En un abrir y cerrar de ojos, las aguas del río Arauca —límite fronterizo entre Venezuela y Colombia— se convirtieron en una ruta caudalosa de escape de casi 5.000 personas desplazadas que huyeron de enfrentamientos armados en el estado Apure y se refugiaron en el municipio colombiano Arauquita.
El número de refugiados venezolanos y colombianos retornados aumentó exponencialmente durante ocho días en esta población fronteriza, donde autoridades del Gobierno nacional y agencias de cooperación internacional les brindan cobijo y asistencia humanitaria de emergencia. Pero, ¿cuál será el destino de estos desplazados? ¿Se sumarán a las cifras del éxodo migratorio venezolano continuando su tránsito hacia otras ciudades de Colombia o regresarán a sus comunidades en Venezuela?
Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, no se atreve a pronosticar un escenario próximo de retorno de estos desplazados, ya que para él “todo depende del cese del conflicto armado en el estado Apure, y esto parece cada día tomar más fuerza”.
Angustiado por los derechos humanos de los civiles, Tarazona notificó que este lunes ocurrió un nuevo ataque terrorista de las disidencias de las Farc-EP con su frente décimo contra un puesto de control de las fuerzas armadas venezolanas en el sector La Charca, del municipio Páez. “El conflicto armado sigue moviéndose a nuevas zonas del estado Apure”, advirtió el activista al Proyecto Migración Venezuela.
Las denuncias de represalias del Gobierno de Nicolás Maduro cometidas en contra de la población afectada llevan al coordinador de FundaRedes en el estado Apure, Juan Francisco García, a descartar cualquier intento de retorno de estas personas a territorio venezolano.
“Durante el fin de semana hubo una intención de crear un clima de normalidad a fin de provocar que los desplazados venezolanos volvieran a la población de La Victoria. En efecto algunos retornaron el sábado a Apure, pero fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana, los amenazaron y la gente se devolvió de nuevo a Arauquita”, denunció García.
Ante la magnitud del desplazamiento masivo a territorio colombiano, el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, alertó en días pasado que la ciudad de Arauquita estaba a punto de colapsar en temas de servicios públicos y de alcantarillado. “No tenemos la capacidad física para atender a esta población, por eso activamos las alarmas porque no se puede cubrir al 100% la población que está llegando”, dijo a medios nacionales.
Castillo recorrió uno de los albergues con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asis, y vio de cerca la zozobra de los refugiados en sus ojos. “La gente no quiere regresar, porque dicen que les han quemado sus casas y sus pertenencias en Venezuela, tenemos que prepararnos porque esta no es una situación de varios días”, advirtió con el temor de que el éxodo forzado se siga incrementando.
Por su parte, el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, afirmó este lunes que están abocados a revisar las necesidades de la emergencia con el Puesto de Mando Unificado, y gestionando recursos con las agencias internacionales, entidades del Gobierno nacional y el sector privado.
Gómez al igual que el ministro del interior, Daniel Palacios, quienes estuvieron en la reunión de seguridad en la zona el fin de semana, confían en que se disipen pronto los enfrentamientos entre militares venezolanos y grupos armados al margen de la Ley, para que las dinámicas de esta zona fronteriza vuelvan a la normalidad en ambos territorios.
“Nuestro compromiso es hacer atención humanitaria de emergencia, pero con vocación de retorno. Esperamos que las condiciones mejoren del otro lado de la frontera para que las personas puedan retornar a su lugar de origen”, puntualizó Gómez, designado por el Presidente Iván Duque para tratar la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Sin embargo, en un informe sobre el desplazamiento transfronterizo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ochoa) se refirió la posibilidad de que una parte de esta población refugiada continúe su tránsito migratorio, por lo cual alertó sobre el riesgo de reclutamiento forzado, especialmente en la población de hombres menores de 35 años provenientes de Venezuela debido a la presencia de Grupos Armados Organizados en los sitios de recepción de los desplazados. Por esta razón, las Naciones Unidas instan a garantizar la seguridad y apoyar con transporte humanitario para el traslado de quien lo requiera a otras ciudades de Colombia.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
