Informe de la ONG reveló grave situación humanitaria, en parte promovida por EEUU y sus restricciones de acceso de migrantes.

Por Redacción Colprensa

Este año el Clan del Golfo habría obtenido 57 millones de dólares producto del cobro a los migrantes que cruzan el Tapón del Darién, estimó un informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) sobre la migración en la región, divulgado este jueves por la ONG de derechos humanos afincada en Washington. 
 
“El ejército colombiano calcula que el Clan obtiene en promedio 125 dólares por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es correcta, el grupo armado pudo haber obtenido un total de 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023 debido su control sobre la ruta migratoria, en parte por las políticas migratorias restrictivas que llevan a migrantes y solicitantes de asilo a cruzar el Tapón del Darién”. 
 
Así lo señaló el informe titulado “‘Este infierno era mi única opción’: Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, el primero de una serie de reportes elaborados por HRW sobre migración regional. 
 
La cifra es solo una de las tantas aristas de un problema serio y profundo producto de la migración en América Latina y el foco de una investigación hecha por HRW en la que sostuvo que las restricciones impulsadas por Washington, a lo largo de los países de tránsito de los migrantes para llegar a las puertas de ese país genera una cadena de violaciones a los derechos humanos, que tienen su mayor expresión en el Darién. 
 
“El informe sugiere que las restricciones de movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por el gobierno de Estados Unidos, han contribuido junto con un aumento de la migración desde América del Sur hacia Estados Unidos a un fuerte incremento en el número de personas que cruzan el Tapón del Darién”, detalló en uno de sus apartes. 
 
De acuerdo con el reporte de la ONG, este año más de medio millón de personas cruzó a pie la frontera entre Colombia y Panamá, un lugar inhóspito y selvático que además de los riesgos propios de esas condiciones naturales está cercado por la violencia de pandillas y criminales que acechan a los migrantes. 
 
“Criminales y delincuentes abusan de los migrantes y solicitantes de asilo cuando cruzan las numerosas rutas que atraviesan la selva, especialmente en el lado panameño. Cometen de forma rutinaria robos, abusos y violaciones sexuales. La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asistido a 950 personas, la mayoría mujeres, que reportaron violencia sexual al cruzar el Tapón del Darién desde abril de 2021”. 
 
Detalló el informe basado en entrevistas a cerca de 300 personas, a lo largo de cuatro viajes que realizó la ONG al Tapón del Darién, entre abril de 2022 y junio de este año. 
 
En esas travesías no solo habló con migrantes, también se entrevistó con “trabajadores humanitarios, autoridades colombianas y panameñas y expertos en migración de toda la región”. 
 
Ese trabajo en campo le permitió establecer que los migrantes son en su mayoría venezolanos, haitianos y ecuatorianos, así como personas de lugares remotos como Asia y África, que huyen de la miseria, la violencia y la persecución. 
 
“Más de 440.000 venezolanos han cruzado el Tapón del Darién desde enero de 2022, la cifra más alta entre todas las nacionalidades. Huyen de una grave emergencia humanitaria, que ha limitado el acceso a alimentos y medicinas, y de abusos y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad, grupos armados y pandillas”, destacó el informe. 

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Frente a las posibles salidas a esta situación, HRW propuso que los gobiernos de tránsito “deberían poner en marcha un régimen de protección temporal para toda la región que conceda a los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable”. 
 
“También deberían garantizar que la imposición de visados no impida en la práctica el acceso al refugio y no fuerce a las personas a recurrir a caminos peligrosos, incluyendo el Tapón del Darién”, mientras que Estados Unidos debería hacer una inversión económica en toda la región para frenar la migración, ayudar a estas personas y desestimar el actual panorama. 
 
Para Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, “los migrantes y solicitantes de asilo tienen derecho a poder movilizarse de forma segura y digna” y “todos tienen derecho a condiciones básicas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”.