La encuesta Pulso de la Migración del Dane revela que la población proveniente de Venezuela no tiene claro quiénes son los protagonistas de la justicia en Colombia y, según los expertos, están en mayor riesgo de vulneración de sus derechos.

La más reciente encuesta Pulso de la Migración, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), concebido para generar información que permita el diseño de políticas con base en evidencia, revela un preocupante panorama en torno al tema: el 44, 6 por ciento de los migrantes venezolanos consultados entre marzo y abril de este año no conoce a las entidades que administran justicia en  Colombia. El 47, 3 por ciento de las mujeres, y el 42 por ciento de los hombres reportaron no conocerlas.

Eso, en términos de administración de justicia para una población que necesita especial protección por su vulnerabilidad, resulta potencialmente peligroso, asegura al Proyecto Migración Venezuela  Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien, además sostiene que el riesgo para las personas venezolanas es doble.

«Por un lado, que no sepan como activar mecanismos jurídicos para la defensa de sus derechos, y por el otro, que no sepa cuáles son las instancias de las que pueden valerse, a efectos de proteger los mismos, es una circunstancia, desde todo punto de vista, inquietante».

Hernando Herrera, director ejecutivo Corporación Excelencia en la Justicia

En términos generales, la población venezolana en Colombia tiene poca confianza en esos actores de la justicia. Según la encuesta, de quienes afirman conocerla, solamente el 8 por ciento tiene confianza mientras que el 6,9 por ciento no confía.

Según el documento, quienes más declararon no conocer qué son la Fiscalía, los jueces y los magistrados son los jóvenes. El 49, 3 por ciento de quienes están entre los 15 y los 24 años no lo saben y por eso, según expertos, no tienen idea de cuál sería la ruta de acceso a justicia en caso de ser víctimas de delitos de alto impacto para personas de su edad, como la trata de personas, por ejemplo.

Según Hernando Herrera, cuando de por medio hay un hecho asociado al derecho penal, ese desconocimiento es más grave “si de lo que se trata es de que no existen esas garantías de conocimiento de a dónde denunciar un hecho ilícito, un delito, un hecho doloso; y sobre todo porque estas personas están en condiciones de vulnerabilidad y precariedad de su misma subsistencia”.

Ahora bien, la Encuesta revela otro tópico muy sensible: entre las personas venezolanas que están dispuestas a denunciar un crimen cometido en contra de ellos, el 45, 5 por ciento no conoce la Fiscalía, los jueces ni los magistrados; es decir, en caso de decidirse a hacerlo no sabrían cómo ni en dónde interponer un recurso judicial.

En ese sentido, el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia asegura que es necesario reforzar la pedagogía judicial entre las personas venezolanas para que conozcan las entidades de promoción y protección de los derechos como la Defensoría del Pueblo, las personerías o la Corte Constitucional.

“Lo ideal es que todo ese aparataje jurídico le brinde a cualquier habitante del país el acceso a una justicia pronta, eficiente: La herramienta de la educación legal, de la capacitación ciudadana es fundamental por medio de diferentes estrategias, tanto en clase en para los niños en los colegios, como en campañas publicitarias o en redes sociales para los adultos”, señala el jurista.

Por: Mario Villalobos @maritovillalobo