Si María Andrea* hubiese sabido lo que le ocurriría al cruzar el río Arauca, que separa a Venezuela de Colombia, jamás habría salido de su natal Acarigua, en el estado Portuguesa (Venezuela).
Esta madre soltera de 25 años había enfrentado el hambre, la inseguridad y la difícil situación económica que vive Venezuela. Circunstancias que, según la ONU, desde el 2015 han llevado a que más de cinco millones de venezolanos abandonen su país en busca de mejores oportunidades. María Andrea no fue la excepción. Movida por la angustia de conseguir alimentos para sus hijos, decidió partir hacia Arauca, uno de los tres puntos más críticos de Colombia para la migración venezolana.
Fue así como en 2019 María Andrea dejó a su hijo de seis años al cuidado de su abuelo en Venezuela y llegó a Arauca en compañía de Yendismar, su otra hija de cuatro años, y en espera de un tercer bebé.
Pese a que en principio tuvo dificultades para encontrar un trabajo y sobrevivir, tras dar a luz su situación empezó a mejorar. Pero en una noche del 2020, mientras trabajaba en una cantina de esta ciudad de los llanos colombianos, asegura haber sido drogada por uno de los clientes del lugar.
El agresor no ha sido identificado por las autoridades, pero la versión de María Andrea es clara: en contra de su voluntad, este sujeto la subió en una motocicleta y la condujo hasta un lugar alejado, cerca al río Arauca. Allí, narra María Andrea, la encerró en una casa abandonada, la amarró, la violó y la amenazó de muerte para evitar que denunciara.
“Yo no sé qué fue lo que ese señor me echó y me quedé dormida. Pero al otro día, me desperté en esa casa con la puerta a medio cerrar, sola, desnuda y moreteada. Por el miedo que le tenía, porque yo no sabía quién era y me tenía amenazada, yo no le dije nada a nadie”, dice María Andrea.
Desde el principio de la pandemia, organizaciones de derechos humanos advirtieron un marcado incremento en la violencia basada en género. En Colombia, esta ‘pandemia en la sombra’, como fue descrita en su momento por la ONU, afectó a las mujeres colombianas pero también a la población migrante. En específico, en lo que respecta a la violencia sexual, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), “entre enero y septiembre de 2020 hubo un incremento del 16% (123 casos) en los reportes por violencia sexual en población migrante respecto al mismo periodo de 2019”.
Adicional al incremento en el número de casos, se encontró que la vivienda fue el espacio donde ocurrieron la mayoría de agresiones sexuales contra migrantes / Observatorio Proyecto Migración Venezuela
Para Beatriz Palacios, directora de Mujer y Equidad de Género en la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca, la violencia sexual es una de las que más afecta a las mujeres migrantes, que no solo son estigmatizadas y abusadas sino que además, desde su llegada a Colombia por las trochas y rutas clandestinas por el río Arauca, son altamente vulnerables a delitos sexuales tanto en manos de quienes las obligan a tener sexo para pagar el paso, como de las redes de trata de personas en las que son captadas con fines de explotación sexual.
Según las estadísticas de la línea de violencia de género de esta misma dependencia, de los 930 casos notificados como sospechosos de violencia de género en todo el departamento durante el 2020, 196 correspondieron a denuncias por violencia sexual en contra de mujeres migrantes venezolanas. Es decir, el 21 por ciento de todos los casos, pese a que los 44.851 migrantes que residen en este departamento solo representan el 18 por ciento de la población.
Y lo que es peor es que, de acuerdo con Palacios, estas cifras no muestran del todo la gravedad de los delitos sexuales en contra de las migrantes, pues como ocurre en el resto del país sigue habiendo un gran subregistro y un temor de las víctimas a denunciar.
Pero en Arauca, adicional a estos factores, el subregistro es acentuado por dos causas. La primera es la participación en este tipo de delitos de miembros de los grupos armados ilegales presentes en esta zona del país, que intimidan a las víctimas e imponen su Ley. Y la segunda es el desconocimiento de las migrantes sobre sus derechos sin importar su estatus migratorio, sostiene Gloría Patricia Vergara, directora técnica de la ONG Apoyar, dedicada a la prevención y atención de las violencias basadas en género en esta región.
“Las mujeres migrantes suelen tener muy normalizadas las violencias y, como consecuencia, no siempre se reconocen como sujetos de derechos. Además, tampoco tienen claros los derechos que tienen como migrantes y en muchas ocasiones tienen desconfianza en las autoridades porque vienen de un territorio en el que no confiaban en la institucionalidad”, sostiene Vergara, quien además lamenta las ocasiones en que las instituciones les ponen trabas cuando ellas deciden denunciar.
«En el marco de la emergencia migratoria, todas las atenciones de violencia de género, en particular de violencia sexual, deberían incluir sí o sí formación en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres»
Gloria Patricia Vergara
directora técnica ONG Apoyar
En el departamento de Arauca, la vulnerabilidad de las migrantes a ser víctimas de delitos sexuales se ve agudizada por las redes de trata con fines de explotación sexual presentes en esa zona del país. FOTO: Miguel Gallezo
Precisamente, en el caso de María Andrea fue esa desconfianza hacia las autoridades la que durante meses evitó que denunciara a su violador, quien, de acuerdo con esta sobreviviente, después de la agresión sexual, al encontrársela en las calles de Arauca, la asediaba y acosaba repetidamente con el propósito de intimidarla.
“El señor me tenía perseguida. No podía verme porque me baboseaba y se me pegaba por detrás. Yo había invadido un pedazo de tierra ahí en El Recreo y me tocó tumbar el ranchito porque el señor me llegaba allá y a mí me daba miedo que le fuera a hacer lo mismo a mis hijas”, cuenta María Andrea que, luego de ver a este sujeto como un riesgo para sus niñas, en diciembre de 2020 decidió interponer la denuncia formalmente ante la Fiscalía.
Tras la denuncia, María Andrea ha recibido acompañamiento psicológico en varias ocasiones. Sin embargo, sostiene que la sensación de temor siempre la acompaña y no se siente tranquila con dejar a sus hijas solas para ir a trabajar. Por eso, dice que requiere de mayores ayudas para alimentar a sus niñas, salir de las calles y para sobrellevar el trauma de lo sucedido.
Gloria Vergara señala que, pese a que existe un marco legal robusto, no siempre se cumple a cabalidad la atención a las víctimas de violencia sexual, especialmente en el acceso a la justicia o el restablecimiento de derechos. “El marco legal no tiene un correlato y no se operativiza ni se aterriza en el territorio, en donde los funcionarios que atienden los casos de violencias basadas en género todavía tienen una noción muy patriarcal y de naturalizar la violencia”.
Por su parte, la directora de Mujer y Equidad de Género del departamento reconoce que aún es necesario adelantar campañas pedagógicas para acercar a las migrantes a las instituciones y darles confianza en que denuncien. “Nosotros lo que hacemos es difundir las rutas de atención, entregar plegables para que ellas denuncien y sepan que no están solas”, recalcó la funcionaria.
Por ahora, Maria Andrea está viviendo en un albergue de la organización Apoyar, donde recibe atención psicológica. A pesar de lo sucedido y aunque no tiene un lugar permanente para vivir, Maria Andrea dice que regresar a Venezuela no es una opción, pues no concibe la idea de volver a ver a sus hijas aguantar hambre.
*Se modificó la identidad para proteger la privacidad de la sobreviviente.
Por: Laura Cristancho @Lauracamila_cc
