanismo para garantizar los derechos de los migrantes o solo un mecanismo que permita el control de dicha población, pues es claro que este permiso temporal no da el estatus de ciudadanía.
Si bien el Decreto deja claro el proceso de regularización y posterior acceso al permiso que autoriza a los migrantes a permanecer en el territorio nacional y vincularse laboralmente bajo las mismas condiciones que los colombianos (condiciones que de por sí dejan mucho que desear frente al alto índice de trabajo informal y a las condiciones paupérrimas en que se encuentra la población en el país) quedan dudas sobre el acceso a derechos como la salud, la vivienda y la educación, en el caso de no lograr vincularse laboralmente. De hecho, ya los migrantes podían acceder a la atención de urgencias y a la educación.
Ahora bien, cabe pensar el Estatuto como una forma de controlar a la población venezolana a partir de la lectura del ABC promovido por Migración Colombia y de algunas de las declaraciones de sus funcionarios, donde parte de la justificación del Estatuto aloja un discurso político en relación con las condiciones de Venezuela, afirmando que el país se deteriora cada día más y por ello, más de cinco millones de venezolanos se han visto obligados a salir.
Críticas que siempre olvidan la historia de millones de personas colombianas que tuvieron que huir de sus lugares de origen hacia otras latitudes o a otras regiones del país, y frente a las cuales el Estado colombiano tiene deudas pendientes porque más allá de las ayudas humanitarias, no ha logrado garantizar la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas en condición de desplazamiento.
Pero lo que más impacta del argumento para la creación del Estatuto migratorio, son aquellas frases de tinte xenófobo como donde afirman que “La llegada masiva de venezolanos a Colombia en condición de irregularidad genera un desplazamiento de la oferta del trabajo, que implica reducción en salarios y disminución en el empleo de trabajadores nativos” o que “la irregularidad implica disminución en aportes de los migrantes a la economía”. Sin lugar a dudas, la joya del argumento radica en la relación migración e inseguridad, pues aseguran que “El no saber quién se encuentra dentro del territorio nacional, no solo representa un riesgo en materia de seguridad… No regularizar dificulta la identificación y judicialización de los migrantes”.
En ningún momento desestimo la importancia de la regularización de la condición de las personas migrantes, pero Colombia tiene desafíos importantes que no pueden limitarse al discurso. Aún está pendiente la materialización del CONPES 3950 de 2018 y demás políticas de manera articulada que eviten, como es costumbre, el desplazamiento de las responsabilidades a las entidades territoriales, pues estas no tienen la capacidad para enfrentar, de manera individual, el fenómeno migratorio.
También está pendiente la revisión de discursos institucionales, que se legitiman a través de los grandes medios de comunicación, donde se expone a la población venezolana como usurpadora de derechos de la población colombiana y de ser responsables de la inseguridad en las ciudades.
En este sentido, es inaplazable revisar las metas y acciones operativas de las autoridades que pueden convertirse en argumentos de persecución de la población migrantes; acentuar la responsabilidad del sector privado en el deterioro de las condiciones laborales y en el aprovechamiento de las condiciones irregulares de la población migrante; o promover sentimientos e imaginarios de aceptación entre comunidades receptoras. Estas son, entre otras, estrategias que de ser implementadas nos llevarán a aplaudir y poner de ejemplo a Colombia en relación con la integración, desestigmatización y garantía de derechos de la población migrante, especialmente de la venezolana.
*María Acosta Vélez es investigadora senior de la Fundación Ideas para la Paz (FIP)
Por: Maria Acosta Vélez
