Más de 1.000 venezolanos han sido desalojados de sus viviendas arrendadas en Bogotá en lo que va de julio, según denunció Ana Karina García, presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, quien explicó que la decisión de los arrendadores o dueños de los predios obedece a la terminación del decreto 093 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá el pasado 25 de marzo, que prohibía el desalojo de migrantes durante el aislamiento obligatorio.
García le dijo al Proyecto Migración Venezuela que, como consecuencia, aumentó dramáticamente la recepción que hace esa organización de denuncias de lo mismo: el lanzamiento de familias enteras a la calle.
En ese sentido, aseguró la presidenta, también se incrementó el flujo de familias venezolanas —muchas de ellas con niños y ancianos— caminando por la Autopista Norte con dirección a la frontera con Venezuela en Cúcuta.
El decreto en mención, en su artículo 6, señala textualmente: “El prestador de servicios de vivienda que corresponden a menos de treinta (30) días, según lo previsto en el Decreto 2590 de 2009, se abstendrá de desalojar al usuario en condición de vulnerabilidad por el no pago del hospedaje, durante el término del aislamiento preventivo obligatorio”.
En ese momento, el ministro de Vivienda Jonathan Malagón había declarado: “Durante la cuarentena, y hasta dos meses después, queda prohibido el desalojo de cualquier familia colombiana por moras en los arriendos. Quedan congelados los cánones de arriendo, los arrendatarios no los podrán aumentar durante la emergencia económica”.
Y aunque la Fundación Juntos Se Puede ha ayudado a algunas familias con donaciones recolectadas, García dice que no dan abasto. “Hemos priorizado los casos más urgentes: niños, mujeres embarazadas y adultos mayores”, dice. La organización, que ya puso en conocimiento las denuncias en la Personería de Bogotá, advierte que muchos de esos procedimientos son irregulares. “Varios desalojos han sido ejecutados por la Policía sin una orden judicial, en especial en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme”, asegura la presidenta.
Por la Autopista Norte se vio el pasado viernes una fila de venezolanos desalojados.
Ante la gravedad de la situación, García reiteró la importancia de decretar medidas que atiendan a la población migrante mientras dure la pandemia, entendiendo que la mayoría paga el valor del arriendo con el trabajo diario. “La población migrante no tiene cultura de ahorro ni tampoco la posibilidad de ahorrar, pues ganan muy poco: entre 30 mil y 35 mil pesos al día. Se gastan 20 mil en el pagadiario y el resto en comida”, argumentó.
En cuanto a las ayudas para las personas afectadas, la presidenta de Juntos Se Puede resaltó la disposición del Gobierno nacional pero la ausencia del gobierno local. Por ejemplo, han intentado comunicarse con el Centro de Atención a Migrantes de Bogotá, CIAM, y no les contestan las llamadas. Por eso, está buscando generar conciencia a nivel nacional y local para tomar medidas en contra del desalojo para evitar los retornos masivos de migrantes.
García mencionó que es necesario un plan para atender a la población migrante, en especial en los temas de arriendos. Muchos de los migrantes no conocen la existencia de albergues o de los cupos de habitación estipulados por organizaciones como OIM o ACNUR. Otros, no conocen las rutas de acceso ni los protocolos para acceder a tales beneficios. “No solo hacemos una crítica. También nos involucramos porque debemos construir de la mano con todos los actores”, concluyó.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
