En Colombia el aborto está despenalizado en tres casos: cuando el embarazo es producto de una violación, constituye un riesgo para la salud integral de la madre o el feto presenta una malformación. Sin embargo, cientos de mujeres se ven forzadas a continuar con su embarazo aunque cumplan con alguna de estas condiciones. Por falta de información, fallas del sistema de salud y falta de recursos, entre otras barreras, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) resulta en muchos casos un privilegio en lugar de un derecho.

Por eso, La Mesa, un colectivo feminista fundado en 1998 que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, asesora y acompaña a las mujeres que quieren practicarse un aborto. Desde su creación han atendido a más de 1200 mujeres, la mayoría colombianas. Sin embargo, en el último año identificaron que aumentaba la demanda de consultas y asesorías de migrantes venezolanas, por lo que decidieron investigar las necesidades de esta población.

Luego de acompañar entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019 a 21 mujeres que buscaban acceder a un aborto, La Mesa, Oriéntame, Médicos del Mundo y Mujer Denuncia Muévete publicaron un informe en el que identificaron las barreras de acceso para las migrantes. Según las organizaciones, ellas enfrentan aún más obstáculos y violencias en este proceso.

Del total de las mujeres acompañadas, el 47.6 por ciento accedió al IVE mediante subsidio, el 19 por ciento lo hizo a través de la red pública, y en el 4.7 por ciento de los casos la mujer se automedicó. El 19 por ciento desistió debido a las barreras y del 9.5 por ciento no se conoce si logró acceder o no, pues las organizaciones no pudieron contactarlas nuevamente.

Estas son las historias de algunas mujeres que participaron en la investigación.
 

Aborto: solo si tienen PEP

No pocas mujeres han denunciado que en las IPS les exigen tener un estatus migratorio regular para atenderlas. Camila, una adolescente venezolana de 16 años víctima de abuso desde que tiene 12, se enteró de que podía interrumpir su embarazo en Colombia. Ella decidió acceder a este derecho, pues ya había quedado embarazada de su victimario y en un parto complicado perdió al bebé.

Según el informe, por “la dilación de la atención, justificada en que ella no acreditaba su estatus migratorio con permisos como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), y aun con la causal violencia sexual, Camila continuó con su embarazo”. Su hija falleció pocos días después del nacimiento.

Juliana Martínez, coordinadora de La Mesa, dijo que “la Corte Constitucional ha señalado que la población migrante debe ser atendida por urgencias, lo que incluye atención al embarazo e IVE, pues es un riesgo biológico que no da espera. Por eso, no debería importar su estatus migratorio”.

Algunos líderes de opinión y periodistas critican que el embarazo y el aborto se entiendan como urgencias pues implica un costo alto para el país. Sin embargo, esto desconoce que en Venezuela los métodos anticonceptivos más usados presentan  escasez de al menos 80 por ciento, según un informe de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Además, ignora que parte de la población ha migrado para escapar de la escasez y buscar mejores condiciones de vida.
 

Falta de información y miedo

Aunque el aborto está despenalizado en tres circunstancias, algunas mujeres no saben que tienen derecho a solicitarlo en los hospitales. Según el informe, este desconocimiento es común entre migrantes venezolanas, pues en su país la IVE solo está permitida cuando está en riesgo la vida de la madre.
 

Sandra, una mujer venezolana de 19 años dedicada al trabajo sexual desde que llegó a Colombia, quedó embarazada de un cliente y creía que la IVE también estaba penalizada en el país. Sandra consumió pastillas abortivas sin asesoría médica, pero dos semanas después se realizó otra prueba de embarazo que resultó positiva.

Ante una fiebre alta, Sandra decidió ir a urgencias. En el hospital le explicaron que el feto estaba muerto y que tenía alrededor de 16 semanas de gestación. Le hicieron un legrado, le suministraron antibióticos y la hospitalizaron por dos días, pero su matriz se vio comprometida. Como ella, decenas de mujeres colombianas y venezolanas deciden practicarse un aborto sin asesoría médica por miedo o falta de información.

 

Una cadena de derechos vulnerados

De acuerdo con el marco legal de Colombia, los agentes estatales deben acompañar a las mujeres que cumplan con alguno de los casos despenalizados de aborto, y deben respetar su intimidad, autodeterminación e integridad. Sin embargo, tanto las mujeres colombianas como las venezolanas enfrentan prejuicios, tabúes y presión de profesionales.

El informe rescata la historia de Milena, una venezolana que entró de forma irregular a Colombia. Por su estatus migratorio y el temor de que la deportaran no se acercó a ningún centro de salud al enterarse de su embarazo. Pero en una jornada de atención Milena confesó que tenía dudas de continuar con su gestación, pues ni siquiera tenía recursos para tener una vida digna y sabía que no podría mantener a su hijo.

Aunque los profesionales de salud debieron seguir la ley y presentarle las opciones que tenía -como la IVE, la adopción o tener al bebé-, el psicólogo de la IPS que la atendió la refirió de inmediato a controles prenatales, sin tener en cuenta la decisión manifestada de interrumpir el embarazo. Además, él realizó una llamada internacional a su familia para que la convencieran de continuar con su embarazo. Ante la presión, Milena desistió del procedimiento.

Juliana Martínez también recordó el caso de una mujer que se acercó a una organización que atendía a migrantes en la frontera. Ella quería interrumpir su embarazo porque afectaba su salud integral, pero los voluntarios de la organización le aconsejaron en términos religiosos, “cuando en ese momento deben recibir información veraz, laica y científica”, dijo Martínez.

Algunos profesionales de salud también fallan al evaluar una situación de violencia sexual. De acuerdo con el informe, existen muchos casos de mujeres que no denuncian la violencia sexual por miedo o porque no conocen las rutas para hacerlo. Incluso, cuando han denunciado el abuso en Venezuela, las autoridades colombianas no lo consideran válido y las mujeres no pueden continuar con el proceso.
 

¿Qué debe hacer el Gobierno para proteger a las mujeres migrantes?
 

De acuerdo con el informe, parte de las barreras tienen origen en los limitados recursos públicos que se destinan a la atención en salud de la población migrante. Por esto, las organizaciones recomiendan que los derechos sexuales y reproductivos hagan parte de una estrategia regional para atender a los migrantes, pues los efectos de esta vulneración no sólo afectan a Colombia.

Juliana Martínez dijo que otro punto importante es incluir elementos de salud sexual y reproductiva en la ruta migratoria, por donde transitan la mayoría de los ciudadanos venezolanos que llegan al país y donde reciben información de entidades oficiales. Además, afirmó que es necesario “flexibilizar los trámites de expedición de documentos migratorios, reconociendo las razones y condiciones por las cuales se produce la migración”.

A partir del informe, y de acuerdo con el análisis de otras organizaciones, las barreras de acceso a la IVE tienen consecuencias negativas a mediano y largo plazo para Colombia, ya que perpetúan ciclos de pobreza y violencia y pueden desembocar en más gastos para el Estado. “Sin una atención oportuna las entidades terminan incurriendo en mayores gastos porque se puede complicar el estado de salud de las mujeres y pueden profundizar su situación de vulnerabilidad”, concluyó Martínez.

                      Informe 

Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela