El Proyecto Migración Venezuela conversó con Heidy Arévalo, gerente de gestión del conocimiento World Vision, en el marco del lanzamiento del informe sobre la atención en protección a la niñez migrante venezolana no acompañada y separada.
¿Cuáles son los retos más urgentes que el Estado colombiano y las organizaciones humanitarias deben atender sobre los niños, niñas y adolescentes venezolanos que están llegando a Colombia en condiciones de vulnerabilidad?
Considerar unas medidas alternativas de protección, especialmente en casos de jóvenes adolescentes que no se acogen a las medidas de atención institucional que se tienen en el país, porque consideran que no responden a sus expectativas de vida, ni a su trayectoria. Incluso hay quienes consideran que al reintegrarlos al medio familiar en Venezuela significa un retroceso en sus proyecciones y planes de vida.
Esto implica, en el marco de la Ley de Infancia y Adolescencia llevar a cabo diálogos, por supuesto orientados por el ICBF y las organizaciones humanitarias para asegurar lineamientos técnicos que en efecto garanticen la protección integral y el interés superior de las niñas y los niños, como ha sido hasta ahora el compromiso del país.
Tras el diagnóstico que realizó World Vision sobre la niñez migrante venezolana no acompañada o separada en las rutas migratorias de Colombia, ¿qué hace falta por hacer para brindar soluciones a este fenómeno?
Un primer paso importante es el inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ya que ello era un cuello de botella a la hora de establecer un contacto con las redes familiares en Venezuela.
La segunda acción tiene que ver con la sensibilización y capacitación que se construye con las comunidades por donde transita la población migrante, para que al identificar casos de niñas y niños no acompañados sepan cómo activar las medidas de protección y la activación de rutas institucionales para ello.
Esto conlleva a un tercer punto y es el fortalecimiento de la articulación intersectorial e interinstitucional, pues se requiere del acuerdo entre instituciones del Estado, los organismos de ayuda humanitaria, las agencias de cooperación y por supuesto las instituciones de base comunitaria, para que la protección de la niñez migrante separada y no acompañada sea una garantía.
Si bien la atención humanitaria es importante para esta población migrante, ¿qué acciones se deberían implementar a largo plazo para lograr la integración, escolarización y acogida de estos niños, niñas y adolescentes en las comunidades receptoras?
Es preciso reconocer que este fenómeno migratorio, tan prolongado, va demarcando unas fases que determinan intervenciones basadas en una lógica de pertinencia, esto significa entender que el momento de la asistencia humanitaria de emergencia es necesario, así como la transición hacia la estabilización, especialmente con la población que tienen vocación de permanencia, con quienes el trabajo se orienta hacia la inclusión económica y social.
En estos casos el trabajo implica preparar a las instituciones que garantizan los procesos de inclusión como: las instituciones educativas, los centros de salud, las secretarías de desarrollo. De tal forma que se identifiquen los ajustes requeridos, en aras de que la inclusión responda a un enfoque diferencial y de acción sin daño.
La inclusión educativa de las niñas y los niños tiene un potencial altísimo en los procesos de estabilización, tanto de las comunidades de migrantes como de las comunidades de acogida, a la vez que potencian los factores protectores de la niñez y garantizan el restablecimiento de todas las acciones para su pleno desarrollo.
De allí que trabajar con la preparación de las escuelas, los docentes y las comunidades educativas en general sea una estrategia fundamental para la organización de la inclusión y el fortalecimiento de entornos de convivencia pacífica y segura.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
