Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas. En esta ocasión, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC), en alianza con el Proyecto Migración Venezuela, organizaron el conversatorio “Trata de personas: Retos en contextos migratorios”. El evento virtual contó con la participación de expertos de la OIM, UNODC, la Defensoría del Pueblo, el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata) y el Ministerio del Interior. El conversatorio tuvo el apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugio y Migración (PRM) y el proyecto Track 4 tip, ambos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Durante el conversatorio se discutió sobre la importancia de la prevención de este delito, que posiciona a Colombia en el tercer lugar de América Latina y que afecta en importante medida a personas migrantes quienes, dadas algunas condiciones, tales como los largos trayectos que realizan, la ruptura familiar, la falta de redes de apoyo y, en muchos casos, la condición irregular con la cual entran y permanecen en el país de destino, son más vulnerables ante este flagelo.
“La trata de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Atenta contra la dignidad, la integridad, la libertad y la autonomía de millones de mujeres, hombres, niños y niñas”, expresó en sus palabras de bienvenida Ana Durán, Jefe de Misión de la OIM en Colombia.
Águeda Marín, especialista Regional de Protección y Asistencia a Migrantes en la OIM, expresó que los tratantes se aprovechan fácilmente de la vulnerabilidad de la población migrante para hacer sus fechorías, lo que ha dejado 652 casos de trata de personas desde el 2013 en Colombia.
“Desde junio de 2013 a mayo 2020, se reportan 652 casos de trata, 82 por ciento de mujeres, 17 por ciento de hombres, y un 0,3 por ciento fueron personas con orientación sexual o identidad de género diversa”, explicó Marín, citando los datos del Observatorio de Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior.
En Colombia, ocurren en promedio 200 casos anuales, según datos de Migración Colombia. La mayoría de casos ocurren principalmente en los puntos fronterizos de Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Vichada y Nariño. Ciudades como Cartagena y Santa Marta también muestran un número importante de casos identificados.
Al respecto, Silvia Corzo, directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, indicó que el Estado colombiano tiene redes de atención en casos de trata en los 32 departamentos del país. Indicó además que han tenido resultados satisfactorios con el Centro Operativo Antitrata, para hacer seguimiento a las rutas nacionales de protección y asistencia.
Las cifras sobre casos de trata de personas presentadas por el Gobierno nacional suponen niveles más elevados que en otros países de Latinoamérica. “Antes de la crisis sanitaria por la covid-19, el reporte oficial que se tiene es absolutamente preocupante. La Cancillería colombiana habló de alrededor de 214 casos identificados de 2015 a 2019. Son más altos en comparación con otros países”, expresó durante su participación Felipe Vernaza, defensor delegado para la Población en Movilidad Humana, de la Defensoría del Pueblo.
“No solamente se identifican personas víctimas en zonas fronterizas, también en el centro del país. En Bogotá, Medellín, Cali, que son ciudades receptoras, se han logrado identificar, con mucho trabajo, estos casos”, agregó Vernaza.
La emergencia sanitaria por la covid-19 también ha contribuido a que estas organizaciones criminales que operan en el país hayan incrementado su actividad en la medida en que también aumentó la vulnerabilidad de los migrantes, quienes en una proporción importante -cercana al 90 por ciento según cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela-, se desempeñaban en trabajos informales y se quedaron sin medios de vida. Carlos Pérez Gallego, oficial de prevención del delito y justicia penal de la Sección contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de UNODC en Viena, expresó que desde esta organización han hecho grandes esfuerzos para frenar este delito en conjunto con el apoyo de los Estados.
“La pandemia ha significado un cambio en las formas de operar de las organizaciones dedicadas a la trata de personas, pero también en la respuesta que dan los Estados”, indicó Carlos Pérez.
Sobre los efectos de la pandemia, Marín expresó que se ha agudizado el tema por el incremento de las necesidades. “La trata de personas es una pandemia en sí misma, no solo ocurre en Colombia. Estamos en una pandemia sobre otra, la diferencia es que la trata no tiene un apellido como la covid-19, ni un año, ya que es histórica”, argumentó la experta Águeda Marín.
Otra de las personas invitadas fue Beatriz Luna, miembro del capítulo Colombia del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata), quien indicó que la trata de personas germina en las regiones más pobres donde las necesidades son mayores y hay poco acceso a la educación. Comentó que es necesario tener en cuenta a la sociedad civil para identificar estos casos y para atender a las víctimas.
“La única forma de lograr un abordaje holístico a la trata de personas es que trabajemos unidos. Desde la academia, la sociedad civil, el Gobierno, los organismos internacionales y, con un actor muy importante, el sector empresarial”, puntualizó Luna.
Otro de los temas abordados tuvo que ver con el accionar de las autoridades, que durante el primer semestre del año reportaron 59 casos, el 47 por ciento de los casos de los que se tiene registro en 2019. Eso demuestra, según el panel, que la respuesta institucional ha seguido dándose, aún en pandemia.
Algunos de los retos para Colombia y la región mencionados por los expertos hacen referencia a la necesidad de coordinación bilateral y multilateral entre países para combatir la trata de personas, dado que es un fenómeno transfronterizo. Otros retos mencionados son el fortalecimiento de los sistemas de información sobre trata de personas en América Latina, no solo con el fin de tomar decisiones basadas en evidencia sino también para prevenir este delito, y la lucha frontal contra la impunidad de este delito fortaleciendo y optimizando los procesos de investigación y judicialización.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
