Sin importar su nacionalidad, a lo largo y ancho del suelo colombiano se deben respetar cada uno de los derechos de todas las personas que por diferentes razones se encuentran definida o indefinidamente en el país. 

Cualquier persona nacional o extranjera y sin importar su estatus migratorio, puede reclamar ante un juez de la República la protección de sus derechos fundamentales cuando hayan sido vulnerados o se sientan amenazados por parte de la autoridad, bien sea por acción o por omisión.

El derecho a la vida, a la igualdad, al reconocimiento y libre desarrollo a la personalidad jurídica, a la intimidad personal y familiar, a la libertad de conciencia, al culto y expresión y difusión del pensamiento y opinión, y a la honra, son los protegidos legalmente.

También, son protegidos el derecho al trabajo, a la educación, al debido proceso, al hábeas corpus, al derecho de petición, al asilo, a la paz, a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida, a la salud y al pago oportuno del salario. Asimismo, se protegen los derechos consagrados en convenios y tratados internacionales que conforman el Bloque Constitucional.

La presentación de una acción de tutela no tiene formalidad alguna, basta con explicar el derecho violado o amenazado, no requiere invocar la norma constitucional infringida, ni estar representado por un abogado. De ser posible, se debe identificar a la persona autora de la amenaza o agravio.

La acción de tutela se presenta ante los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza del derecho. En caso de que la persona afectada no tenga conocimiento claro del trámite, puede solicitar asesoría ante la Personería o Defensoría del Pueblo.

*Con información de la Cartilla los derechos humanos, mecanismo de acceso y protección de la inmigración, realizada por la Fundación Juntos Se Puede, con apoyo de Hanns Seidel Stiftung.

Por: Carlos Cañas @carlosarboleda6