Un estudio de cohesión social de la ruta de Bogotá – Ipiales indicó los riesgos y las barreras que encuentran los migrantes y refugiados venezolanos durante el tránsito migratorio de Colombia hacia Ecuador, Perú o Chile.
Una realidad devastadora han encontrado en Colombia los caminantes venezolanos que huyen de la crisis económica y social de su país. La vulnerabilidad a la que están expuestos los migrantes los hace caer en manos de organizaciones criminales que se movilizan en la ruta Cali- Ipiales. Esto ha aumentado los casos de ciudadanos venezolanos de diferentes edades a que sean víctimas de trata de personas, de trabajos forzados en zonas de cultivos ilícitos y de explotación sexual.
Así lo asegura el Informe de cohesión social y articulación en la ruta Bogotá – Ipiales, realizado por la Fundación Juntos Se Puede en una alianza con la Gerencia de Fronteras. En este documento se visibilizan las necesidades de protección internacional a ciudadanos de nacionalidad venezolana que, caminando, realizan la ruta desde Bogotá hasta Ipiales, Nariño en búsqueda de mejores oportunidades.
Como un punto alarmante, el informe advierte que las organizaciones criminales han aprovechado la falta de presencia de organismos de seguridad y cooperación internacional de las zonas menos pobladas de las vías que unen a los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, para captar a los caminantes venezolanos con ofertas de empleo falsas que presentan como una oportunidad de tener remuneraciones económicas elevadas, por lo que resultan altamente atractivas para ellos.
En la zona cafetera y el sur de Colombia, han sido poblaciones históricamente marcadas por la presencia de grupos delincuenciales, otro de los hallazgos de esta investigación indican que en el paso entre Ibagué- Armenia- Cali existen bandas criminales denominadas ‘los hinchas’ que se acercan a los camiones de carga pesada que usan los caminantes Venezolanos, para robarles sus pocas pertenencias.
Asimismo, se reportó que ha crecido el control por parte del grupo delincuencial denominado ‘Tren de Aragua’. Según el informe, se pudo constatar el control de este grupo en trochas de pasos fronterizos de ciudades como Cali, Armenia, Ibagué y Pereira.
Según explicó Ana Karina García, presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, los hallazgos fueron encontrados a partir de una investigación de dos fases. La primera se realizó en un recorrido de cinco días Bogotá hacia el eje cafetero. Según cifras de Migración Colombia, al 31 de enero de 2021, la cantidad de venezolanos en esta zona era la siguiente: Tolima: 1.471, Quindío: 8.751, Risaralda: 20.133 y Caldas: 7.187.
La segunda fase fue realizada por seis días, desde Cali hasta Ipiales. Aunque los departamentos de Cauca y Nariño suelen ser corredores de tránsito para los migrantes venezolanos que se dirigen a otros países como Ecuador, Perú y Chile, las cifras oficiales de Migración Colombia indican que en el departamento de Nariño hay más de 14.523 personas con vocación de permanencia, especialmente viviendo en los municipios Pasto e Ipiales.
En esas dos fases realizaron visitas a diferentes actores de la sociedad civil, de cooperación internacional, a gobiernos locales e instituciones públicas, que intervienen de diversas formas en el tema migratorio venezolano. Todo esto para conocer las limitaciones y la realidad de algunos asentamientos irregulares en estos lugares.
Durante el recorrido por esta ruta de Bogotá a Ipiales se realizó la entrega de material informativo con temas de interés para los ciudadanos caminantes: mapa de la ruta, líneas de atención e información, cómo obtener el Permiso de Protección Temporal.
Otros de los hallazgos que más resaltan en esta investigación es que hay un desconocimiento del Estatuto Temporal de Permanencia en la región. Reportaron que no solo la población migrante venezolana desconoce la forma de inscribirse al ETPV, sino que los gobiernos municipales y organismos de cooperación manifestaron que el proceso de inscripción no es claro y que la información que ha llegado a territorios es muy escasa.
Y, de acuerdo a la consulta que realizó esta organización civil a alcaldes, directores, secretarios de gobiernos y diversos funcionarios de organismos municipales, departamentales y ONG ‘s, se evidenció que los recursos para la atención de la población con necesidades de protección internacional son escasos y que su distribución no es eficiente. Esto, comparándolo con la gran demanda de la región.
Explica García que en ese punto es importante tener en cuenta que los actores a los que se les consultó para el estudio coinciden en que las cifras existentes son menores a la realidad. Significa que no existe un registro exacto del número de migrantes que recorren estos territorios y también se desconoce el número exacto de migrantes y refugiados que residen en cada municipio.
Esta situación se debe a varias razones como el porcentaje de personas que no posee pasaporte ni cédula de identidad venezolana. El porcentaje que no se ha podido acercar a los puntos migratorios, quienes usan los pasos irregulares o trochas y más.
En el estudio también se descubrieron novedades que sorprendieron a los investigadores. Se identificó que Colombia también es usada como tránsito para llegar Centroamérica y finalmente EE.UU. La ruta que estos ciudadanos toman es de Medellín al puerto de Necoclí y de allí directo a su ruta rumbo a Panamá para trabajar y tener dinero para atravesar Centroamérica y llegar por vía terrestre a EE.UU.
Para concluir, otra de las problemáticas expuestas en este estudio fue la falta de atención en el departamento del Cauca y, especialmente en la ciudad de Popayán que presentó el escenario más complejo en este estudio donde se reportó que, de acuerdo a información proporcionada por la secretaría de Gobierno de la Alcaldía, no existe algún tipo de programa específico para realizar un apoyo a estos caminantes del vecino país. Lo que ha aumentado los índices de mendicidad y, en general, la crisis del sistema de salud. Dada la escasez de oportunidades de empleo en esta ciudad, los migrantes venezolanos pueden ser captados por organizaciones criminales para actos ilícitos y violentos.
Por: Nahomi Ruiz Moreno @Nahomiruizm