La Corte revisó el caso de un menor migrante, bajo custodia del Icbf, a quien se le deben proteger sus derechos, y exhortó al  Congreso a aprobar una ley para otorgar  la nacionalidad  a menores  venezolanos en situación de abandono en el país.  

La Sala Constitucional ordenó que se otorgue la nacionalidad colombiana por adopción a un niño venezolano de cinco años, acogido en una casa hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) desde hace más de dos años, sin que haya sido posible ubicar a sus familiares y culminar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. 

La decisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, resolvió la acción de tutela presentada por una Defensora de Familia del Icbf a favor de un niño de nacionalidad venezolana y decidió amparar los derechos fundamentales a la vida digna, a la protección integral, a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y al amor, a la personalidad jurídica y a la igualdad del niño.

Asimismo, la Corte ordenó extender la fórmula jurídica adoptada en esta providencia para que se beneficie a toda la población de menores de edad de origen venezolano, migrantes irregulares y en situación de abandono probado que acrediten como mínimo un año de domicilio permanente y continuo en Colombia, para efectos exclusivos de que se les tramite la nacionalidad colombiana por adopción.

El máximo tribunal exhortó al Presidente de la República a implementar todos los mecanismos y esfuerzos que sean requeridos para la apertura de los canales necesarios para promover la búsqueda de la familia extensa que se encuentra en el exterior de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en situación de abandono en territorio colombiano, y (determinar las posibilidades y las condiciones de su retorno al país de origen.

Finalmente, la Corte instó al Congreso de la República de Colombia para que, en el marco de sus competencias constitucionales, expida una ley que adicione la Ley 43 de 1993, en relación con la nacionalidad de las niñas, niños y adolescentes venezolanos en situación de abandono.