Felipe Vernaza, defensor del Pueblo delegado para la Movilidad Humana, habló con el Proyecto Migración Venezuela sobre cómo se están garantizando los derechos de los migrantes venezolanos durante la emergencia sanitaria por el covid-19.
 

Proyecto Migración Venezuela: ¿Cuál es la situación de la población migrante venezolana durante la emergencia sanitara?

Felipe Vernaza: Una persona migrante, no importa si tiene una condición migratoria irregular, no es ilegal. Los diferentes gobiernos territoriales y el Gobierno nacional han tomado debidamente la contingencia con las fases de preparación, contención, atención y mitigación del covid-19. Sin embargo, no siempre se contemplan repuestas a la situación de la población migrante que no están regulares. Los mismo migrantes tienen el temor de pedir la atención por un miedo a la deportación o que no tengan acceso a ciertos derechos. Y aunque no hay una política pública migrante, la misma Constitución es garantista. En el artículo 100 dice que el país garantizará los mismos derechos civiles a cualquier ciudadano extranjero. Ahí empezamos a tener grandes dificultades porque no hay acciones de respuesta para toda la población migrante.

PMV: ¿Cómo se ha dado la atención en salud a esta población durante la pandemia?

F.V: Se ha evidenciado, por el mismo miedo de la población, grandes situaciones de xenofobia completamente reprochables contra la población venezolana que está tratando de acceder a un servicio de salud. Ese discurso de que los venezolanos les están quitando las camas de los hospitales a los colombianos es errado. Aquí no hay que echar culpas sino buscar soluciones para poder brindarles garantías a todos, porque si no atendemos a unos durante la pandemia el virus se puede propagar más y generar mayores problemas para todos.

Hemos tenido algunas quejas y solicitudes de personas venezolanas que no han podido acceder a servicios de salud, pero hemos logrado solucionarlos de manera muy efectiva con las autoridades. Desde que llegó el coronavirus nos han llegado alrededor de 300 quejas. Seguramente son más, pero esas son las que nos han llegado por medio de los canales que tiene la Defensoría.
 

PMV: ¿Cómo está trabajando la Defensoría para evitar los desalojos que se han presentado y que han afectado especialmente a la población venezolana?

F.V: Es un tema muy preocupante. Probablemente ha sido el disparador de por qué muchas personas han tomado la decisión de regresar a su país. Ha sido muy difícil hacer seguimiento a los “paga diarios”. No se están respetando las determinaciones del Gobierno, donde pide que no se generen estos procesos de desalojo y nosotros muchas veces nos enteramos cuando ya han ocurrido. Estamos apoyando en lo que podemos, pues tenemos muy reducido el personal. Nosotros no podemos hacer obligaciones a personas privadas, entonces nos movemos con la Policía y las alcaldías para lograr un diálogo con los arrendadores. Queremos que entiendan que es una dinámica que podría agravar más la situación. Las autoridades han sido receptivas, el trabajo ahora es con la consciencia de la población.
 

PMV: En las últimas semanas escuchamos algunos discursos por parte de autoridades que dividían a los colombianos y a los venezolanos en la atención que iban a prestar. ¿Esto vulnera los derechos humanos de los migrantes?

F.V: Yo quisiera pensar que los alcaldes en el momento de tratar de atender al mayor número posible hacen estos pronunciamientos en medio del desespero sin pensar bien. Los alcaldes deben entender que ellos son los primeros respondientes y está en sus obligaciones atender a todas las personas que están en sus territorios, sean nacionales o extranjeros. El pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá de pronto no fue con mala intención, pero sí hemos tenido pronunciamientos muy desafortunados de alcaldes de diferentes partes del país, que han sido xenofóbicos. Esta es una invitación para que los alcaldes revisen sus funciones, la norma y que atiendan a la población migrante. Sabemos las dificultades presupuestales, pero deben incluirlos.
 

PMV: ¿Cuál es la situación de los migrantes venezolanos que están intentando retornar a su país a raíz de la emergencia sanitaria?

F.V.: Ante los últimos acontecimientos, tanto del covid-19 como las políticas dadas por el Gobierno nacional para el aislamiento obligatorio, muchos migrantes venezolanos que vivían del día a día y del rebusque tienen una gran afectación. Esto ha generado una necesidad por parte de muchos de los migrantes de regresar a su país. Quiero dejar claro que si los migrantes venezolanos van a retornar deben hacerlo porque es su voluntad. No podemos permitir que algunas autoridades traten de manipular esto para que la gente regrese presionándolos. Esto afectaría contra el principio de no devolución, que es uno de los principios internacionales que Colombia defiende. Es muy importante que las autoridades sepan que a las personas no se les puede presionar para el proceso de retorno. 

La preocupación con las personas que han estado llegando a los puntos fronterizos es que, aunque se han empezado a establecer protocolos de atención, no se han activado como tal los lugares de aislamiento y verificación del lado colombiano. Se está tratando de mantener un control específico pero uno encuentra gran población migrante en las calles desesperados y tratando de regresar a su país, además no se logra coordinar con las autoridades un proceso de verificación, limpieza y aislamiento. 

PMV: Hemos escuchado de los problemas en la frontera para el retorno de los venezolanos. ¿Qué está sucediendo? ¿Se están respetando los derechos de los migrantes en este proceso?

F.V: Pareciese que para muchos alcaldes es más fácil pagar un bus, subir a la gente y enviarlos a la frontera. Pero aquí no hacen otra cosa que generar un problema a los puntos fronterizos, pues si llega tanta gente no alcanzan a pasar en el mismo día y obligan al municipio fronterizo a buscar garantías que sobrepasan sus capacidades. Además, cuando llegan tantas personas en un mismo momento también se sobrepasan las capacidades de Venezuela y por eso han hecho varios cierres temporales de frontera. Podemos tener las buenas voluntades de llevar a los venezolanos hasta el punto fronterizo, pero si Venezuela por su capacidad de atención o cualquier otra situación no recibe a la población, terminamos generando una mayor vulneración.

Se ha buscado y se ha logrado exitosamente con muchos de los alcaldes que se realice un diálogo constante con Migración Colombia, la gerencia de frontera y las gobernaciones de los departamentos fronterizos para que, si se hacen los esfuerzos de pagar un bus, sepan que van a poder pasar a Venezuela y evitar represamientos.
 

PMV: ¿La respuesta de cerrar las fronteras por parte de Colombia es respetuosa de los derechos humanos? ¿Qué debe hacer el país si más personas empiezan a sobrepasar las fronteras por puntos informales para entrar a Colombia?

F.V: Aunque se han tomado medidas para contener la emergencia sanitaria, no siempre se ha pensado en la población migrante. El cierre de fronteras es una medida de contingencia, pero hay que entender que las fronteras de Colombia son absolutamente porosas. Cerrar los pasos formales no va a evitar que pasen personas. En cambio, establecer protocolos de control, de corredores humanitarios, podría ayudar a identificar si hay personas enfermas y de esta manera evitar el contagio. Es preferible identificarlos a que pasen sin ningún control. De pronto en los países de Europa cerrar una frontera es efectivo, pero en Colombia puede ser incluso más peligroso. Las zonas de frontera deben tener lugares de aislamiento. Se ha avanzado en documentos pero no se han montado.
 

Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela