En medio de una pandemia global que ha cambiado las prioridades de los gobernantes, las alcaldías en todo el país están próximas a presentar ante los concejos municipales sus planes de desarrollo. Estas hojas de ruta permiten vislumbrar las apuestas de los alcaldes y dan luces de lo que viene para los territorios.
El Proyecto Migración Venezuela les puso la lupa a las cinco principales capitales del país para analizar cómo están atendiendo a la población migrante actualmente y cómo se proponen incluirla en sus planes y políticas. Si bien el coronavirus ha hecho que los procesos de aprobación de los planes de desarrollo se vean truncados y que algunas de las apuestas y proyectos sean replanteados, esto es lo que hay hasta el momento.
Barranquilla se la juega por regularizar
En Barranquilla, antes de que se decretara la emergencia sanitaria, la Alcaldía tuvo mesas de trabajo con representantes de la población venezolana para establecer mecanismos de atención en el Plan de Desarrollo.
Foto: Juan Viloria
La principal apuesta de la capital del Atlántico es el Centro de Integración Local para Migrantes, con el que buscan facilitarles los procesos de regularización a los ciudadanos extranjeros en la ciudad. En este lugar cuentan con apoyo constante de las agencias de Naciones Unidas, la Cruz Roja y las diferentes dependencias de la Alcaldía para entregar soluciones al migrante que requiere cupos en educación, atención en salud y acceso a los programas de gestión social.
“Este espacio ha sido muy importante para que los migrantes sepan a dónde deben ir, pues hay personal preparado para entregarles información certera y una guía oportuna de qué deben hacer para regularizar su situación”, dice Clemente Fajardo, secretario de Gobierno de la ciudad.
Con esto, la administración le apuesta a que cada vez más ciudadanos venezolanos logren un estatus migratorio regular, conscientes del desconocimiento generalizado que hay sobre los documentos legales. “En la medida en que esta población siga en situación irregular, existen vulnerabilidades como que les paguen por debajo de la mesa, que no puedan obtener capital semilla para montar negocios o no puedan acceder a capacitaciones. Por eso trabajamos tanto en la regularización, para que accedan al resto de servicios que brinda la ciudad”, explica el funcionario.
Una de las preocupaciones de las organizaciones de venezolanos en la ciudad es que muchos niños se encuentran desescolarizados o en situación de mendicidad. Para atender esta situación, el secretario Fajardo explicó que con la primera dama de Barranquilla están trabajando en un programa para rescatar a los niños que están en situación de calle y, de esta manera, ayudarles a los padres a que tengan tiempo para buscar oportunidades. Además, aseguró que hoy están atendiendo a casi 10 mil niños venezolanos en el sistema de educación y en el Plan de Desarrollo contemplan aumentar la aulas para permitir el ingreso de todos los menores que se encuentran en la ciudad.
Otros temas que dejan de presente tanto las organizaciones como el funcionario son la necesidad de revisar los asentamientos humanos de desarrollo incompleto —más conocidos como invasiones—, así como acelerar los procesos del SISBEN y la convalidación de títulos de educación superior. El representante de la organización Venezolanos en Barranquilla, Juan Viloria, pide que haya jornadas masivas de sisbenización, mientras que Fajardo le pide al Gobierno nacional que se agilice la convalidación: “tenemos profesionales que les servirían mucho a diferentes sectores productivos y que hoy no pueden ejercer su profesión simplemente porque no han homologado”.
Medellín: la prioridad es la inclusión laboral
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se reunió en varias ocasiones durantes los primeros meses del año con ciudadanos venezolanos para discutir cómo serán incluidos en el plan.
Foto: Alcaldía de Medellín
La capital paisa cuenta con el 123 Social, que ha sido un ejemplo para el país. Es la línea donde atienden todas las emergencias humanitarias y sociales. Las personas migrantes que se encuentran en una situación de extrema vulneración pueden llamar y la administración llega con ayuda y atención psicosocial. “Tenemos un albergue municipal donde llegan las personas que tienen una emergencia, indistintamente si son colombianas o venezolanas; brindamos paquetes alimentarios y algunas organizaciones tienen ayudas de arriendo temporal”, dice Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión Social de la ciudad.
Esta atención humanitaria, sin embargo, carece de un punto de información municipal para los migrantes, una falencia en la que ya se está trabajando. Según Gómez, la Administración está gestionando un lugar para abrir un punto de atención en el centro de la ciudad y otro en El Poblado, donde muchos venezolanos se reúnen en condición de mendicidad. “Queremos un espacio en el que podamos mostrar todas las opciones que tenemos desde la Alcaldía, pero también desde las organizaciones de cooperación. Así conseguiremos un mayor orden en las ofertas y asesorarlos mejor”, dice la secretaria, convencida de que esto permitirá conseguir más dineros de cooperación para atender a la población migrante y de acogida.
Toni Vitola, de la Colonia de Venezolanos en Medellín, reconoce la buena voluntad de la administración y asegura que en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo se han tenido en cuenta las voces de la población venezolana. Esta inclusión se ve reflejada en el hecho de que el Plan contempla a los migrantes de manera transversal: salud, educación, trabajo, etc. “Queremos atenderlos integralmente e incluirlos como se hace con la población vulnerable de Medellín. El único punto diferente para población migrante es la asesoría para conseguir los permisos especiales de permanencia o de formalización”, explica Gómez.
Por otra parte, Vitola pide que se tengan mejores rutas para la población que quiere emprender algún negocio en la ciudad, pues actualmente las trabas son múltiples. Al respecto, la funcionaria explicó que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se está trabajando en opciones de emprendimiento tanto para ciudadanos de Medellín como para migrantes regulares. Además, resaltó la oferta de la Escuela para la Inclusión, donde enseñan artes y oficios, y crean vínculos con empresarios que requieran esta fuerza laboral. “La idea es, en últimas, ayudarlos a que se inserten laboralmente y con esto puedan suplir sus necesidades”, enfatizó la secretaria.
Cali: atención sí, estímulo para más migrantes no
Funcionarios de la Alcaldía de Cali registran a ciudadanos venezolanos que armaron cambuches a las afuera del terminal de transporte. Tras el registro los trasladaron a un albergue.
Foto: Jorge Eliécer Castellanos
Con 62.414 venezolanos a diciembre de 2019, Cali es la quinta ciudad con más concentración de migrantes en el país. Si bien los perfiles migratorios son diversos, la ciudad tiene unas dinámicas especiales que invitan a reflexionar sobre la atención humanitaria y la integración social. Desde noviembre del año pasado se han venido instalando diversos asentamientos de población migrante en condiciones vulnerables en espacios públicos. Este tipo de situaciones han prendido las alarmas de las autoridades y propiciado algunos brotes de xenofobia.
En enero de 2019, el entonces alcalde Maurice Armitage conformó el Comité Local de Atención a la Población Migrante, cuyo objetivo es la articulación de la Alcaldía con agencias de cooperación para atender las necesidades de este grupo. Siguiendo esta línea, la administración actual de Jorge Iván Ospina inició la ruta migratoria diseñada para la reubicación de migrantes asentados cerca de la terminal de transportes de la ciudad. Durante un mes y medio construyó un plan que buscaba no solamente la recuperación del espacio público, sino también la atención humanitaria a esta población que llevaba más de tres meses viviendo en carpas, sin servicios públicos y expuestos a diversas enfermedades como el dengue.
El proceso de reubicación duró cerca de cinco horas y alcanzó a más de 450 personas. Quienes expresaron intenciones de querer regresar a su país o tener un destino diferente a Cali se les identificó con una manilla verde y recibieron transporte con recursos de la Alcaldía. Los menores no acompañados fueron llevados a albergues certificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por último, a quienes tenían intención de quedarse en la ciudad se les identificó con una manilla roja y fueron llevados a un albergue de la Arquidiócesis de Cali, donde la Secretaría de Salud les realizó un tamizaje para revisar el estado en que se encontraban. También les expusieron la oferta institucional en temas de educación, empleo y derechos humanos.
Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social, afirmó que el seguimiento de esta ruta depende en gran medida de la cooperación internacional. “Este proceso permitió la caracterización de las personas que se quedan, para que inicien procesos con los cooperantes internacionales que pueden apoyarlos con diferentes iniciativas o programas”, dice la funcionaria, quien aseguró que desde su entidad solo les brindaron un número telefónico para que se contacten de ser necesario.
Si bien esta fue una estrategia de atención humanitaria inmediata, la situación de los migrantes en Cali va mucho más allá. La necesidad de incluir a esta población en políticas públicas es inminente y el Plan de Desarrollo no da muchas luces de esto. El director de Planeación de la ciudad, Roy Alejandro Barreras, explicó que si bien se les prestará acompañamiento a los nuevos migrantes, no se incluirán programas de permanencia para no “estimular” la llegada de más personas a la ciudad. “En el Plan tenemos unas metas en lo que tiene que ver con personas atendidas a través de los planes de orientación y atención a la población migrante. Vamos a brindar ese acompañamiento en servicios básicos, pero no queremos estimular una mayor migración”, dijo.
Según Barreras, actualmente la administración presta servicios de asistencia humanitaria, apoyo psicosocial y asesoría jurídica en lo que tiene que ver con regularización del estatus migratorio; así como atención en salud en casos de emergencia y el acceso de niños sin importar su nacionalidad al sistema educativo. Sin embargo, en este panorama incierto a futuro, a la discusión han llegado propuestas como la del concejal Roberto Ortiz, quien planteó la creación de un barrio solamente para los venezolanos en la ciudad. Esta fue rechazada tajantemente por Barreras, para quien el urbanismo del Siglo XXI debe buscar una ciudad integrada, incluyente y participativa. “Queremos fortalecer las relaciones y el tejido social, que haya espacios que permitan la construcción de comunidad y la integración”, concluye Barreras. Una afirmación que contrasta con la ausencia de un albergue público y la intención de reducir la llegada de migrantes a la ciudad.
Bucaramanga: cojea la atención humanitaria
En el Plan de Desarrollo de Bucaramanga están contemplando si la administración debería abrir un refugio o albergue público.
Foto: Joselyn Osorio/Alcaldía de Bucaramanga
El caso de Bucaramanga es particular porque es una de las ciudades de tránsito para gran parte de los migrantes que están caminando hasta su lugar de destino. Esto le impone a la capital de Santander un reto mayor, pues no solo debe atender a quienes tienen intención de quedarse, sino a los caminantes que dejarán la ciudad. Estos últimos por lo general están en condiciones de salud y nutrición deterioradas, debido a que para llegar hasta allí han caminado cientos de kilómetros y atravesado el Páramo de Berlín, un trayecto agreste y peligroso en muchos sentidos.
Por esto, al revisar las rutas de atención de la ciudad surgen dos grandes preocupaciones: la administración no cuenta con un albergue para atender a la población vulnerable que no tiene donde hospedarse ni ha contemplado estrategias de transporte humanitario que reduzcan los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en el páramo. Sobre esto, la secretaria de Desarrollo Social, Natalia Durán, aseveró que no tienen programas de transporte pues no pueden salirse de su jurisdicción ni tienen recursos para atender esta situación. Durán explica que ante esa imposibilidad para actuar, están trabajando con agencias de cooperación para poner en evidencia la situación y buscar soluciones.
Sobre el refugio, la secretaria anunció que en la formulación del Plan de Desarrollo están evaluando cuál es la mejor alternativa. “Más allá de la asistencia humanitaria, estamos buscando que el Plan de Desarrollo tenga un enfoque diferencial que nos permita abordar en los diferentes programas que tiene el municipio atenciones a la población migrante”, aseveró.
Esas acciones exclusivas para los migrantes pueden ser muy importantes para su integración económica en la ciudad. Por ejemplo, la administración se ha propuesto empezar un trabajo pedagógico en el municipio para que más personas conozcan los permisos especiales de permanencia y lograr que se vinculen laboralmente. “Estamos haciendo una articulación con el Ministerio de Trabajo, las agencias internacionales y las empresas vinculadas a la ANDI de Santander para que conozcan los procesos y contraten a más migrantes venezolanos”, dijo la funcionaria.
El otro gran reto de la ciudad, como dice María Eugenia Bonilla, directora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es la xenofobia. En los últimos meses ha habido casos de discriminación, incluso por parte de funcionarios públicos. La buena noticia es que el actual alcalde, Juan Carlos Cárdenas, durante su campaña mostró un discurso que favorece la inclusión y ahora desde la administración ha empezado a tejer alianzas con universidades para desarrollar campañas contra la xenofobia. Esto será muy importante para que los servicios que está prestando la ciudad en salud, educación y alimentación a los migrantes no sean mal recibidos por las comunidades locales. “Desde el 2017 hasta septiembre de 2019 realizamos 100.883 atenciones en salud a más de 11.487 usuarios provenientes de Venezuela y lo seguiremos haciendo, así como hemos vinculado a más de 4.500 estudiantes provenientes de Venezuela a nuestros servicios educativos”, expresó la secretaria.
Bogotá quiere atenderlos a todos
En Bogot{a con la estrategia OIR (Orientar, Identificar y Referenciar) buscan la regularización de los ciudadanos venezolanos en Colombia.
Foto: Diana Sánchez/Secretaría de Integración
La capital del país es el territorio con mayor número de migrantes venezolanos. Las cifras de Migración Colombia muestran que en la ciudad hay cerca de 350 mil, lo que significa que recibe casi una cuarta parte del total del país. La mayoría de ellos tiene vocación de permanencia, por lo que deben pensarse de otra forma las estrategias de abordaje.
Actualmente, desde la Secretaría de Integración Social cuentan con servicios sociales que brindan ayuda humanitaria, atención psicosocial y asesoría jurídica. Para esto disponen del Centro Itinerante de Atención al Migrante (CIAM), que está ubicado en la localidad de Teusaquillo; el SuperCADE social, que está ubicado en la Terminal de Transporte y busca que quienes lleguen por allí puedan tener inmediatamente información adecuada y redireccionamiento a programas sociales; así como la Casa Rosada y las 16 subdirecciones locales con que cuenta esta entidad.
En los servicios de salud solo están atendiendo a quienes se encuentren en condición migratoria regular y estén vinculados al sistema de salud; así como a los menores de edad y madres gestantes, cumpliendo la disposición del Gobierno nacional. Este estrategia se une a la atención que les están brindando a los niños y adolescentes en edad escolar, a quienes han vinculado a los jardines infantiles y colegios públicos de la ciudad.
“Tenemos una estrategia para reducir el riesgo de menores en mendicidad. Mientras sus padres están haciendo diligencias y trabajos, también atendemos cerca de 90 niños en el Centro Abrazar, que está ubicado en la Plaza de Mercado del 12 de octubre”, dice Miguel Ángel Barriga, director territorial de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.
En cuanto al plan de desarrollo para este cuatrienio, la alcaldesa Claudia López se ha propuesto atender al 100 por ciento de las personas derivadas de flujos migratorios. Para esto, dice Barriga, diseñarán un documento que permita ayudarlos en su regularización, vincularlos a las cadenas productivas de la ciudad y trabajar con comunidades de acogida para que la integración se dé de manera armónica. “Tendremos campañas contra la xenofobia y la aporofobia. Queremos que los venezolanos puedan trabajar, cotizar al sistema de seguridad social y sentirse incluidos en la sociedad”, concluye el funcionario.
El panorama muestra que en términos generales las cinco principales capitales del país están pensando en la población migrante a la hora de diseñar sus planes de desarrollo, algo que las pasadas administraciones no hicieron y que generó dificultades en las finanzas estatales y en la prestación de servicios públicos. En algunas ciudades falta que se tenga en cuenta a esta población para la discusión de los planes y que se pongan metas claras de inclusión.
Como la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en el país están con un estatus migratorio irregular, las alcaldías deberían ponerse el objetivo de ayudar en la regularización de quienes así lo deseen, de manera que puedan integrarse más fácilmente a la vida productiva, acceder a los servicios del Estado, reducir su vulnerabilidad y contribuir con las finanzas públicas por la vía de los impuestos. En ese punto estará el éxito de la integración en los próximos cuatro años
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
